Jesús Mendoza Zaragoza

Los acuerdos de Cacahuatepec

La ley y la razón se están imponiendo, poco a poco, en el tratamiento del conflicto generado por el proyecto hidroeléctrico de La Parota en las inmediaciones del río Papagayo. La firma de estos acuerdos entre el Gobierno del Estado y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), es una muestra de una manera civilizada y razonable de abordar este tema que ha desgastado tanto a las comunidades campesinas afectadas como a las autoridades.
En primer lugar, es justo reconocer el mérito de ambas partes. El Cecop ha mantenido una resistencia ejemplar en los nueve años de oposición a la construcción de la presa y ha adquirido experiencia y madurez para manejar su lucha de una manera no violenta y apegada al derecho. La lucha social de esta organización campesina ha sido una verdadera escuela de ciudadanía y de construcción de la paz y ha mostrado a otros sectores de la sociedad lo que significa la responsabilidad social para lograr soluciones de fondo a los problemas.
En segundo lugar, hay que reconocer la actitud del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha mostrado, en este caso, una capacidad de escucha, de atención y de respuesta ante demandas de los pueblos. Es de esperarse que mantenga la misma actitud ante otras demandas, como las relacionadas con los proyectos mineros que no cuentan con el consentimiento de los pueblos afectados. Poner como sustento para esta decisión los derechos humanos de los pueblos es un acierto que contribuye a la paz y a la solución de los rezagos ancestrales que se padecen en la región.
Hay que tener en claro que la firma de estos acuerdos no significa la solución de fondo al conflicto generado por La Parota. Es tan solo un paso, calculado por los campesinos que quieren llegar hasta la definitiva cancelación de la construcción de la presa. Significa que el gobierno estatal no estará respaldando un proyecto impuesto a la fuerza y que gestionará el contacto con el Ejecutivo federal para que los campesinos se hagan escuchar, puesto que la presa corresponde a una iniciativa de expansión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una paraestatal dependiente del gobierno federal.
Otro significado de la firma de estos acuerdos es que desde el gobierno estatal se reconoce públicamente que la gestión realizada por la CFE, respaldada por los gobiernos estatales anteriores, y operada por personajes y grupos afines, se ha conducido al margen de la ley y contra los derechos humanos de los pueblos afectados. En estos nueve años la confrontación ha sido generada por ilegalidades, irregularidades y mala fe de los promotores de la presa que con el cuento del desarrollo esconden los negocios que quieren hacer a costa de las tierras que no les pertenecen.
Esta firma manifiesta que los esfuerzos de los campesinos afectados, que han sido acompañados por organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos, ha contado con un talante moral que se ha impuesto ante las mentiras y las trampas de los promotores de la presa que han mantenido siempre una visión mercantilista e inmoral del desarrollo, que no consideran responsablemente las consecuencias ambientales y sociales del proyecto.
Precisamente, el modelo de desarrollo neoliberal impuesto a la fuerza a través de este tipo de proyectos, ha sido puesto en tela de juicio ya que son como la medicina alopática que cura una enfermedad y causa otra más dañina. Los campesinos siempre han dicho que están a favor del desarrollo siempre y cuando incluya los intereses de los pobres y cuide del medio ambiente. Pero un desarrollo depredador y excluyente no puede ser aceptable ni desde la perspectiva moral, ni social, ni ambiental.
Lo que viene ahora es decisivo. Si los campesinos han acumulado un capital ético, una conciencia social y ambiental y la capacidad de organización que es respetada y respetable, tendrán que empeñar todo el aprendizaje forjado en la lucha, para continuar gestionando sus intereses y sus derechos. Es cierto que no se avizoran tiempos favorables desde los diversos ámbitos. Es sabido que la exigencia de megapresas en América Latina corresponde a imposiciones del capital internacional que no tiene miramientos ante los derechos humanos de los pueblos, y es sabido que muchas de las decisiones económicas del gobierno federal están forzadas por los intereses de las trasnacionales, lo que no cuadra con los intereses de nuestros pueblos. Y, por otra parte, desde el ámbito político no se esperan buenos tiempos para las luchas sociales que tendrán que aprender a resistir a pesar de todo.
Los derechos humanos de los pueblos son poco reconocidos y menos respetados por nuestros gobiernos. Los comuneros de Cacahuatepec nos están dando una lección: las adversidades suelen ser ocasiones propicias para avanzar en la defensa de estos derechos que no han sido asimilados aún en la sociedad. Una batalla ganada no da la victoria pero sí abre horizontes para avanzar hacia una sociedad más justa.