Ordena la Junta a la UAG pagar salarios caídos a 27 trabajadores; temen que intente eludir su responsabilidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dictaminó un laudo en contra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que la obliga a pagar salarios caídos a 27 trabajadores por cuatro años, y cubrir parte de la pensión que dejaron de recibir porque se inscribieron en un programa de retiro voluntario, informaron los beneficiados en conferencia de prensa.
A nombre del grupo, Alejandro Hernández Arroyo informó que el jueves de la semana pasada la JLCA emitió el laudo condenatorio a la UAG y la notificó el viernes, pero temen que la institución solicite un amparo para eludir su responsabilidad, como lo hizo durante el juicio, que se presentó en diciembre de 2008.
El ex docente de la escuela de Ciencias Sociales aclaró que el monto del laudo no está determinado aún, porque las cantidades se van modificando por el tiempo que transcurre, pero en el momento en que la UAG los acepte, estarán en condiciones de hacer los cálculos; adelantó que son cifras considerables y la institución “que siempre tiene problemas financieros”, deberá recurrir al gobierno del estado o a la federación para cumplir este compromiso.
Estimó en 50 por ciento las prestaciones que los trabajadores en retiro dejaron de recibir en cuatro años, y las cantidades varían entre ellos, porque en la demanda participan intendentes y docentes.
Hernández Arroyo recordó que en esos años, a fin de sanear sus finanzas, la UAG promovió una modalidad no ordinaria para el retiro de los trabajadores, que parecía muy generosa; normalmente la universidad otorgaba al retiro 15 días por año de servicio, pero en el programa ofreció la liquidación por despido injustificado, con las más altas prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, y el pago inmediato.
Sin embargo, denunció que cuando acudieron a hacer sus trámites de jubilación ante el ISSSTE se enteraron de que no se les estaba reconocimiento la antigüedad real y algunos tuvieron acceso a la mitad de la pensión, 52.5 por ciento. Es decir, la UAG los relegó del reconocimiento de la antigüedad real que se realizo en 1992, y los retiró con su salario base, no con el sueldo integrado (a prestaciones y deducciones) que les da acceso a una jubilación digna.
Pero con este laudo, subrayó que la JLCA condena a la UAG a liquidar a los 27 trabajadores con salario integrado, incorporando el pago del 100 por ciento de la antigüedad ante el ISSSTE. Añadió que el contrato prevé que si la UAG no paga la antigüedad real, entonces asume la responsabilidad de pagar la pensión, incluso, dijo que así se establece en el contrato colectivo de trabajo.
Asimismo, informó que se condenó a la UAG a dar de alta en la nómina, desde 2008 a los 27 trabajadores, para que puedan disfrutar al 100 por ciento su jubilación.
El docente aseguró que antes de tener este laudo, se hicieron muchos esfuerzos de conciliación; “nuestros planteamientos eran moderados para no afectar a la UAG y que nosotros no resultáramos  tan afectados, pero no fue posible”, pero ahora advirtió que la resolución modifica su posición y cuanto más se resista la UAG, seguirá creciendo el monto de la deuda.
“En otro momento decían que no teníamos razón y nosotros le apostamos a las instituciones, para que las instancias decidan, y dictaminaron que la UAG está condenada a dar cumplimiento a todas nuestras peticiones”.
Añadió que es muy riesgoso para algunos de sus compañeros seguir esperando la conclusión de este conflicto, porque tienen problemas de salud, y si se sigue retrasando no van a poder disfrutar lo que trabajaron tantos años.  A partir del viernes 17 de agosto, la UAG tiene 15 días hábiles para responder a este laudo.
Informó que hay otros juicios similares de trabajadores que demandaron a la UAG, pero en uno con siete años en litigio, la JLCA se declaró incompetente; los pensionados se ampararon para insistir en su demanda, “el detalle es que tenían menos tiempo de antigüedad en el ISSSTE, allá no les alcanzaron los años para una pensión mínima”.