Alientan nueve ONG a la Corte a establecer jurisprudencia contra el fuero militar

Nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos manifestaron su beneplácito por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena remitir el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas a la justicia civil.
En su fallo emitido el martes, la SCJN declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado fuero de guerra en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles, indican las organizaciones en un boletín.
Agregan que “esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el  procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad”.
Las organizaciones expresan que “la demanda de limitar el fuero militar ha sido una exigencia histórica del movimiento de derechos humanos en México, por la que muchas víctimas y organizaciones han trabajado. Ejemplo de ello, son las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y los campesinos ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García) en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), se pronunció por el carácter excepcional y restrictivo del fuero militar respecto de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos contra la disciplina castrense”.
Agregan que precisamente, fue con base en estas sentencias, que el martes, la SCJN  confirmó el amparo otorgado por un juez de Distrito a los familiares del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, oriundo de La Montaña de Guerrero, ejecutado en un retén militar en 2009.
En su comunicado, las nueve organizaciones expresan: “La resolución adoptada por la SCJN implica que el expediente será turnado a un juez federal en materia penal ajeno al ámbito castrense, y que sea esta autoridad la que decida si convalida lo actuado por la justicia militar. Así, la resolución abre la puerta para que por primera vez los familiares de la víctima puedan coadyuvar con  instancias competentes e imparciales. En esa medida, constituye un indudable reconocimiento a la determinación y a la perseverancia de la familia Rubio Villegas y de las víctimas que ayer y hoy han alzado la voz contra los abusos castrenses”.
Reiteran que “a partir de este fallo, si la SCJN reitera lo decidido en otros cuatro juicios de amparo podrá crear jurisprudencia que obligue a todos los tribunales del Poder Judicial, lo que resulta necesario en vista de que subsisten reticencias a acatar el carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Esto podría suceder en los próximos días, ya que hay 27  juicios en lista, de los cuales la mayoría involucra la impugnación del citado artículo del Código de Justicia Militar”.
Las organizaciones nacionales firmantes son la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 71 organizaciones en 21 estados de la República; Instituto para la Seguridad y la Democracia; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equis Justicia para las Mujeres.
Las organizaciones internacionales que suscriben ese documento son el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS, Asociadas por lo Justo; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las nueve organizaciones manifiesta: “alentamos a la SCJN a que establezca jurisprudencia compatible con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano e instamos a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial Federal para que hagan efectiva su competencia en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por militares contra civiles, a efecto de que los abusos militares –hoy en constante aumento– no queden en la impunidad.
“Igualmente, debemos recordar que en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana se ordenó reformar el Código de Justicia Militar, deber que ha sido incumplido por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por ello, exhortamos al Congreso de la Unión para que lleve a cabo el proceso de modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de que sea armónico con estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos”. (Redacción).