Jorge Camacho Peñaloza

Magistrados y consejeros

Al igual que la voluntad particular actúa sin cesar contra la voluntad general, el gobierno se esfuerza continuamente contra la soberanía. Rousseau

Lo que está pasando entre algunos de los integrantes del Instituto Estatal Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado en el sentido de que quieren pasar de ser consejeros a magistrados y de magistrados a consejeros es una muestra de cómo a veces algunos servidores públicos, afortunadamente no todos, hacen todo lo posible, fuera de toda ética y respeto a la ley, por pasar por encima de ésta y del interés público sus intereses privados.
No hay justificación ni sustento, en ese intento de pasar de un órgano electoral a otro y esos servidores públicos están violando el artículo 92 fracción Novena de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el 110 de la Constitución del Estado de Guerrero. El primero establece: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los Representantes de Elección Popular, a los miembros del Poder Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado, Consejeros Electorales y demás servidores del Instituto Electoral del Estado; a los servidores, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, en el cual de manera específica se incluyeron los servidores de los órganos electorales en la reforma del 28 de diciembre de 2007.
En tanto el artículo 92 fracción Novena de la Ley electoral establece como uno de los requisitos para ser consejero electoral “No desempeñar cargo de servidor público con mando medio o superior federal, estatal o municipal ni de los poderes legislativo y judicial federal o estatal, al menos que se separe del cargo un año antes del día de la designación”.
Por tanto los magistrados que se registraron como aspirantes a consejeros electorales están impedidos por la ley. En el caso de los consejeros no hay impedimento legal en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, pero sí moral en tanto que, como es bien sabido, su llegada al entonces Consejo Estatal Electoral hace ocho años fue a propuesta de los partidos PRI y PRD, es decir con una clara filiación partidista alejada de la cualidad ciudadana autónoma e independiente de los partidos.
En ese sentido, ahí sí la ley es clara, pues el artículo 18 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del tribunal electoral señala que los aspirantes a magistrados no deben haber “desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal o Municipal en algún partido político, en los últimos diez años anteriores al nombramiento” y “No haber sido registrado como candidato a cargo de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la designación”; es decir no deben haber sido postulados a cargo de elección popular.
Además de una clara violación a la ley por parte de esos servidores públicos y de una actitud poco ética en su intento de pasar de un órgano a otro, esta situación es anti política y anti democrática, porque se hacen del poder y las instituciones de manera autoritaria con acuerdos en lo oscurito y cierran el acceso a la política a la verdadera ciudadanía.
Lo grave es que esta situación es avalada y respaldada por varios de los actuales diputados locales que están a punto de terminar su periodo principalmente del PRD, partido al cual algunos consejeros y magistrados pretenden entregarle cinco diputaciones plurinominales que por ley no les corresponden a cambio de facilitarles su brinco del Instituto al Tribunal Electoral y viceversa.
Ese tipo de servidores públicos y representantes populares son los que le han hecho mucho daño a Guerrero anteponiendo sus intereses a la ley y el interés público y general del estado, son por los que las instituciones y la ley no funcionan en beneficio de la sociedad, para quienes la cosa pública y el gobierno son un botín, y la política privilegios personales.
Afortunadamente no son todos, por eso destacan entre otros buenos servidores públicos, además la sociedad, los medios de comunicación y las instituciones jurisdiccionales se están encargando de evidenciarlos.

Vuela vuela palomita: Y ve y dile a esos del Instituto y Tribunal Electoral que se quieren burlar de la ley que ya estamos preparados para ir a impugnar al tribunal electoral federal.