Tlachinollan

Sociedad amenazada

El respeto a la CRAC-PC es la paz en la Costa-Montaña.
Toda nuestra solidaridad con Éric Chavelas y Miguel Ángel Moran por su valor y compromiso para mantenernos informados.

El poder de facto que ejercen los grupos delincuenciales es una  amenaza real para la paz pública, que deja en evidencia la incapacidad de los gobiernos para hacer valer el Estado de derecho. La descomposición de las instituciones públicas está tocando fondo como lo muestra la reciente agresión a balazos que perpetraron varios policías federales contra dos integrantes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y un oficial de la Marina, el pasado viernes 24 de agosto en la carretera que va de México a Cuernavaca, a la altura de Tres Marías. Nadie escapa a la brutalidad con la que han actuado las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas  que se han encargado de instrumentar la fallida estrategia bélica contra las organizaciones criminales, impuesta por el presidente de la República.
Los records fatídicos que está alcanzando el gobierno de Aguirre Rivero con el número de ejecuciones diarias que oscila entre 5 a 10 personas, en su mayoría jóvenes y últimamente mujeres, nos indican el rotundo fracaso de las fuerzas del orden que han sucumbido al poderío mostrado por el crimen organizado. El programa Guerrero Seguro ha sacudido el avispero de los grupos delincuenciales, quienes con suma facilidad se desplazan a plazas alternas donde tienen la oportunidad de ampliar su control territorial y sus  negocios ilícitos. El gobierno del estado ha sacado sus mejores cartas para combatir a la delincuencia y no ha entregado resultados satisfactorios para la sociedad guerrerense. Le ha apostado todo al Ejército y a la Marina otorgándolea recursos económicos, equipo, vehículos y el respaldo político para minar el poder de la delincuencia y disputar las plazas más cotizadas, sin embargo, en lugar de debilitarla ésta se ha robustecido.
Hemos llegado a una realidad insólita; en nuestro estado no hay un municipio que esté libre de violencia y de las pugnas que existen entre grupos antagónicos que buscan imponer su hegemonía criminal. En las comunidades y municipios la población sabe quiénes ejercen el poder de facto, de su capacidad de persuasión y de la colusión con las fuerzas del orden. Su poder devastador no reconoce a ninguna autoridad y más bien ha descubierto una gran veta entre los poderes públicos para imponer su ley y supeditar a las mismas autoridades a su lógica criminal.
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de un gobierno que está en franca descomposición y que no muestra oficio político para asumir  una postura firme para imponer el orden y contener la violencia? Las señales que vemos en este fin de sexenio son fatídicas; la guerra contra las drogas ha fortalecido y expandido el poder del crimen organizado, mientras que las autoridades federales no solo se han desdibujado, sino que han caído en la debacle y el desprestigio por la crisis de seguridad que las mismas fuerzas represivas del Estado han propiciado por sus pésimas actuaciones. El sistema de procuración de justicia ha sucumbido ante los poderes facticos, los ciudadanos y ciudadanas le han perdido la confianza al órgano investigador por sus corruptelas, falta de profesionalismo y ausencia de resultados. Las autoridades están muy lejos de la realidad que lacera y carcome la vida de los ciudadanos y ciudadanas, que no solo están angustiados por los estragos de la inseguridad, sino por el desquiciamiento económico; la lucha por la sobrevivencia y la amenaza de un futuro incierto. El sentimiento de orfandad y de vulnerabilidad extrema está haciendo estragos en la vida familiar y comunitaria; se están rompiendo las redes de la solidaridad y de las luchas para resistir y confrontar a los poderes  facticos y espurios.
La fractura política que vivimos en el país a causa de unas elecciones que fueron compradas por las mafias políticas coludidas con las elites económicas (donde se han amasado fortunas con dinero de dudosa procedencia) nos presagia una amenaza mayor por lo que puede significar el encumbramiento a la Presidencia de la República de un candidato, que desde el origen de la construcción de la imagen que forjó, siempre arrastró la cola del dinosaurio experto en realizar fraudes y operaciones ilícitas. La polarización que se ha profundizado nos coloca en posiciones irreconciliables que pueden alentar posiciones duras y radicales, por el hartazgo y la imposición a ultranza. No obstante esto,  entre las elites políticas, incluyendo la izquierda partidista, hay una tendencia a reconocer el triunfo de Enrique Peña Nieto, para entrar a una desvergonzada componenda que les permita acceder al círculo de los privilegiados y  recibir las  bendiciones del nuevo ungido.
En este pacto diabólico entre los grupos de poder es claro que se firmarán compromisos pendientes para afianzar el modelo económico neoliberal como las llamadas reformas estructurales orientadas a privatizar nuestro sistema energético, la seguridad social y los sistemas de salud y educación. Continuarán los grupos empresariales empujando para que se haga realidad la reforma hacendaria que proteja las ganancias de los grandes empresarios y desangre el precario ingreso de la clase trabajadora. Junto a esta apuesta regresiva en el régimen fiscal también está en la agenda la reforma laboral que busca cancelar las grandes conquistas de los trabajadores y acabar con los contratos colectivos, suplantándolos con la contratación de servicios externos proporcionados por otras empresas que prescinden de la planta laboral.
Cada día se hace más evidente que quienes representan a las instituciones y a los poderes públicos se han erigido como parte de las amenazas que atentan contra la voluntad de la población pobre que lucha por la democratización del país y sienta las bases para acabar con la inequidad, la injusticia, el engaño y el fraude. Los funcionarios han cerrado filas y afinado sus estrategias para mantener intacto este sistema de partidos que le viene bien a los grandes emporios multinacionales, que necesitan de leyes e instituciones que se encarguen de proteger los derechos de las empresas.
En nuestro estado la situación es alarmante por la violencia que va aparejada con la impunidad y la corrupción. La gente se ha resignado a vivir dentro de un ambiente de inseguridad y a tener que buscar la autoprotección y la autodefensa, porque sabe que en estos negocios están metidos los que se encargan de velar por la seguridad pública y de investigar los delitos. La población se está acostumbrando a vivir en el desgobierno, y a defender con sus propias manos lo poco que aún posee.
El encarecimiento brusco de los productos básicos como la tortilla y el huevo ha colocado a la población en un punto crítico, que preludia una catástrofe social, a causa de la violación masiva del derecho a la alimentación, a la salud y a la educación. A los sectores más vulnerables de Guerrero se le violan los más elementales derechos: los niños y niñas, cuyos padres viven del trabajo del campo o no tienen un empleo seguro, son víctimas de una desnutrición severa; las mujeres indígenas, ante la carencia de los servicios de salud, pagan con su vida el ejercicio de su maternidad. Por su parte, las y los jóvenes sufren la violencia institucional cuando se les niega la entrada a las instituciones educativas del nivel medio y superior. Miles de jóvenes son excluidos de este derecho y el Estado no asume su responsabilidad de garantizarles alguna opción que los incorpore al desarrollo de sus habilidades y capacidades intelectuales. A la población indígena y campesina le han truncado su proyecto de vida como productora de básicos, al someterla a un modelo de desarrollo ajeno a los modos del saber y de producir sus alimentos basados en el uso racional de los bienes naturales. Lo más grave es que ahora el campo solo es viable para cultivos ilícitos, lo que ha desencadenado en una espiral de violencia, de la que ninguna autoridad se hace responsable para detener y contener un mal que contamina toda la vida comunitaria. Afloran los conflictos agrarios; se enquista el patrón de ajusticiamientos y de venganzas comunitarias. Se tolera como un destino fatídico la justica por propia mano a causa de la inoperancia del órgano investigador y su acendrado vicio por la mercantilización de la justicia. De diferentes formas la muerte ronda a los pueblos y mientras tanto el gobierno sigue gastando millones de pesos en seguridad pública, sin que se sienta obligado a rendirle cuentas a la sociedad sobre su inoperancia y su incapacidad para proteger la vida y la seguridad de los y las guerrerenses.
Los negocios que florecen en nuestro estado nada tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por el contario, apuntalan su destrucción, se encargan de hacer añicos los proyectos de vida y más bien se ensañan para destruir cualquier intento de proteger los derechos básicos de la población y de exigir justicia.
Somos una sociedad amenazada por el Ejército que ocupa los territorios, donde se encuentra la riqueza mineral, acuífera y boscosa de nuestro estado; estamos en manos de una policía que fue capacitada para atemorizar y violentar los derechos de la población, que ha sido preparada para delinquir y proteger a los grupos de poder que trafican con las leyes. Estamos amenazados por el crimen organizado que ha copado los espacios públicos y que se ha enseñoreado como el poder real en las siete regiones del estado. También se cierne la amenaza de los nuevos diputados o diputadas, senadores y senadoras, que muchos de ellos solo cambiaron de recinto, para continuar con la agenda impuesta por las elites económicas que exigen que se culminen las reformas hacendaria, laboral y energética. Otros actores que minan la tranquilidad de la población vienen a ser los presidentes municipales, quienes ya han subastado la presidencia a los grupos que patrocinaron sus campañas y que tienen que recuperar su inversión al cien por ciento. Los recursos públicos están etiquetados para los amigos y familiares, para los que le apostaron al candidato y se sacaron la lotería. Por otra parte, las empresas mineras, las paraestatales rapaces como la CFE, las instituciones públicas mediatizadoras de las demandas sociales y los partidos políticos, transformados en empresas electorales, también forman parte de los agentes depredadores del orden público y del desarrollo forjado desde los yacimientos donde nace el borbollón de la vida comunitaria.