El despido de policías, una estrategia del gobernador para sustituirlos por militares, señalan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías que fueron despedidos por no pasar los examenes de control y confianza se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno la mañana de ayer en donde denunciaron que a raíz de la denuncia que hicieron el lunes en Acapulco, personal de la Contraloría del estado comenzó a citarlos “uno por uno, para lavarnos el cerebro”.
Sin embargo, se negaron a acudir de esa forma y condicionaron que comparecerán pero en grupo. Asimismo, esta vez acusaron directamente al gobernador Ángel Aguirre, de despedirlos para meter militares a la corporación. Además dijeron que están argumentando que no pasaron el examen de confianza que les aplicó el Centro de Certificación en el sexenio pasado de Zeferino Torreblanca y al que el actual gobernador calificó de “patito”.
Uno de los agentes dijo que la mayoría de los despedidos son oficiales y suboficiales a quienes desde la semana pasada les llegó un oficio mediante el cual los suspenden de sus labores. Les argumentan que no pasaron el examen de “doble control de confianza”. Agregó el vocero del grupo que el problema es que hay policías que llevan 10 y otros hasta 30 años de servicio, y que “no es posible que nos paguen de esta manera, puesto que ya somos personas grandes y si nos dan de baja, a donde vamos a encontrar trabajo”, cuestionó.
Reconocieron que el examen que les aplicaron y que no pasaron, lo hicieron hace 3 años, en el sexenio de Zeferino Torreblanca, “pero ese Centro de Evaluación y Confianza todavía no está certificado, y el mismo gobernador (Ángel Aguirre Rivero) dijo que era un Centro de Certificación patito y que no era válido, pero ahora nos están saliendo con que sí, que es válido”, dijo.
Otro de los elementos, que dijo ser comandante de la corporación, agregó que están enterados que están pretendiendo dar de baja a comandantes y segundos comandantes “por lo mismo de que quieren meter a militares para que tomen el mando de los grupos”, dijo y agregó que extraoficialmente saben que a los que quieren dar de baja en una primera etapa son a más de 250.
Otro de los elementos dijo que están siendo despedidos de manera arbitraria e injustificada por lo que algunos han decidido presentar una demanda laboral ante la Junta Local y Conciliación y Arbitraje, pero agregó que primero van a esperar la respuesta a su solicitud de audiencia, puesto que explicó que ayer les respondieron a través de la Contraloría estatal, pero que los citaron “uno por uno, seguramente porque nos quieren envolver, pero nosotros les dijimos que no, que vamos a acudir pero que somos todos o ninguno”.