Manda la Corte a juez civil abusos de militares en Chihuahua en 2008

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó enviar a un juzgado civil los procesos contra 13 militares acusados por homicidios, torturas, encubrimientos y destrucción de cadáveres, perpetrados cuando estaban adscritos a la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, en 2008 y 2009.
Por 7 votos contra 1, el Pleno de la Corte determinó que la causa penal 1982/2009 del juzgado de la Tercera Región Militar en Mazatlán debe ser enviada a un juez federal porque la justicia castrense era incompetente para conocer del caso, ya que hay varias víctimas civiles involucradas.
El principal señalado por estos hechos es el General de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, que según las acusaciones en su contra, en el periodo de abril de 2008 a agosto de 2009, impuso un régimen de terror en Ojinaga que incluyó múltiples ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga asegurada.
Sin embargo, ninguno de los cinco amparos resueltos ayer por la Corte fue promovido por Aviña, sino por subordinados acusados por participar en la tortura y homicidio de Esaú Samaniego Rey, El Cholo, José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, y Erick Campos Valenzuela, El Campitos, así como por la posterior destrucción de los cadáveres y encubrimiento de los hechos.
La Corte reiteró los criterios que estableció luego de once sesiones discutiendo casos relacionados con delitos cometidos por soldados, en las que determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al extender la jurisdicción de los tribunales castrenses a asuntos que involucran a civiles.
A diferencia de los casos discutidos previamente, los militares de Ojinaga no mencionaron en ningún momento su interés en ser procesados por un juez civil, sino que sólo impugnaron el auto de formal prisión que les dictó el juez castrense, alegando que no hay pruebas en su contra.
Eso no fue obstáculo para la Corte, que aclaró que el juez federal que reciba el expediente tendrá que dejar sin efectos los autos de prisión dictados por su colega militar, y en 72 horas deberá resolver si dicta nuevos autos, de prisión o de libertad, para luego abrir el juicio a prueba de darse el primer escenario.
El caso Ojinaga fue el más grave ejemplo de violación de derechos humanos por parte de militares en lo que va del sexenio, pues resultó en cargos contra 31 integrantes del Ejército.
Entre los que promovieron los amparos resueltos hoy por la Corte, están los tenientes de Infantería Gonzalo Huesca, Jesús Omar Castillo y Uriel Carrera, así como el capitán primero médico cirujano Héctor Hernández.
Otros acusados de mayor jerarquía que no promovieron estos amparos, además del General Moreno, son el Teniente Coronel José Julián Juárez Ramírez y el Mayor Alejandro Rodas Cobón, y a la fecha se desconoce si los procesos en su contra se mantienen en el fuero militar.
La Corte todavía tiene pendientes 21 expedientes sobre fuero de guerra, seis de ellos derivados de un caso de tráfico de drogas en el que no hubo víctimas civiles.