Cortés Flores y Matadama no dispararon, dice su abogado ante el juez; sí lo hicieron, sostiene la PGJE

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El abogado defensor de los policías ministeriales Rey David Cortés e Ismael Matadama pidió al juez de primera instancia penal, Leoncio Molina Mercado, que los deje en libertad bajo el argumento de que no tienen “sustento” las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El viernes se realizó una diligencia en los separos del juzgado primero penal, donde a los inculpados se les leyeron los cargos que presentó la PGJE en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, que obran en 22 tomos del expediente que contienen casi 30 mil fojas.
Los dos policías se reservaron el derecho a declarar y sólo ratificaron sus dos declaraciones, cuando estaban en calidad de testigos en la averiguación previa BRA/SC/06/2743/2011, que se abrió el 12 de diciembre cuando fueron asesinados los dos normalistas.
Al concluir la diligencia, Rey David Cortés dijo que hay “línea para chingarnos, estas acusaciones están fabricadas para culparnos a nosotros que no tenemos nada que ver, es lamentable que nos hayan puesto como chivos expiatorios y un juez federal nos dará la razón, de que estamos siendo acusados injustificadamente”.
En la diligencia, que duró cinco horas el viernes a partir de las siete de la noche, estuvieron familiares de los dos ministeriales consignados ante el juez.
Participaron la agente auxiliar del Ministerio Público, Everarda Pineda Andraca, y el abogado de los acusados, Antonio Nogueda Carvajal.
En la diligencia dieron a conocer que las pruebas en que sustenta la PGJE sus acusaciones, son cuatro testimonios de normalistas de Ayotzinapa que recabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre ellos el del normalista Edgar David Espíritu, quien resultó herido el 12 de diciembre.
Le dieron lectura a las imputaciones que hace la PGJE, en donde destacó que salieron negativas las pruebas químicas que les practicaron para saber si accionaron sus armas.
Además se dio lectura a un dictamen de criminalística de campo y forense.
Pero los abogados de los acusados pidieron que se diera lectura también al primer peritaje de criminalística de campo del 13 de diciembre, pues “se está cometiendo una injusticia, el primer dictamen que realizó la PGJE establece que no hay visibilidad de los dos inculpados para haber asesinado a los dos estudiantes, y tampoco vienen los casquillos que se levantaron en el lugar de los hechos porque son de la Policía Federal”, aseguró Nogueda Carvajal.
Una vez que concluyó la lectura de los cargos que se les imputan, los dos policías ministeriales se abstuvieron de rendir declaración y se remitieron a las dos declaraciones que rindieron ante el Ministerio Público el 13 de diciembre y una semana después, cuando estaban en calidad de “testigos”.
El abogado impugnó los testimonios en contra de los dos ministeriales, “toda vez que es materialmente imposible dada la actividad que desarrollaban los más de 400 manifestantes y más de 150 policías, de que alguien pudiera darse cuenta de que mis defendidos dispararan y al mismo tiempo percatarse que sus disparos impactaran en los cuerpos de los tres manifestantes, cuando de acuerdo con los primeros dictámenes periciales de criminalística de campo y planimetría de la PGJE y el que fue aportado por la defensa en la etapa de averiguación previa, se desprende que no existe visibilidad del lugar en que se encontraban mis defensos a la ubicación de los occisos y el lesionado”.
También reclamó que los testimonios de los cuatro estudiantes de Ayotzinapa “comparecen varios días después de ocurridos los hechos, es decir, a más de un mes, y posterior que el visitador de la CNDH los aleccionara cuando los visitó en las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, todo en defensa de la Policía Federal”.
“A mayor abundamiento, el simple dicho y las declaraciones que hacen no son pruebas suficientes para provocar la muerte y lesiones de los pasivos, toda vez que existen testigos que los contradicen, como es el del general Ramón Miguel Arriola Ibaría y Jaime Galván Rodríguez, además del interrogatorio e inspección con el coordinador de zona David Urquizo Molina, quien llevaba al mando a los policías ministeriales y existen pruebas realizadas por la PGR, como son las de química en rodizonato y Greiss, con las que se demuestra primeramente que mis defensos no dispararon y que sus armas no fueron accionadas, pruebas suficientes para arribar al conocimiento que Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas con inocentes de los hechos que temerariamente la PGJE les imputa”, añadió.
El abogado sostuvo además “que de acuerdo con los muchos videos presentados en los medios de comunicación, fueron más de 500 disparos los que se realizaron en ese pretendido desalojo, por lo que resulta totalmente imposible que haya personas que observaron quién disparaba, seguir el trayecto de la ojiva y ver en quién impacta ésta”.
Por ello solicitó al juez que “deben ser desestimados los atestes de cargo, toda vez que refieren hechos en un horario totalmente distinto al comprobado con otras pruebas, pues mientras éstos hablan de las 11:40 horas del 12 de diciembre del año pasado, las peticiones de apoyo a la Policía Estatal y Ministerial se da a las 12:30 horas, más el traslado de sus instalaciones al lugar de los hechos. Además de los testimonios de cargo advertidos, claramente se nota su aleccionamiento, pues son coincidentes en palabras y formas de expresarse, asimismo los testigos de cargo, sus dichos no son suficientes para acreditar el delito de homicidio a mis defensos, pues aun cuando aseguran haber visto que éstos disparaban, en ningún momento señalan que sus disparos hayan causado algún homicidio, además vuelvo a insistir que es materialmente imposible observar las dos cosas distantes una de otra al mismo tiempo”.
Nogueda Carvajal solicitó al juez Molina Mercado “que para tomar su determinación observe los primeros dictámenes periciales de la PGJE, donde viene el plano informativo, donde se ilustra la ubicación de los cadáveres y unidades automotrices que se encontraron en el lugar crítico donde se desarrollaron los hechos. Así mismo tome en cuenta el peritaje de criminalística con el que se demuestra que del puente que está sobre el río Huacapa y que conduce de la Autopista del Sol a la tienda Liverpool no existe visibilidad al lugar donde quedaron los cuerpos”.
Se quejó además que los dos policías “primero declararon como testigos, al momento que el MP acuerda la detención de mis defensos y pasan de ser testigos a inculpados, se observa que no se les dio a conocer quién los acusa y cuál es el delito que se les imputa, con lo que se violó el articulo 20 constitucional, la inobservancia de ese articulo produce la nulidad de todo lo actuado, por lo que se deben declarar nulas las actuaciones de la PGJE que envió a este juzgado, tomando en cuenta que todo inculpado tiene derecho a un debido proceso y no pueden ser válidas las pruebas obtenidas de manera irregular”.
Dijo que tampoco estaba acreditado el “abuso de autoridad, no se encuentra acreditado tomando en cuenta que la función principal de la Policía Ministerial consiste en auxiliar al MP en la investigación de los delitos, se les privó ilegalmente de su libertad, no se les informó de los delitos que se les acusan, por lo que se deben declarar nulas las actuaciones, los dictámenes, las lesiones de los dos estudiantes muertos fue producida por un calibre 7.62×39 milímetros y 7.62×51 milímetros, los cuales se utilizan en fusiles conocidos como AK-47, G-3 y FN-FAL, luego entonces del dictamen se advierte que las lesiones y muerte no fueron producidas por un fusil AR-15 como es el que portaban mis defensos, y como consecuencia de ello, es evidente que no pudo haber producido la muerte a los estudiantes, no existe evidencia que ellos hayan causado muerte a los pasivos. Sus armas resultaron negativos a exámenes químicos y demuestran que no accionaron sus armas de fuego”.
Presentó como pruebas de descargo dos ediciones de El Sur, por dos notas informativas del presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, quien asevera que serán sentenciados los dos ministeriales, “cuando aún no se concluye un juicio”.
La abogada del MP, Everarda Pineda Andraca, afirmó en su intervención que “no existe prueba que ellos hayan declarado por miedo, temor o soborno, por lo contrario, de manera categórica y firme señalan como las personas que dispararon a ellos, causando la muerte de dos alumnos normalistas, hoy agraviados; sí accionaron sus armas el día de los hechos, la defensa va a tratar en todo momento a su señoría, los argumentos que vierte en su totalidad son subjetivos”.
“Sí dispararon sus armas, tenían visibilidad, en su momento dicte la formal prisión a los indiciados; pido que se desechen las dos pruebas de periódicos porque hay jurisprudencia de que carecen de valor probatorio”, añadió.
Entonces en tono irónico el ex subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal, intervino y dijo a la abogada: “¿entonces para qué trajeron todo esto?, en puro periódico está sustentada su acusación, entonces esto tampoco tiene valor probatorio de sus acusaciones”.
Al final, la defensa de los dos acusados no pidió que se ampliara el plazo para que el juez dictamine un auto de formal prisión o de libertad, lo que será el lunes por la tarde, y antes, en la mañana, se desahogará una diligencia para ver los dos videos que presentaron los abogados de los ministeriales.
Rey David Cortés dio unas declaraciones desde la rejilla de prácticas y dijo que “ya sabemos que hay línea para chingarnos, no se vale que el encargado de la Procuraduría se haga valer de nosotros como chivos expiatorios, porque no quieren tener problemas con el gobierno federal, pero eso no se vale a costa nuestra”.
Dijo que espera que el lunes el juez Molina Mercado dicte un auto de formal prisión y que entonces va a recurrir con sus abogados a la justicia federal, “acá nos van a chingar, ya traen línea, por eso nos vamos a la justicia federal”.