Congela el gobierno de Estados Unidos los activos a esposa de El Chapo Guzmán

Agencia Reforma

Nueva York

El gobierno de Estados Unidos amplió ayer su ofensiva contra las presuntas operaciones de lavado de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, al congelar las cuentas de su segunda esposa, Griselda López Pérez.
El Departamento del Tesoro anunció ayer que incluyó en su “lista negra” a López Pérez, congelando cualquier activo que tenga bajo jurisdicción estadounidense, y prohibiéndole a sus ciudadanos que hagan negocios con ella, lo que se conoce como Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin).
La decisión del gobierno federal eleva la presión sobre la familia del líder de la organización de crimen organizado más grande del México, al lanzar una nueva iniciativa de este tipo en contra de un miembro de la familia de El Chapo. Antes, el Departamento del Tesoro había incluido en su “lista negra” a la primera esposa del capo, Alejandrina Salazar, y a su hijo en común, Alfredo Guzmán Salazar, y a Ovidio Guzmán López.
“Esta acción refuerza los agresivos esfuerzos del Tesoro, junto con sus colegas de aplicación de la ley, dirigidas a individuos que faciliten… las operaciones de narcotráfico de Guzmán”, dijo en un comunicado Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).
La designación de López Pérez, según indicó el Tesoro estadounidense, surge “por su papel en las operaciones de la organización de Guzmán Loera en el narcotráfico, incluyendo sus esfuerzos por ayudarlo en la evasión de la justicia”.
La decisión se enmarca dentro de las facultades de la Ley Kingpin, que le permite al Gobierno de Estados Unidos congelar cualquier activo -incluidas cuentas bancarias o cualquier otro tipo de bienes- que los individuos señalados tengan dentro de su jurisdicción.
López Pérez, conocida también como Karla Pérez Rojo, fue detenida en México bajo cargos no especificados por menos de un día en mayo de 2010 y después fue liberada. Se cree que varios negocios y activos de “El Chapo” todavía están a nombre de la mujer, con quien tuvo cuatro hijos, de los cuales uno fue asesinado en mayo de 2008 por un cártel rival durante un tiroteo.

Pidió EU desde 2011 capturar a priista acusado

El presunto miembro del Cártel de Sinaloa, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, quien fue precandidato a una diputación federal por el PRI en Sonora, era buscado por la justicia de Estados Unidos desde junio de 2011.
Registros oficiales indican que el 8 de junio de 2011, un Gran Jurado Federal presentó ante la Corte de Distrito en New Hampshire la acusación (indictment) contra Celaya Valenzuela, Joaquín El Chapo Guzmán, y otros seis presuntos integrantes de la organización criminal sinaloense.
Un día después, la juez Landya B. McCafferty libró órdenes de aprehensión contra todos los acusados, a quienes se imputan cargos de conspiración para distribuir más de una tonelada de cocaína en el periodo de 2009 a 2011.
No hay indicios de que Estados Unidos hubiera solicitado en algún momento al gobierno de México la detención con fines de extradición de Celaya, quien contendió en 2012 por la candidatura para la diputación federal por el Distrito 01 de Sonora, pero fue eliminado a pesar de lograr que el PRI repusiera el proceso de selección.
Además de Celaya, desde junio de 2011 también eran buscados Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, primo de El Chapo, y Samuel Zazueta Valenzuela, los tres detenidos a principios de agosto pasado en Madrid, en un operativo conjunto del FBI con la Policía Nacional de España.
Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, el cuarto detenido en la capital española, no aparece en esta acusación, pero el Fiscal Federal de New Hampshire, John P. Kacavas, afirmó el martes de esta semana que Soto había sido asignado por el cartel de Sinaloa para supervisar el trabajo del resto de los enviados a España.
Los demás acusados en New Hampshire son: Rodolfo Alarcón Mendoza, Sergio López Alarcón, José Benjamín Locheo del Río y Alvaro Rivera Pedrego.