EDITORIAL

* Un consejo ciudadano sin “dientes”

En febrero de 2012 se publicó el decreto por el que se crea el Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones en el estado de Guerrero; la creación de este organismo había sido un compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero durante su campaña por la gubernatura.
En la exposición de motivos se expresa que “con el fin de que los recursos federales y estatales se apliquen en forma clara y transparente, es necesario impulsar la participación ciudadana en acciones de prevención y control de la gestión pública, ya que el combate a la corrupción y la impunidad será más eficaz en la medida en que la acción del gobierno y de los servidores públicos esté abierta a la vigilancia de la ciudadanía”.
Sin embargo, los alcances del organismo son más bien limitados, y en nada difieren de otros organismos consultivos similares, ya que el decreto sólo lo faculta para “actuar como órgano de opinión y recomendación”, pero sin efectos vinculantes. Es decir, un organismo sin “dientes” o que nace sin facultades para modificar o corregir irregularidades, estará seriamente limitado para realizar una verdadera vigilancia ciudadana.
Otro de los inconvenientes del organismo es que los miembros del Consejo serán nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador, y aunque éste “recogerá para este efecto la opinión de los colegios de profesionistas, organizaciones y sectores sociales”, la intervención del mandatario estatal sin duda le restará autonomía e independencia a este órgano ciudadano.
Como está planteado el decreto, no se abren grandes expectativas para el trabajo y resultados del Consejo ciudadano de vigilancia de la obra pública y las adquisiciones.

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