Pide el PAN castigar a gobernadores y alcaldes que dejen deudas irregulares

Claudia Salazar y Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

El PAN en la Cámara de Diputados propuso ayer reformas constitucionales para castigar a los gobernadores y alcaldes que contraten deuda sin haber saneado previamente las finanzas de estados y municipios.
La iniciativa, presentada por el diputado José Guillermo Llamas, plantea establecer normas para la contratación de deuda, así como garantizar un proceso de reestructuración de los compromisos financieros.
“Aún estamos a tiempo de establecer mecanismos que obliguen a las entidades federativas y a los municipios para que manejen y administren la deuda local de forma responsable y prudente, para que incentiven la generación de ingresos propios y mejoren la eficiencia y la calidad del gasto público”, dijo en tribuna.
El proyecto panista propone, como primer paso, facultar al Congreso de la Unión para emitir leyes en materia de deuda pública, para precisar que estados y municipios no podrán, en ningún caso, contratar empréstitos si no son para inversiones públicas productivas.
Agregan que los municipios deben tener las mismas obligaciones que los estados, establecidas en la fracción séptima del Artículo 117 de la Constitución, que indica que la deuda deberá ser autorizada por el Congreso local, que se debe observar el principio de equilibrio presupuestal y que no debe exceder del 0.5 por ciento del PIB del ejercicio fiscal correspondiente.
“Las entidades federativas y municipios que, a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto, registren pasivos de deuda pública estatal o municipal, según sea el caso, superiores al 2.5 por ciento de su Producto Interno Bruto, cuentan con un plazo de un mes para implementar un programa de reestructura financiera en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a fin de prevenir riesgos mayores en las finanzas públicas locales”, indica la propuesta.
Control del crédito

Agrega que la entidad federativa o el municipio correspondiente asumirán compromisos precisos para incrementar sus ingresos, así como abstenerse de contratar nuevos empréstitos, en tanto se lleva a cabo el saneamiento de las finanzas públicas respectivas.
“El incumplimiento a los compromisos asumidos bajo el mandato de este artículo dará lugar al fincamiento de las responsabilidades legales correspondientes de forma directa a los ejecutivos estatales y municipales y demás servidores públicos involucrados en la contratación de obligaciones o empréstitos con cargo al erario público”, señala la iniciativa del blanquiazul.
La reforma sugiere también la aprobación de artículos transitorios que se deberán cumplir en tanto el Congreso emite una Ley General sobre Deuda, la cual se deberá aprobar en seis meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.
En su exposición, el legislador panista recordó que, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda, actualmente hay nueve entidades federativas, sumando las deudas municipales, que han comprometido más del 70 por ciento de sus ingresos de participaciones federales para garantizar el pago de empréstitos.
Expuso que la deuda de estados y municipios representó, a junio de 2012, 12.7 del Producto Interno Bruto estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409 millones de pesos.