Defenderá el gobierno estatal a los seis estudiantes detenidos, ofrece Aguirre

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció a los padres de familia y familiares de los seis jóvenes detenidos por la Policía Federal el pasado jueves que el gobierno del estado se pondrá “al frente” de la defensa de los estudiantes y asumirá transitoriamente los gastos que se deriven del proceso.
En una reunión en las oficinas de la Promotora Turística acompañado por funcionario de su gabinete Aguirre Rivero sugirió que sea el abogado de la UAG Guadalupe Bollas quien asuma la defensa de los estudiantes y el abogado particular que ya contrataron los familiares sea coadyuvante del proceso, ofreció que cubrirá los honorarios del abogado y los gastos de los familiares que se trasladen al Distrito Federal para saber donde están los seis estudiantes.
Aguirre dijo que ya buscó un diálogo con el secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero para hablar sobre el caso de los seis jóvenes y que también buscará a la procuradora Maricela Morales Ibáñez para preguntar los motivos de la detención, dónde están arraigados y transmitir la disposición de los familiares de que se realice la investigación.
“De mi parte habrá el acompañamiento necesario hasta que esto se esclarezca”, dijo.
“Yo personalmente le estaré dando seguimiento a este asunto, voy a estar atento de cómo evoluciona día con día, les pido que tengamos esa comunicación para que ustedes puedan estar más tranquilos, cuidar la integridad de los jóvenes”, dijo.
El gobernador planteó la posibilidad de volver a reunirse con los familiares de los detenidos de acuerdo cómo evolucione el caso de los seis estudiantes porque dijo que él tiene la responsabilidad de “proteger a los guerrerenses” y por eso estará atento y solidario con ellos.
Antes, en declaraciones a los reporteros en el Ocotito, el gobernador dijo que la postura del gobierno del estado es que se actúe con justicia y respeto a los derechos humanos en el caso de los seis estudiantes de la UAG.
En la reunión los familiares expusieron que se trata de “delitos fabricados” y pidieron “garantías” para los seis jóvenes detenidos y sus familiares y que se aplique el “protocolo de Estambul” porque ya no quieren maltratos psicológicos hacia los estudiantes.
Le pidieron al gobernador que intervenga para que se desarrolle la investigación en el menor tiempo posible para que los estudiantes no pierdan clases en la escuela de Veterinaria.
Denunciaron que los seis jóvenes están incomunicados, sus familiares no han podido verlos y no saben en qué casa los mantiene arraigados la Policía Federal.
El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno del estado Iñaki Blanco les informó que él sabe que están en el Centro de Investigaciones Federales del Distrito Federal y les sugirió a los familiares acudir a la Unidad de Derechos Humanos que abrió la PGR o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentar una denuncia de hechos por las lesiones que presentan los estudiantes.
También dijo que extraoficialmente él sabe que los alumnos fueron arraigados por 40 días no por 20 como se los han informado a los familiares.
El coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAG Guadalupe Bollas dijo que la Universidad se siente lastimada pero no juzga inocencia ni culpabilidad, les cuesta hacerlo porque no tienen los elementos suficientes y le pidió que establezca comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) para que informe cual es la situación de los alumnos. “Que se tenga certeza de dónde están y de qué se les acusa”, dijo.
Jesús Antonio Alarcón García hermano de Alan Francisco Alarcón García, uno de los detenidos, leyó un oficio en el que plantearon al gobernador que los seis estudiantes “tienen los mejores promedios” y que la Policía Federal se dedique a detener a los verdaderos delincuentes.
Plantearon además que se hagan pruebas antidoping, balística y parafina y una investigación exhaustiva.
También le pidieron que el gobierno del estado asuma la defensa de los estudiantes aportando los honorarios del abogado que lleva el caso y que fue aprobado por los familiares de los estudiantes; que el gobierno del estado facilite y apoye la coadyuvancia de los familiares en el proceso mediante la aportación de recursos para los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, así como gestión de permisos laborales, que se aplique el protocolo de Estambul y se garantice trato humanitario para los arraigados y medidas cautelares para los estudiantes y sus familiares y que el gobierno del estado haga un pronunciamiento público para reprobar la injusticia que se está cometiendo.
En la reunión los familiares narraron al gobernador lo sucedido con Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Alan Francisco Alarcón García y Ricardo Muñoz Arzate, le contaron que el 13 de septiembre fueron llevados a un rancho para realizar prácticas de medicina veterinaria.
Fueron a realizar prácticas de inseminación y palpación y lo que la Policía Federal determina como equipo de tortura como botas y sogas es lo que les pidieron para las prácticas.
Salieron del rancho en un auto Platina ocho alumnos y un maestro, primero fueron a dejar a un compañero a Coyuca de Catalán, pasaron a hacer una recarga a un teléfono celular y después fueron detenidos por los policías federales entre las 9 y 9:30 de la noche y llevado a ciegas a un lugar que desconocen.
Dos de los seis jóvenes fueron separados del grupo mientras los otros cuatro fueron obligados a permanecer de rodillas toda la noche, después les dieron armas, los sacaron a la calle, los amenazaron diciéndoles que si no se hacían responsables de las armas les ocurriría lo mismo que a los 16 ejecutados encontrados en Coyuca de Catalán el 10 de septiembre, les tomaron fotografías armados y después los acusaron de delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego, posesión de mariguana y los señalaron como presuntos responsables de la ejecución de 16 personas en Coyuca de Catalán.
Los familiares reprocharon que en los medios de comunicación se filtren fotografías de los detenidos y en especial se refirieron a la que publicó ayer el periódico Vértice en la que aparece una persona con armas a quien mencionan como uno de los detenidos, pero no es uno de los seis estudiantes de Veterinaria “no sabemos quien sea” dijo Jesús Antonio Alarcón García, hermano de Alan Francisco Alarcón García, uno de los detenidos.
El gobernador dijo que esa fotografía la había publicado El Sur, pero los familiares de los detenidos lo corrigieron y dijeron que apareció en el periódico Vértice.
Los estudiantes fueron reportados a la Procuraduría hasta las seis de la mañana, por lo que los familiares exigen saber qué sucedió con ellos durante las nueve horas que los tuvo la Policía Federal.
Los familiares también señalaron que las fotografías filtradas muestran las irregularidades cometidas por la Policía Federal porque a quien pusieron de conductor no es quien conducía el vehículo, “los colocaron a su antojo”.
En la reunión estuvieron el secretario general de Gobierno Humberto Salgado Gómez, el secretario de Seguridad Pública Guillermo Jiménez Padilla, y el secretario de Administración y Finanzas Jorge Salgado Leyva.
El padre de uno de los jóvenes, Jesús Alarcón Juárez expuso que los estudiantes “son inocentes y por eso queremos que se investigue bien, estamos de acuerdo en que se aplique la ley, pero que se aplique a los que delinquen, aquellos que andan haciendo males a la sociedad, los jóvenes estaban estudiando y precisamente ese día venían de un trabajo de campo de un rancho de Poliutla”.
“No hay hambre, no hay sueño, sólo hay preocupación, pedimos que se aplique la ley y que se haga justicia y que se investigue con precisión”.
Los familiares que estuvieron en la reunión con el gobernador fueron María Isabel García Vázquez, Norma y Patricia Andraca Escalante, María Concepción López Silva, Jesús Antonio Alarcón García, José Luis Ávila Pérez, Mauro Alejandro Torreón Martínez, Rolando Cosme Santiago y Javier Monroy.