Persiste la impunidad en los casos de las indígenas guerrerenses violadas por militares: Tlachinollan

A dos años de la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), sobre los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú “persiste la impunidad “, denunció el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pues manifestó que está pendiente el cumplimiento de los fallos, “principalmente en materia de justicia”.
“Como es sabido, en dichas resoluciones la Coidh determinó que en diferentes circunstancias durante el año 2002, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación, lo que denominó la violencia institucional castrense”, recuerda el organismo en un comunicado.
Agrega que las sentencias de la Coidh contienen 16 y 17 resolutivos, con reparaciones de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario y que a pesar de que tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano “no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación”.
Tlachinollan agrega que esto es particularmente notable por los nulos avances en la investigación de las violaciones sexuales cometidas por los elementos del Ejército, atribuibles a la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República.
Expresa que la investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) “se ha centrado en efectuar diligencias para subsanar las deficiencias generadas por la falta de imparcialidad del Ministerio Público castrense”.
Manifiesta que la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la Justicia Federal a pesar de que hay elementos de prueba suficientes.
“Paradójicamente, a más de diez años de la agresión militar en contra de Inés y Valentina y a dos años de emitidas las sentencias, la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste”.
También denuncia que continúa pendiente el cumplimiento de varios extremos de las sentencias, tales como la creación de un fideicomiso público para asegurar la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos al término de esta administración, mecanismo transexenal necesario para que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú así como otras víctimas accedan a las medidas ordenadas por la Coidh.
“Esta necesidad de concretar medidas transexenales, cuyo seguimiento compete a la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es urgente también respecto de las medidas reparatorias, educativas, comunitarias y de salud”, demanda el organismo de derechos humanos.
Dice que ante el inminente fin de la administración es necesario que el Ejecutivo concrete las medidas reparatorias pendientes.
“En lo tocante al Poder Judicial, es el momento oportuno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie la discusión del Expediente Varios 1396/2012, hoy en la ponencia del ministro Ortiz Mayagoitia, relativo a la determinación de las obligaciones que para la judicatura emanan de las sentencias dictadas por el Tribunal Interamericano en los casos de ambas mujeres”.
Finalmente, demanda que el Senado lleve a cabo en el presente periodo la reforma al Código de Justicia Militar, que ha sido ordenada en cuatro sentencias de la Corte Interamericana.
Y concluye que para Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como para Tlachinollan, “es imprescindible señalar que en el segundo aniversario de la emisión de las sentencias y a mas de diez años de la agresión militar, la impunidad permanece intocada. En ese sentido, pese al desgaste acumulado, ambas mujeres me’phaa seguirán demandando justicia”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).