Reformar la ley para evitar el saqueo de los ayuntamientos, plantea Bernardo Ortega

De la corresponsalía

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, dijo que es necesaria una reforma a la ley orgánica del municipio libre del estado, para evitar situaciones de desfalco en los ayuntamientos cada fin de administración.
Dijo que los puntos importantes a modificar son las fechas de entrega-recepción, para evitar que los alcaldes salientes dejen ese proceso para las últimas horas, y de esa manera dar más tiempo para la revisión de las finanzas.
Ortega Jiménez explicó que los problemas de desfalco y saqueo se presentan porque el proceso de entrega se da de manera precipitada los últimos días, a pesar de que los comités para esa tarea se establecen con semanas de anticipación.
Lo anterior aunado a que algunos alcaldes son nuevos en la administración pública, y eso origina que se den cuenta de las deficiencias y faltantes hasta semanas después de asumir el cargo, y es cuando inician las revisiones escrupulosas.
Insistió en la necesidad de que las fechas de entrega-recepción se adelanten para darle certeza a los nuevos alcaldes de que recibirán un ayuntamiento con lo que les corresponde para concluir el ejercicio fiscal.
El caso más reciente en el que se dio una sanción administrativa debido a la falta de rendición de cuentas de un alcalde ocurrió el pasado 29 de julio, cuando el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó la constancia de mayoría y validez otorgada al priista Armando Sánchez de Jesús como presidente municipal electo de Alcozauca.
Sánchez de Jesús fue declarado inelegible porque el 28 de septiembre del 2009 fue inhabilitado por la Auditoría General del Estado (AGE) por no entregar la cuenta pública y el tercer informe financiero cuatrimestral septiembre-diciembre del ejercicio fiscal 2008, cuando fungió como alcalde de ese mismo municipio en el periodo 2005-2008.
Bernardo Ortega dijo que es necesario que los alcaldes que encontraron irregularidades en los ayuntamientos presenten las denuncias ante la Contraloría General del Estado (CGE) y ante la Auditoría General del Estado (AGE), y de ser necesario interpongan la denuncia penal en contra de sus antecesores.
Reconoció que la mayoría de los municipios tiene problemas en la recepción de los ayuntamientos, y no son sólo los casos de Mochitlán, Acapulco y Ometepec.
Reparó en la necesidad de otorgar mayores facultades a la Contraloría y a la AGE, aunque dijo que el segundo órgano tiene facultades para proceder penalmente en contra de los funcionarios que no entreguen cuentas claras.
Por otra parte, reiteró que el Congreso local no ha recibido ninguna solicitud de licencia del alcalde de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares, por el video en el que aparece amenazado y haciendo compromisos con el grupo delictivo La Familia Michoacana.
Dijo que desconoce la versión del alcalde perredista a seis días de que fue exhibido en internet temeroso mientras dialoga con integrantes de la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo reconoció que no ha buscado comunicación con el alcalde y ex diputado local perredista, pero que tiene todo el apoyo de la fracción parlamentaria de su partido y del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, “por lo que leí”.
Y recomendó al edil de Teloloapan que se cuide más de la cuenta, “porque a estas alturas es necesario”.