De membrete, el Consejo de defensa de defensores de derechos humanos: Codehum

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández reconoció que se está buscando que el Consejo de Protección y Defensa de los Defensores de Derechos Humanos, que también preside, no sea un membrete, sino que tenga una estrategia para poder dar garantías a los activistas, dijo durante el Encuentro Estatal de Mujeres Indígenas Estableciendo Alianzas y Fortaleciendo Redes, que se realizó ayer.
Aunque el órgano colegiado se creó hace siete meses, a mediados de febrero, Alarcón Hernández indicó que aún no tiene presupuesto, y se espera que en enero de 2013, si el Congreso le asigna un techo financiero, podría comenzar una estrategia, para integrar un grupo de vigilancia para cuidar y custodiar a esas personas que pidan medidas cautelares.
En entrevista, coincidió con las participantes en el foro, que muchas defensoras han sufrido de violencia por parte del propio Estado, en el sentido de que aún cuando se dan medidas cautelares, éstas no se cumplen cabalmente, como el caso de Eva Alarcón de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, desaparecida hace nueve meses; aunque, precisó, que durante el encuentro se referían al caso de Maricela Escobedo, en chihuahua, “y casos similares de miles de mujeres en el país que están luchando por el acceso a la justicia, por la seguridad”.
Asimismo, destacó que en el encuentro, donde el Consejo de Protección y Defensa de los Defensores de Derechos Humanos es convocante, se ofrecieron testimonios sobre desapariciones forzadas, que hay en el presente, de los miles de desplazados que se dan en todo el país, o bien al extranjero en virtud de la inseguridad en México
Para preservar la integridad de las defensoras, dijo que en este foro se pretenden lograr alianzas de organismos de derechos humanos, para encontrar una solución a la inseguridad que se vive en el estado, con pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres y al de los pueblos originarios.
Sobre las garantías que debe proporcionar el Consejo de Protección y Defensa de los Defensores, destacó el otorgamiento de medidas cautelares es una de las principales demandas de las participantes en el foro para apoyar a aquellos defensores y defensoras que están luchando por alguna causa.
Aclaró que aún no hay datos estadísticos de cuántos defensores están en riesgo y necesitan medidas cautelares, pero en este foro “se busca justamente que haya aspectos estratégicos para poder defenderlos, para poder dar garantías, que la policía que supuestamente se crea para el Consejo, sea especializada, que reúna los requisitos que requiere un consejo de esta naturaleza para cuidar y custodiar a las personas que piden medidas cautelares”.
Desde ahora, aseguró, se está en la búsqueda de una estrategia general para lograr que el Consejo sea eficaz, eficiente frente a problemática que se están dando en el estado y en el país.
Reconoció que aún no tienen previsto cuándo se pueda conformar la policía para brindar medidas cautelares a las defensoras y defensores, “aún estamos elaborando el presupuesto, (pero) si dotan de presupuesto al Consejo será a partir de enero que comenzaría la búsqueda de aplicación de estrategias”, y luego la creación de un organismo al que no se quiere llamar policía.
Por otro lado, informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Felicitas Martínez Solano, le pidió que en el Consejo de Defensores, se incorpore a representantes de los cuatro pueblos originarios y afromestizos, para que velen por estos sectores.
A esto, Alarcón señaló que va a plantear una reforma a la Ley para que sean incorporados, y que alguien la haga iniciativa, para el efecto de que se incluyan mujeres indígenas dentro del cuerpo de consejeros. A la fecha está integrado por tres académicos y dos luchadores sociales, además del presidente de la Codehum.
En el encuentro participó la dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, quien presentó el caso de la desaparición forzada de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, por el que inició un juicio que ameritó una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 11 puntos, y el más importante que se refiere a acotar el fuero militar.
También se abordó el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ultrajadas  por militares, quienes a pesar de la sentencia de la CIDH y de que identificaron plenamente a sus agresores, no han recibido justicia.
Se habló además de los ecologistas desaparecidos, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, que a la fecha no han sido localizados, ni se ha determinado que hayan sido privados de la vida, su situación fue clasificada como desaparición forzada.
Alarcón Hernández también recordó los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por quien la CIDH sentenció al Estado mexicano a indemnizar a los campesinos detenidos por soldados del Ejército, y que denunciaron tortura.