Hostigan pistoleros a ejidatarios en la sierra de Ajuchitlán; las autoridades no intervienen, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Presuntamente con el respaldo de autoridades federales y estatales, un grupo armado que opera en varias localidades de la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, mantiene asolados a los vecinos del ejido Fresnos de Puerto Rico, y ha cometido ejecuciones, extorsiones y ha incendiado casas, con el fin de echarlos de la zona y quedarse con el control absoluto.
El caso ya fue denunciado ante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del gobierno del estado, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) pero nadie ha querido intervenir para investigar y detener a los presuntos delincuentes, denunciaron los ejidatarios.
Declaran en un escrito enviado a la PGR que la banda está encabezada por Serafín Alegre Cortés y sus sobrinos Martín Villegas Alegre y Miguel Alegre Carcía, y comenzó su historial criminal en 1997 cobrando 25 mil pesos por cada ejecución de los integrantes de la entonces activa célula del guerrillero Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, en los lugares donde éste reclutaba a campesinos para que se incorporaran al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y luego de que el grupo subversivo tuvo enfrentamientos con los ejidatarios de El Coacoyul y con la familia Montúfar.
Ahora, el grupo de Serafín Alegre Cortés, que combatió a la gente del Comandante Ramiro, ha emprendido represalias contra los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico, y muchos de ellos han tenido que abandonar la comunidad y ya advirtieron a las autoridades que si no actúan se van a organizar y a armar para hacerles frente.
“Con la actitud de estos funcionarios, no nos queda  más que tomar las armas y hacerle frente a cualquier enemigo, porque aun contando con un cuartel de policía en la comunidad, de nada ha servido, a pesar de que se han proporcionado pistas de lugares en los que posiblemente se puedan localizar a estos delincuentes. Lo único que vemos claro es que siguen siendo apoyados. Y a estas alturas no nos interesa si la familia Montúfar, la Secretaría de Seguridad Pública, o la misma Procuraduría del estado les deben favores a estos delincuentes”, dicen en un escrito que enviaron a la PGR, del que no han tenido respuesta.
Las acciones del grupo armado fueron denunciadas en esta capital mediante documentos y declaraciones a algunos medios de comunicación, por ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico que han tenido que abandonar sus casas por temor a las represalias del grupo armado que encabeza Alegre Cortés.
Con la impotencia reflejada en sus rostros y en el tono de sus declaraciones, los ejidatarios aseguran que han acudido a todas las instancias del gobierno estatal y federal en busca de ayuda pero que no la han tenido, “teníamos la esperanza de que con el cambio del gobierno estatal sí hubiera justicia para nosotros, pero todo sigue igual”, dijo uno de ellos.

La formación del grupo

Según los documentos y a las declaraciones periodísticas del grupo de ejidatarios, antes del 1997, el jefe de la célula del ERPI que operaba en la sierra de Guerrero, Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, recorrió comunidades de varios municipios con aproximadamente 45 hombres “encapuchados y fuertemente armados”.
Recuerdan que la misión era “reclutar personal que se uniera a su movimiento revolucionario, argumentando que su lucha era puramente de justicia y a favor de los campesinos, lo cual fue motivo para convencer a muchos campesinos que se unieron a él en la región serrana”.
En uno de los documentos enviados a la PGR se menciona: “de este modo se supo que sus recorridos los hacía por todo el cordón del Filo Mayor desde Fresnos de Puerto Rico hasta Vallecitos de Zaragoza, pero tres años después (en el 2000) se supo que tenía serios problemas con el ejido El Coacoyul del municipio de Ajuchitlán, ya que habían asesinado (la gente de Omar Guerrero) a dos personas y a otras les habían quemado sus viviendas, y ante estos hechos pobladores del ejido del Coacoyul solicitaron el apoyo de

algunos pobladores de Fresnos de Puerto Rico, logrando que los señores Alegre se unieran a ellos en contra del grupo encapuchado”.
Recuerdan que los de Coacoyul también solicitaron el apoyo de la Policía Judicial (hoy Ministerial), “quienes conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, acuerdan un operativo en la sierra para capturar al grupo de encapuchados, ya que en años anteriores habían secuestrado (el grupo de Omar Guerrero) a los señores Ramiro Montúfar y al padre de éste, quienes son primo y tío, respectivamente, del entonces director de la Policía Judicial Érit Montúfar.
Según registros periodísticos este operativo se realizó del 22 al 25 de junio del 2007 en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, con el propósito de lograr la detención de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, y otras cinco personas, todos acusados de atacar a balazos el 10 de junio la comunidad de Las Mesas del Guayabo, en donde presuntamente perdieron la vida dos habitantes del lugar.
Los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico aseguran que en dicha operación fueron “piezas claves” tanto Serafín Alegre Cortés como su hermano Sergio Alegre Cortés “y otros quienes sirvieron de guía a los policías, ya que éstos conocían la sierra perfectamente, y a cambio recibían armas, uniformes, radios de comunicación y hasta apoyos económicos”.
Pero recuerdan que el operativo fue “infructuoso”, por lo que dejaron el “encargo” a los señores Alegre y a otros, a quienes les darían un “apoyo económico” de 25 mil pesos por cada encapuchado (guerrillero) que mataran.
“De este modo se supo que llegaron a cobrar hasta 600 mil pesos por los muertos, de los cuales se supo que muchos fueron gente inocente, pero les hacían creer a los jefes que eran encapuchados con la finalidad de cobrar el dinero”, aseguran.
Añaden que de esto se enteró el comandante Ramiro, y a finales del 2007 incursionó en Fresnos de Puerto Rico y asesinó a Sergio Alegre Cortés y a su hijo Rosendo Alegre Villegas, en una emboscada a unos 3 kilómetros del poblado.
Tras estos hechos Serafín Alegre Cortés abandonó Fresnos de Puerto Rico junto con su familia y sus sobrinos Martín Villegas Alegre y Miguel Alegre García, quienes regresaron el 14 de septiembre del 2007 a las 12 de la noche con otros dos compañeros “fuertemente armados (todos con rifles AK-47 conocidos como cuernos de chivo) y sacaron con lujo de violencia de sus casas a cuatro ejidatarios”.
Según los documentos de los ejidatarios de Fresnos de Puerto Rico, entre los privados de su libertad iban el presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado Ejidal, de quienes pidieron la omisión de sus nombres, “a quienes obligaron a punta de armas a que los acompañaran ya que tendrían una reunión fuera del poblado”.
Manifiestan que los integrantes del grupo armado los sacaron del pueblo al tiempo que les gritaban palabras insultantes y que, incluso, pasaron a unos 80 metros del cuartel de la Policía del Estado, cuyos elementos debieron haber oído  sus gritos “pero no hicieron nada, por lo que se piensa que estaban de acuerdo con los delincuentes, pues algunos de ellos hasta llevaban uniformes de policías”.
Después, en un lugar apartado del poblado les exigieron a los dirigentes de los ejidatarios 10 millones de pesos, de lo contrario amenazaron con matarlos allí mismo. Después de una negociación bajaron la suma a 6 millones de pesos y les dieron 3 días para conseguirlos, y como garantía del pago advirtieron que uno de ellos se quedaría y que si no regresaban en 3 días con el dinero lo matarían. Sin embargo los representantes ejidales lograron convencerlos de que sí regresarían con el dinero.
Sin embargo, tres días después el comisariado sólo logro conseguir 70 mil pesos, “fue lo que se le entregó (a Serafín Alegre Cortés) y de manera muy molesta los recibió exigiendo el resto en un plazo no mayor a 15 días”.

Inician las represalias

“De ahí en adelante se trató de negociar vía telefónica y radio la cantidad y el plazo, a lo que siempre contestó de manera amenazante que no se bajaría ni un peso, y en cuanto al plazo dijo que por lo pronto en 15 días se le consiguieran 500 mil pesos”.
Agregan que fue entonces que la dirigencia del Comisariado Ejidal presentó la denuncia por el delito de secuestro y extorsión ante el Ministerio Público de Tecpan de Galeana, “y posteriormente una comisión de cuatro personas se presentó en Chilpancingo con el fiscal especial de la Zona Centro a fin de agilizar la documentación para que un juez liberara la orden de aprensión”.
Aseguran que el funcionario al revisar la averiguación previa “nos aseguró que en breve el juez liberaría la orden de aprensión correspondiente, pero al término de tres meses la orden de aprehensión aún no se había liberado, entonces se le exigió al fiscal que explicara porqué no había procedido la demanda, contestó que no podía hacer nada porque tenía órdenes de sus superiores de no dar seguimiento a ese asunto”.
Días después, denuncian, recibieron una llamada telefónica de la Secretaría de Seguridad Pública en la que se invitaba a las autoridades ejidales a una reunión en esas oficinas, y que ahí “se negociaría con Serafín Alegre Cortés, por lo cual las cuatro personas asistieron a dicha reunión, en la que confirmamos que recibía el apoyo tanto de la Policía Judicial como la Secretaría de Seguridad Pública estatal”, dicen en su escrito enviado a la PGR.
Los agraviados se quejan de que las autoridades, aun sabiendo que Alegre Cortés tenía una demanda penal, en vez de proceder en su contra “trató de negociar la extorsión”. Recuerdan que en la reunión estuvieron el entonces subsecretario de Planeación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Miguel Arriola Ibarría, el procurador Eduardo Murueta Urrutia, y el coordinador Operativo de la Policía Estatal, Ascensión Gallegos Sánchez.
“Al final de la reunión, después de súplicas y ruegos logramos que redujera el cobro a 3 millones de pesos, mientras que los funcionarios en todo momento lo dejaron que nos insultara, humillara y nos amenazara con toda libertad”.
Recuerdan que en esa ocasión expresaron que no existía ningún motivo para darle esa cantidad de dinero, “porque el ejido no le debía nada y además necesitaba vender madera mínimamente tres años para poder darle lo que nos pedía, también se le aclaró que el dinero por venta de madera pertenecía a 60 ejidatarios y ninguno estaba de acuerdo en reconocerle ese cobro”.
Añaden que, posteriormente, en la asamblea general de ejidatarios “ante la presión y amenazas continuas decidieron otorgarle la cantidad de 500 mil pesos únicamente a fin de que cesara el hostigamiento en contra de los ejidatarios “cosa que jamás aceptó y siguió presionando a las autoridades ejidales y así obtuvieron el consenso de la asamblea para darle 1 millón de pesos, cantidad que se liquidaría en 6 meses, en lo que estuvo totalmente de acuerdo”.
Explican que el jefe de la banda aceptó que al recibir el último pago les firmaría un documento en el que se comprometía a ya  no agredir a nadie “ni a exigir dinero por cualquier otra razón en el futuro”.
La fecha del último pago se fijó para el 31 de mayo de 2009 “y así se cumplió por parte del ejido, pero al último pago se negó a firmar el documento argumentando que ya no era necesario”.
Pero denuncian que cinco meses después volvió a exigir tres cuatrimotos y dos camionetas nuevas “si los ejidatarios no querían problemas”.
Denuncian que las presiones y amenazas las siguió haciendo por radio o teléfono “o mandando razones exigentes con otras personas, a las que se trataba de no hacer caso”.
Pero en enero del 2010 asesinó en una emboscada al ejidatario Antonio Arreola Rodríguez, “y dejó mensajes y razones exigentes por teléfono y radio diciendo que seguiría matando ejidatarios si no se le daba el resto del dinero porque él había dicho que eran 3 millones de pesos”.
Denuncian que “de ese tiempo a la fecha no han parado las amenazas y los insultos”, y que el 15 de octubre del 2011 emboscó al ejidatario Abel Sánchez Salto, en el punto denominado Puerto Trozado “y al ver que no cayó el compañero regresó (otro día) y lo secuestró un día y una noche amenazando a los ejidatarios que ahí lo tenía y que lo iba a matar si no hacían lo que él decía, entonces se le pidió de favor que lo dejara libre que se le iba a conseguir el recurso”.
Ante esta cadena de hostigamiento, informaron, una comisión acudió a la PGR en la ciudad de México “entregando pruebas suficientes como para que liberaran la orden de aprehensión, cosa que hasta el momento no ha habido nada mientras que estos delincuentes siguen cometiendo delito tras delito”.