Pedirán al gobierno federal disculpa pública a seis estudiantes de la UAG, anuncia la Codehum

Redacción

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, informó que pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que exija al gobierno federal el resarcimiento del daño y una disculpa pública para los seis estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), acusados de delincuencia organizada, además de una sanción a los elementos de la Policía Federal que les fabricaron el delito.
El 13 de septiembre a las 9 de la noche Jesús Antonio Moreno Román, Juan Andraca Escalante, Lucio Sandoval Molina, José Luis Dealmonte Díaz, Alan Francisco Alarcón García y Ricardo Muñoz Arzate, fueron detenidos en Coyuca de Catalán por la federal, y entregados hasta las 5 de la mañana del día siguiente a la PGR.
Los familiares y abogados de los detenidos denunciaron que los estudiantes fueron torturados para que se inculparan del asesinato de 16 personas que tres días antes de su detención fueron hallados en Coyuca de Catalán, además de que les sembraron armas y droga.
Ante la falta de elementos y con las pruebas que presentaron los padres de los estudiantes y la dirección de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la PGR desistió de la acusación en la que señalaba la participación de los universitarios en el homicidio de 16 personas.
Después, un campesino originario de Las Cruces, en Coyuca de Catalán, Enrique Sandoval Juárez declaró a favor de los estudiantes y acusó a los policías federales de robarle dos armas en su domicilio, mismas que fueron sembradas a los seis universitarios.
Y finalmente, el martes la PGR, desechó las pruebas que la PF fabricó para incriminar a los seis estudiantes y los liberó, hecho que el ombudsman guerrerense festejó porque dijo que se logró exhibir el modo de operar de la Policía federal.
En entrevista en el Congreso local, donde asistió a la instalación de la comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Juan Alarcón lamentó que los cuerpos policiacos sigan deteniendo a personas inocentes para cumplir con las cuotas de detenidos que les piden en sus corporaciones.
Esas personas son utilizadas por los cuerpos policiacos, dijo, como chivos expiatorios para no detener a los delincuentes y cumplir con su trabajo.
Llevan tantos años con esas practicas que ya son expertos en hacer parecer como reales los escenarios que programan para inculpar a inocentes como fue el caso de los estudiantes, consideró Alarcón Hernández.
Como un lastre de la sociedad mexicana calificó a los elementos de la Policía Federal el presidente de la Codehum.
Adelantó que este viernes solicitará a la CNDH su intervención para que solicite al gobierno federal el resarcimiento del daño moral y social que provocó a los universitarios tras casi un mes de detención, también consideró necesaria una disculpa pública para no dejar el estigma en la imagen de los jóvenes.
La solicitud al gobierno debe ser clara, dijo, y la CNDH debe pedir la aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, para que se sancionen a los policías que detuvieron a los universitarios y les sembraron armas y droga.
Consideró que el dar de baja a los policías no es un castigo suficiente para quienes “estuvieron a punto no solo de echar a perder la vida de seis jóvenes, si no de seis familias”, por lo que los efectivos que realizaron la detención y entregaron las pruebas sembradas  deben enfrentar un proceso judicial, consideró.
Dijo que aún no ha tenido comunicación con los estudiantes liberados, pero les recomendó que estén tranquilos y recuperen la salud que se deterioró durante el arraigo.
Recordó también el caso del estudiante del Tecnológico de Chilpancingo, Benito Chavarría Agustín detenido el 8 de julio acusado de delincuencia organizada y que actualmente está recluido en el penal federal de Matamoros Tamaulipas, quien consideró que fue detenido de manera arbitraria a pesar de su inocencia.
En ese caso, consideró que el traslado al norte del país fue una acción premeditada de las autoridades para alejarlo del apoyo que en el estado se le pudo brindar.