Quienes negocian con marquesanos afectados en Majahua son empleados del gobernador, acusan

Karla Galarce Sosa

El secretario general en Guerrero de la Confederación de Trabajadores Campesinos (CTC), Eduardo Román Guzmán señaló que las reuniones que sostienen líderes de los afectados por la construcción de la marina en playa Majahua, implica “un conflicto de interés”, pues señaló al representante de un grupo de restauranteros, Enrique Molina Ruiz como empleado del gobierno estatal; además que el ex delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Leonel Lozano Domínguez, es otro empleado del gobernador. Hizo un llamado a Ángel Aguirre Rivero para que “ponga orden” y se informe, públicamente a todos los restauranteros afectados por la falta de playa para que conozcan las propuestas vertidas y, en caso de que alguna sea aprobada, ésta se licite.
Señaló un interés de promover a Ocean International que “a puerta cerrada promueve el proyecto y hay una ausencia total de restauranteros”.
“Creo que Leonel Lozano se va a ganar una comisión por promover a una empresa y, los verdaderos afectados, los que podemos preguntar sobre los beneficios no nos enteran”, reclamó el hijo de los propietarios del restaurante Rosa de los Mares, uno de los 26 afectados por la construcción de la marina.
“Yo veo varios conflictos de interés, uno de ellos es que el licenciado Enrique Molina es funcionario público del gobierno del estado, él es empleado de la Contraloría del Estado para la revisión de los municipios; está impedido también para promover empresas de carácter particular el doctor Leonel Lozano, que es el que trae, como promovente a una empresa que nada tiene que ver con el gobierno del estado, pero como son recursos públicos que tal vez tengan que usarse debe haber una licitación pública”, dijo Eduardo Román.
Opinó que si Grupo Mexicano de Desarrollo asumirá el costo total de las medidas de remediación para reponer la playa, y sin el apoyo del gobierno estatal, la empresa deberá responder también por las medidas de remediación.
“Me da la impresión de que algo esconden y por eso es que no me han invitado. Yo hago un llamado al gobernador porque es el único sensible ante la situación que se está presentando con los restauranteros de Puerto Marqués y al hacer un llamado oportuno evitará que alguien tome ventaja a un problema de carácter social”, señaló.
Criticó la falta de información en las reuniones hacia un grupo de restauranteros, hecho que atribuyó a la participación de funcionarios del gobierno estatal.
“Hay personas con quienes me asesoro y que me dicen si puede o no funcionar lo que esa empresa está proponiendo, también tenemos que preguntar a la empresa cuál es el sustento de lo que quieren hacer y en función de eso queremos preguntar, queremos que nos tomen en cuenta para que se tome la mejor decisión”, declaró.
Al final, mencionó que tanto Leonel Lozano, como Enrique Molina “son empleados del gobierno estatal y están impedidos legalmente para ejercer su profesión en el ámbito de particulares, no son restauranteros pues y pedimos que nos tomen en cuenta en las reuniones para conocer de viva voz la propuesta y no nos enteremos de terceras personas y tergiversada la información”.