Carlos Pérez Aguirre

La deuda en Acapulco y el déficit en la SEG

 

¿En qué se parece una manifestación de maestros en plena costera de Acapulco rechazando la nueva y lesiva normatividad que de manera reciente idearon la dirigencia sindical magisterial local y el gobierno del estado con la denuncia que Luis Walton, presidente municipal de Acapulco realizó respecto a la deuda de poco más de mil 561 millones de pesos que le heredo la administración de Manuel Añorve y que pone en quiebra al ayuntamiento porteño? Pues que en ambos casos, además de estar insertos intereses familiares y políticos, el origen de los adeudos corresponde a un manejo administrativo irresponsable. Así en el caso de las nuevas normas de la SEG, el gobernador Ángel Aguirre se basa para su arbitraria aplicación en la existencia de un monumental déficit presupuestal de la Secretaria de Educación Guerrero, déficit real pero que él contribuyó a construir en por lo menos el 60% en un arranque de “generosidad y demagogia” durante su anterior interinato, cuando sin sustento presupuestal autorizó prestaciones fuera del llamado techo financiero y a partir de ahí esa dependencia no ha logrado regularizar sus finanzas.

Esta situación evidentemente continúa y en lugar de buscar vía para la sustentación y justificación ante los entes presupuestales de los recursos que se aplican, se opta por lo más fácil: imponer unas normas que si bien podrían aliviar en algo el ahogo financiero, no resuelven el principal problema, además de generar un gran descontento entre los mentores, quienes con cierta lógica se pregunta que si al gobernador en los medios se le acusa de nepotismo y de que miembros de este clan realizan negocios privados con recursos públicos, lo cual es contrario a toda norma, ¿por qué un maestro no puede aspirar a trasferir su plaza a algún familiar que cuente con el perfil y la preparación adecuada? Y en este último caso el salario sí corresponderá a una contraprestación por trabajo realizado y no a un ingreso jugoso solo por tener algún parentesco con el ejecutivo.

Para el caso de Acapulco, Luis Walton actúa con plena responsabilidad, pues es su deber informar al pueblo de la situación financiera del Ayuntamiento de Acapulco, de la cual había ya indicios cuando se conoció la insolvencia para pagar salarios y adeudos durante la presidencia interina próxima pasada. No es posible que se haya hipotecado el futuro de Acapulco. ¿En qué se aplicaron los recursos presupuestales que recibe? ¿En qué se ocupó un enorme caudal de recursos, que finalmente acabó en un endeudamiento que lesiona a la entidad y especialmente a los acapulqueños? Esas explicaciones las tendrán que dar el primo del gobernante y también los órganos de fiscalización y auditoría. Se lo deben a los guerrerenses.

Los actos irresponsables, por decir y pensar lo menos de los gobernantes que en su momento en vez de cuidar los presupuestos aplicándolos de manera específica, gastaron y dilapidaron recursos que amenazan ahora con colapsar las instituciones y luego se pretende pasar la factura a la población o a los maestros como ahora acontece en la SEG. Ya estamos viendo ahora los problemas del sector educativo, donde se dejan de hacer muchos proyectos y programas por la falta de recursos y en donde se tiene que entrar en contradicción con los docentes, con el objeto de recuperar algunas plazas que se supone se cancelarán. El problema es que la corrupción ha ganado tanto terreno que los maestros tienen serias dudas de que este recurso realmente se rescate en beneficio del presupuesto de la dependencia. Los adeudos son herencia, no son nuevos; lo nuevo es que se trasparenten a la sociedad y no se establezca una red vergonzante de complicidades. La democracia que poco a poco llega a este país genera mecanismos contrarios a la corrupción, y la denuncia de esta es un arma fundamental si queremos evolucionar como sociedad.

Titishando. Graves resultan las agresiones reiteradas contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se les hostiga ahora en sus trayectos, y resulta extraño que esto suceda cuando están solicitando juicio político al gobernante guerrerense y a su secretario de Gobierno, quienes se vieron involucrados ampliamente por, según se filtró a los medios en su momento, haber sido los probables responsables de haber dado la instrucción de desalojo violento. La cobarde agresión que sufrieron los estudiantes en su trayecto a Chilpancingo, en donde volcó el autobús en que se trasladaban y que pudo suscitar acontecimientos más lamentables, al respecto y con base en lo sucedido, la organización defensora de derechos humanos Tlachinollan responsabiliza al gobierno del estado.

 

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