Truncan los diputados del PRD el regreso de Fermín Alvarado al TSJE

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Con 26 votos en contra, el pleno del Congreso del Estado rechazó ayer el dictamen que proponía reinstalar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a Fermín Alvarado Arroyo.
Aunque para no rechazar de manera definitiva el dictamen, a propuesta del presidente de la Mesa Directiva, el aguirrista Antonio Gaspar, el pleno aprobó por unanimidad regresarlo a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para un nuevo análisis.
En la votación del dictamen los diputados del PRD acataron la resolución del Consejo Estatal de ese partido realizado el pasado domingo, que les ordenó votar en contra del dictamen e impedir la reincorporación del priista Fermín Alvarado al TSJE, aunque no se sabe con precisión quiénes lo hicieron a favor o en contra, porque la votación se hizo a través de boleta y en urna.
En esa votación hubo 16 votos a favor del dictamen, de los priistas que estaban optimistas en que su compañero de partido sería reinstalado en el TSJE, pero no contaban con que los perredistas y sus aliados del MC y PT no lo permitirían, pues el lugar que ocuparía Fermín Alvarado ya lo ocupa la perredista, ex síndica de Acapulco y ex diputada local Adela Román Ocampo, quien estuvo presente en la sesión y fue ampliamente felicitada por sus seguidores que la acompañaron pues seguirá en el cargo hasta que no haya otra resolución de algún juez federal.
Fue a las dos de la tarde cuando inició la sesión que había sido convocada a las once, y luego de desahogar asuntos de trámite, se dispensó la segunda lectura del dictamen y se concedió la palabra al diputado presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, Angel Aguirre Rivero, para fundamentarlo.
Al final de la lectura, los priistas no pudieron ocultar su felicidad y le rindieron un fuerte aplauso a Angel Aguirre, incluso la diputada Alicia Zamora se levantó de su curul y fue hasta él para besarlo en agradecimiento por presentar un dictamen que favorecía al ex candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco.
Antes de someterse a votación el dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Gaspar, preguntó a los diputados si intervendrían en tribuna para hablar en contra. Nadie lo hizo. Así que sin discusión se rechazó por mayoría el dictamen, con 26 votos.
Cabe destacar que antes del conteo, a pesar de que no lo marca el procedimiento, el diputado Héctor Astudillo pidió que se cantara el sentido del voto contenido en las boletas, pero el diputado presidente de la Mesa Directiva se lo negó.

El dictamen

En el dictamen que planteaba reinstalar como magistrado del TSJE al priista Fermín Alvarado, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación consideraba procedente “no aprobar el dictamen de evaluación emitido por el ex gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, en el que se determina la no ratificación de los ciudadanos José Luis Bello Muñoz, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Miguel Maya Manrique, Rufino Miranda Añorve y Héctor Román Bahena al cargo de magistrados”.
Y que en el caso de Fermín Alvarado “se le aprueba y ratifica de manera tácita al cargo de magistrado numerario (del TSJE), reconociéndole la inamovilidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política local; razón por la que se ordena su reincorporación inmediata en su cargo de magistrado y el pago de los haberes generados a su favor desde la fecha de su inconstitucional separación a la fecha en que entre en vigor el presente decreto”.
En consecuencia, el dictamen ordenaba “dejar sin efecto el decreto número 772 por medio del cual se ratifica y aprueba el nombramiento expedido a favor de (la perredista) Adela Román Ocampo, para desempeñar el cargo y función de magistrada numeraria del TSJE, en sustitución del magistrado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo”.
Lo anterior a pesar de que en el dictamen se recuerda que el ex gobernador Zeferino Torreblanca, el 20 de abril de 2005, argumentó para no ratificar a Fermín Alvarado como magistrado que el priista no cumple con los requisitos constitucionales, porque “no tiene antecedentes de haberse desempeñado como secretario, actuario, juez menor o juez de primera instancia o agente del ministerio público, ni de carácter federal o de alguna otra entidad federativa”.
Que aunque se recibió de licenciado en derecho y maestría en administración pública en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), “únicamente ocupó diversos puestos de carácter político en esta entidad, como secretario general de Gobierno del estado, secretario de Educación Pública, director general del Colegio de Bachilleres del Estado, secretario técnico de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y algunos otros cargos de carácter político”.
Además de que “en estas condiciones fue designado magistrado numerario del TSJE, sin tener experiencia alguna de carácter jurisdiccional sino sólo en materia política y por tal razón durante los periodos de tipo electoral ha solicitado permisos para dedicarlos a actividades partidistas, y en ocasiones aun sin permiso solicitado a la presidencia del TSJE, ha dedicado su tiempo al activismo político, faltando a sus labores como magistrado adscrito a la Sala Familiar, por lo que sus ausencias han desmerecido en la tramitación y resolución de los asuntos judiciales que en Segunda Instancia Familiar plantean ante dicho Tribunal”.
El ex gobernador Zeferino Torreblanca argumentó entonces que además Fermín Alvarado tenía en su contra las averiguaciones previas números TAB/AEDS/02/492/2005, TAB/BH/058/2005-I,  FG/AC/006/2004, iniciadas por los delitos de violencia intrafamiliar la primera, por querella presentada por la señora Miriam Dalia Domínguez Gabriel; la segunda por el delito de injurias, difamación y lo que resulte promovida por José Salgado Benítez; y la tercera por delito electoral en agravio del proceso electoral para gobernador 2005, respectivamente”.
Al respecto, indicó Torreblanca: “Del contenido de dichas averiguaciones se desprende que el mencionado magistrado, Fermín Alvarado Arroyo, ha descuidado la conservación de su honorabilidad como funcionario público de alto rango del Tribunal Superior de Justicia del Estado, incurriendo en actos que lo han hecho merecedor a que se inicien averiguaciones previas en su contra, en una de las cuales incluso se le otorgó perdón con todas las consecuencias inherentes a la aceptación de los hechos imputados y en la segunda  y tercera de las averiguaciones se toma conocimiento de que efectivamente parte del tiempo que debería dedicar a cumplir con sus actividades como funcionario público del Poder Judicial del Estado lo dedica a otras cuestiones, de índole política”.
Y es que era del conocimiento público que Fermín Alvarado, “magistrado durante los 6 años que ha figurado con tal designación, comúnmente sólo recurre a laborar 2 o 4 días, faltando el demás tiempo a sus labores, y negándose a recibir a las personas que le solicitan audiencia o poniéndoles fechas extremadamente largas para recibirlas en audiencia”.

Sobre la revolución

Al final de la sesión, intervino el diputado del PRD, Nicanor Adame Serrano, para hablar con motivo del 102 aniversario de la Revolución Mexicana, e invitó a los diputados a reflexionar “y marcar con trabajo, responsabilidad, disciplina y entrega el porvenir de esta patria nuestra y este nuestro suelo guerrerense; por el bien común y la organización social, vayamos juntos trabajando por los ideales que nos dieron patria”.
Además les propuso a los diputados “recobrar plenamente el sentido de comunidad; desarrollar al máximo el sentido de responsabilidad y solidaridad, los grandes problemas nacionales y los cambios que requiere México, demandan un gran compromiso y la participación de todos”.
Igual les dijo que deben restaurar “la ética política, mediante la revaloración del compromiso social, con los grandes intereses de la nación, a nadie conviene el mantenimiento de élites económicas y políticas por un lado, y por otro, mayorías empobrecidas y miserables”.
Incluso dijo que necesitan “una democracia más participativa en los hechos, no en el discurso, los ciudadanos deben participar en la toma de grande decisiones que se traduzcan en acciones de gobierno para beneficio de todos”.
Y urgió a recuperar la soberanía e identidad nacional, reconstruir el tejido social y restablecer plenamente el Estado de derecho y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, para lo cual “es necesario recuperar la seguridad y la paz en nuestro país, resolver pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades sociales, porque si no lo hacemos, el futuro será de más luto y dolor en muchos hogares del país”.
Y con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia del 16 de noviembre, el presidente de la Mesa Directiva, el aguirrista Antonio Gaspar, señaló que se vive “en un entorno donde las presiones, preocupaciones y muchos males que la vida cotidiana nos pone en el camino crean en muchas ocasiones el ser intolerantes, el tráfico vehicular o el escuchar una simple conversación de un familiar o amigo nos pone en un estado de enojo”.
Por esta conmemoración, indicó: “Ante esta fecha tan importante y ante el valor humano que le tenemos a la vida, los invito a fortalecer cada día este valor tan importante, pues ante los tiempos de inseguridad y violencia que México vive, se requiere que cada uno de nosotros aportemos y abonemos a fortalecer este valor desde el espacio o cargo que tengamos, que seamos el factor del cambio, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores gobernantes, pero sobre todo para dar pie a que las cosas tengan un nuevo rumbo”.

En los asuntos de trámite, se turno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el informe de la cuenta pública de 2011 de Acapulco, que les envío la Auditoría General del Estado (AGE).
También se aprobó exhortar al secretario de Fomento Turístico, Javier Aluni Montes, para que desarrolle un programa de rescate y promoción turística de Acapulco.
Igualmente se aprobó el programa de actividades de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para el análisis, debate y legitimación de la iniciativa para la nueva Constitución Política del estado.
A la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, le aprobaron exhortar al gobierno del estado para que constituya  la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado.
Y se aprobó el exhorto a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal, para que declare el 2013 como el Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación y se autorice la emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac.