Deja Calderón un país con “involución en derechos”, acusa la CNDH

Agencia Proceso

Ciudad de México

A pesar del cúmulo de quejas recibidas a lo largo del sexenio por la sistemática violaciones de los derechos fundamentales por parte de las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiacas del país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, mantuvo una actitud dócil, condescendiente, con el presidente Felipe Calderón.

A escasos siete días de que el mandatario panista deje los Pinos, el ombudsman nacional se destapó y en dos días consecutivos lo ha tundido.

Ahora, Plascencia aseguró que Enrique Peña Nieto heredará un país con una “involución en derechos humanos”.

Entrevistado en la ciudad de Tlaxcala, al término su participación en el 36 Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), donde dicto una conferencia magistral, el titular de la CNDH dijo que esa “involución en derechos humanos” se explica por la falta de resultados del área de seguridad pública, misma que se vio involucrada en casos de violaciones en la materia.

El único logro de las distintas fuerzas de seguridad pública, acotó, fue el incremento exponencial de casos de tortura, tratos crueles, cateos ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, una crisis y autogobierno en los penales, además de la fuga de 600 reos.

“Lamentablemente en estos últimos seis años se dieron incrementos exponenciales en materia de violaciones a derechos humanos, es una muestra lamentablemente, pues hubo una involución en el tema de derechos humanos, en lugar de avanzar, de que hubiera mejor desempeño por parte de los servidores públicos, fue un retroceso en la materia”, deploró.

Sin embargo, el panorama que describió este viernes el ombudsman nacional, a unos días de que Calderón entregue la Presidencia, ya había sido expuesto por diversos activistas y organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El 25 de noviembre de 2011, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad, queja respaldada con más de 23 mil firmas, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada.

En México, aclaró Sandoval, “existe un vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para denunciar situaciones como las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un simple asesinato”.

Ese clima de violencia generalizada, abundó en ese entonces, ha dejado en los últimos cinco años “más de 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”.

Meses más tarde, en julio de este año, Calderón dijo en una entrevista publicada por El País que no temía ser llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya.

No obstante, a principios de este año, HRW denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido diversas violaciones de derechos humanos y que los militares aún gozan de impunidad en esos casos.

Uno de los gremios más afectados por la violencia en el calderonismo es el de los trabajadores de los medios, agresiones que han llevado a manifestarse a decenas de reporteros y ONG para exigir la protección a este sector.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó, el 3 de mayo pasado, que los cárteles de la droga se mantienen en la lista anual de “depredadores” de la libertad de prensa.