Confían normalistas en la investigación y la línea marcada por la CNDH

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La posición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa respecto al desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados dos estudiantes, es que se realicen las investigaciones en la línea que trazó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Para los jóvenes, la postura del ex procurador Alberto López Rosas son una muestra de cómo los señalados buscan eludir su responsabilidad en el doble crimen.

Informó lo anterior el vocero de la dirigencia estudiantil, Diego Castro Domínguez, sobre al libro que presentó el ex procurador, donde afirmó que el  secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ordenó el desalojo de los estudiantes de la carretera federal, a unos metros del acceso a la Autopista del Sol, y que además pidió la detención de algunos manifestantes; asimismo, que del despacho del secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Genaro García Luna, salió la orden de disparar contra los estudiantes.

Del libro donde López Rosas informa su versión del desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, Castro Domínguez indicó que para los normalistas es claro que autoridades y ex funcionarios estatales como federales van a echarse la culpa uno al otro, pero la investigación especial que realizó la CNDH y las recomendaciones que emitió son un avance para llegar a la verdad y al castigo a los responsables que tuvieron que ver con la orden del desalojo y con la muerte de dos estudiantes.

“Avalamos por completo la investigación de la CNDH, y en base a recomendaciones vamos a exigir que se esclarezca los hechos”, dijo, aunque consideró que los juicios políticos que se iniciaron en el Congreso del estado a casi un año de los hechos, contra Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, no son garantía de justicia.

López Rosas también dice que envió policías “de academia”, desarmados, pero no explica porqué no acataron la indicación, y en ese sentido Castro Domínguez recordó que los alumnos vieron que todos los policías portaban armas de alto poder, y desde la Procuraduría General de Justicia del Estado que encabezada el perredista, se intentó “sembrar” un arma a un estudiante con la intención de responsabilizarlo del homicidio de sus compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; “no tenemos que probarlo, los estudiantes lo vimos”, dijo.

Aunque después la CNDH determinó con peritajes que los balazos que mataron a los estudiantes provenían del poniente, donde se encontraban los policías ministeriales y estatales, a un lado de la tienda departamental Liverpool, el joven indicó que los alumnos presenciaron que cuando se desplomó Gabriel en el carril de la carretera que va de sur a norte, se escucharon los disparos de la Policía Federal, y cuando cayó al piso Jorge Alexis, rafaguearon los ministeriales.

Finalmente, consideró que el juicio político que van a realizar los diputados locales debe concluir con una responsabilidad penal para todos los que participan en la orden del desalojo, porque es lamentable que a un año no se tenga a los responsables  por la privación de la vida de sus compañeros.

El joven fue entrevistado en la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde continúan las gestiones para que un organismo ajeno al gobierno aplique el protocolo de Estambul a cinco estudiantes detenidos por la Policía Federal hace 20 días, para que determine si fueron sometidos a actos de tortura, cuando fueron sometidos en el punto conocido como Casa Verde, en el entronque de la carretera federal que lleva a Filo de Caballo, donde realizaban una colecta.