En 2012, agresiones a ciudadanos, organizaciones y estudiantes que demandaron justicia y atención

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En 2012 persistieron las agresiones contra ciudadanos, organizaciones sociales y estudiantes que alzaron la voz para demandar justicia y atención a sus problemas, tan es así que a mediados de año, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que aquí los defensores y defensoras sufren asesinatos, violaciones, hostigamientos, torturas, amenazas y persecuciones.
Incluso, el representante adjunto en México de la OACNUDH, Jesús Peñaloza Palacios, señaló que la entidad ocupa el cuarto lugar en cuanto a persecuciones y el primer lugar en recomendaciones que emiten organismos internacionales al Estado mexicano, en junio pasado. A continuación se mencionan algunos casos que reflejan esta situación, en el año que terminó.

Victoria y Coral

Desde finales de 2011 y a principios de 2012, Victoria Bautista y Coral Rojas, hijas de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, comenzaron una larga jornada para buscar el paradero de sus padres.
Los dirigentes están desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011, y fueron vistos por última vez en una carretera de Costa Grande, cuando iban a la ciudad de México, y fueron bajados de un autobús del servicio público por un grupo de la Policía Ministerial del estado. En su informe de mayo, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, detalló cómo su búsqueda las colocó en una situación de riesgo.
Pero por la falta de resultados y la intervención fallida del gobernador en el caso, Coral y Victoria buscaron apoyo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al cual también pertenecían Eva y Marcial, que motivó la solidaridad de organismos nacionales e internacionales que exigieron la atención en el caso a la Presidencia de la República.

El hostigamiento en Ayutla

El dirigente na savi de la Organización para el Futuro del Pueblo  Mixteco (OFPM), Maximino García Catarino fue detenido el 21 de enero en la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres, por la Policía Investigadora Ministerial, como sospechoso de homicidio y liberado dos meses después por falta de pruebas.
Del caso, el Centro Tlachinollan señaló que su aprehensión fue parte de la política represiva y persecutoria que viene aplicándose desde los gobiernos priistas, como el método más efectivo para atemorizar y desmovilizar a la población inconforme.
Antes, documentó que de junio del 2007 a mayo del 2008, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue la más perseguida y hostigada tanto por el Ejército, las autoridades policiacas y la misma autoridad municipal de Ayutla de los Libres; ante la presión de organismos estatales y nacionales, el Tribunal Superior de Justicia resolvió el auto de libertad del dirigente.

La advertencia del gobernador

Un día antes de cumplirse un año del desalojo a balazos de normalistas de Ayotzinapa, donde fueron ejecutados dos estudiantes, y poco después de bloqueos regionales de maestros de preparatorias populares que demandaban un presupuesto público, el gobernador anunció que se iba a “sancionar a quien se tenga que sancionar, por actos que se aparten del Estado de derecho”.
La declaración motivó la condena de organismos de organizaciones sociales y de derechos y humanos porque en Guerrero la protesta constituye una posibilidad real de que los ciudadanos sean escuchados por las autoridades, pero porque es un ejercicio legal y legítimo.
Incluso, después su oficina de prensa se puntualizó que el ejecutivo respeta las expresiones de protesta, cuando se desarrollen dentro de las libertades constitucionales, pero “hay quienes promueven actitudes radicales y violentas que constantemente agravian al resto de la población, provocando que justamente se reclame la intervención del gobierno para que todos puedan desarrollar sus actividades en paz y con normalidad”.
Y confirmó que si hay excesos y la ciudadanía ajena a los reclamos es afectada, “el gobierno tiene la obligación de utilizar los mecanismos legales para proceder en consecuencia… Y eso no es invocar la ley para reprimir, es simplemente resguardar el Estado de derecho”.
Meses antes, en su informe 18, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, señaló que “al ejecutivo estatal no le importa el  costo político que representa la violencia institucional, por el contrario, le ha apostado a transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan bajo la lupa del código penal. Se ha impuesto una línea política por encima de los estándares internacionales de derechos humanos.”
Lo grave de esta tendencia, indicó, es que criminaliza la lucha social y fortalece el poder punitivo del estado, que se engalla para encarar los conflictos sociales con la lógica de la guerra, de ver a los ciudadanos como enemigos, de tratarlos como delincuentes y de aplicarles todo el peso de la ley para aplastar su dignidad y su derecho a protestar.

Después del 12 de diciembre

Después del desalojo policiaco de estudiantes en Chilpancingo, a unos metros del acceso a la autopista del Sol, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 27 de marzo de 2012, la recomendación, donde concluyó que policías de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, participaron en el operativo donde dos alumnos fueron asesinados y se documentaron otras graves violaciones a sus garantías individuales.
Asimismo, falleció un trabajador de una gasolinería, herido de muerte cuando intentó sofocar el incendio de una máquina despachadora.
Desde esa fecha los normalistas denunciaron actos de acoso y hostigamiento en su demanda de justicia, mientras otros sectores, alentados por grupos políticos, comenzaron una campaña en respaldo al gobernador y desprestigio para los estudiantes.
En este marco, el gobernador desacreditó el trabajo del Centro Tlachinollan que asumió la defensa de los estudiantes víctimas de graves violaciones, cuyo trabajo se complicó cuando coordinador de Asuntos Jurídicos, Vidulfo Rosales Sierra, recibió una amenaza de muerte.
“La presencia de los abogados en las instalaciones de la PGJE siempre ha causado incomodidad y malestar entre los agentes policiacos. Esta aversión no sólo se manifiesta en su trato osco e indiferente sino también en actos intimidatorios como la intriga y el acecho permanente dentro de sus instalaciones, así como la amenaza, acoso y seguimiento en vehículos sin placas por parte de personas armadas vestidas de civiles que, a raíz de la defensa de los estudiantes de Ayotzinapa, se focalizaron contra el compañero Vidulfo”, así se reseña la situación en uno de sus informes.
La situación llegó al límite el 4 de mayo, cuando Vidulfo descubrió la siguiente amenaza: “Vidulfo. Abogadito pendejo defensor de vándalos y guerrilleros deja de estar chingando, cállate el hocico o te vamos a mandar a tu tierra en pedazos. No estamos jugando, no sigas diciendo pendejadas o te vas a morir. ¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes La Parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores por que t stamos [sic] siguiendo, sabemos lo que haces y donde andas. Te va a morir te vas a morir te vas a morir ja ja ja. Att. La Ley”.
Por su seguridad y la del equipo, Rosales Sierra salió del país, pero regresó tres meses después, y a la fecha sigue representando a los normalistas de Ayotzinapa ante las instancias de justicia donde siguen demandando justicia integral para las víctimas.

Ayotzinapa

La lucha de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Brugos de Ayotzinapa, (que cada año se movilizan para que se les garantice el derecho a la educación y al trabajo) tuvo aspectos que la distinguieron de otros años, a propósito del desalojo a balazos del 12 de diciembre.
El último año, las movilizaciones fueron pacíficas, no hubo toma de edificios y pintas mínimas, en general son atribuidas a grupos solidarios, y en medio de un proceso judicial por justicia para su compañeros caídos, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, todos sus movimientos son permanentemente vigilados.
Dos días antes de la marcha para rememorar los eventos de violencia en la autopista del Sol, donde participarían deudos de las víctimas y organizaciones sociales, un grupo de normalistas denunciaron otra agresión de policías federales cuando pedían cooperación en una carretera Chilpancingo-Iguala, que golpearon, amenazaron  y luego entregaron a la PGJE.
Horas después, la PGJE se deslindó de los hechos y notificó que los puso en libertad, pero nunca se precisó bajo qué cargos habían sido puestos a disposición.
Asimismo, la madrugada del 13 de diciembre, después de la marcha estatal, cuando un grupo de estudiantes regresaba a Chilpancingo en un autobús del servicio público de la Costa Grande, fueron abordados por un grupo armado de encapuchados, que consideraron podían ser judiciales, por el tipo amenazas que recibieron. Entre otras cosas, les dijeron que serían quemados vivos en el vehículo, y presentaron la denuncia de hechos en la PGJE.
Las agresiones contra los estudiantes por ejercer su derecho a la protesta en la toma de casetas de cobro y de edificios públicos, comenzaron a intensificarse en 2007; el 30 de noviembre de ese año en la caseta de La Venta de la Autopista del Sol, fueron desalojados con un saldo de 56 personas detenidas y 28 sujetas a proceso.

Defensores de la bahía

En abril, representantes de organizaciones de derechos humanos denunciaron hostigamientos y amenazas contra la líder de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Obdulia Balderas Sánchez, en el marco de la lucha en defensa de la bahía de Zihuatanejo que estaban dando junto con el Movimiento de Pueblos Unidos contra la privatización de la bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí que pretendía el gobierno federal mediante la concesión a una empresa.
El director del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, señaló entonces que las amenazas y la persecución de la ecologista no era algo nuevo, y demandó a los gobiernos municipal, estatal y federal, garantizar su integridad física.
En octubre continuaban las movilizaciones contra la obra federal y Balderas Sánchez, denunciaba la venta de los recursos y bienes nacionales a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Asimismo, vecinos de Puerto Marqués en Acapulco se organizaron para oponerse a una concesión de la SCT en la playa Majahua, aún frente las intimidaciones de la empresa privada para disuadir su lucha. De acuerdo con los inconformes, los trabajos de la obra consistían en un relleno de la playa que abarca ocho hectáreas de mar para construir allí una marina privada, incluso de manera extraoficial de hablaba de la construcción de cajones para yates privados, que acabarían con la fauna silvestre.