Exigen seguridad y justicia al gobierno estatal luego del asesinato de dos choferes en Tlapa

Redacción

La Unión de Concesionarios de Autos de Alquiler de Tlapa sitio Juárez lanzó un enérgico llamado de atención al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, además de autoridades civiles y militares para exigir una respuesta inmediata ante el clima de inseguridad y violencia que afecta al gremio del transporte público de la ciudad de Tlapa, específicamente a los trabajadores del volante de su sitio.
Lo anterior se presenta luego de la consternación de choferes ante la pérdida de sus compañeros José Regino García Vicente y Reynaldo Rosendo Pineda, quienes fueron privados de la libertad el 21 y el 29 de diciembre y posteriormente asesinados en fechas distintas. Los agremiados están exigiendo justicia para que los homicidios no queden en la impunidad como ha ocurrido en otros casos de transportistas asesinados.
Por medio de una carta signada por más de 200 choferes y concesionarios, los transportistas informan que a pesar de la búsqueda que emprendieron junto con familiares y policías estatales desde el primer día de sus desapariciones, los cadáveres de los choferes fueron localizados hasta el 31 de diciembre y 1 de enero de 2013 en dos parajes distintos de La Montaña.
Por la forma en que encontraron los cuerpos, testimonios recogidos en el texto asumen que los homicidios se cometieron días después de que los taxistas fueron privados de su libertad.
Formulando hipótesis señalan como probable móvil el robo de vehículo, pero por parte de alguna banda “con alto nivel de criminalidad” que además de robar, también sacrifican a los conductores para evitar, posiblemente, ser identificados.
El testimonio escrito de transportistas, asegura que los choferes tenían buena reputación en la organización y en su vida pública, además de contar con limitados recursos económicos, “sus homicidios nos duelen porque ninguna riqueza material podrá ser suficiente para devolverle la paz a sus familias y la tranquilidad a todos los que nos ganamos la vida atrás de un volante”, lamentan.
Es así que al gobernador y a la procuradora les demandan movilizar la estructura burocrática y policiaca que dirigen para iniciar un trabajo de investigación serio, científico y profesional que arroje la identificación de los responsables para que sean consignados y no puedan obtener fácilmente su libertad por falta de elementos como ha ocurrido ya en la región.
En lo que respecta al poder judicial del estado y al federal de ser el caso, piden a partir de la emisión del texto atender bajo criterios, con sensibilidad humana y no legaloide, los asuntos en los cuales se encuentren involucrados choferes y transportistas.
A los funcionarios públicos, les piden conciencia para que dimensionen la responsabilidad alta que tienen para restablecer el orden a partir de la ley y no inclinar la balanza a favor de los delincuentes en lugar de los agraviados.
Al gobierno municipal, encabezado por Victoriano Wences Real, le solicitan un compromiso verdadero con la seguridad, traducido no sólo a rondines de prevención, sino también a la intervención inmediata cuando les sea solicitado el apoyo a la Policía Preventiva Municipal.
También, le apremian a contar con tecnología de punta en los accesos de la ciudad para detección de individuos dedicados al robo de vehículos y de unidades que sean sustraídas antes de que abandonen el municipio.
En lo concerniente a los cuerpos de seguridad municipal, ministerial y federal, incluidas autoridades militares, les demandan la implementación de un operativo permanente en todas las carreteras y accesos a la población de la región que inhiban la delincuencia y no sean utilizados para extorsionar a los ciudadanos.
En el documento, se les reitera la solicitud de acudir con prontitud cuando se les pida el auxilio porque han registrado casos en los que cuerpos de seguridad no intervienen en zonas identificadas como trincheras de delincuentes en donde además se comercializan vehículos robados, esto, sin proporcionar datos específicos.
Las peticiones se hacen extensivas a los organismos de derechos humanos para que acompañen y coadyuven en la petición de justicia y seguridad que “se sustenta en la memoria de los compañeros sacrificados para que ninguna otra muerte y robo de vehículo tengan que ocurrir sin que se ofrezca ayuda legal, material y psicológica a las familias afectadas”.
Asimismo, a los medios de comunicación impresa les solicitan solidaridad para que se constituyan como mensajeros de la ciudadanía ante los distintos niveles de gobierno sobre este reclamo común de cese a la violencia y para que los lleve a actuar en forma pronta y oportuna.
El cuerpo del primer chofer asesinado fue encontrado el 1 de enero en las inmediaciones del poblado Tres Marías en Malinaltepec. El vehículo que conducía fue localizado al día siguiente de su desaparición en una comunidad de Acatepec pero el cuerpo se localizó diez días después en un lugar distante a donde ubicaron el vehículo.
Su cuerpo, fue lanzado a una ladera desde el muro de contención de la carretera y presentó signos de descomposición. El segundo taxista que conducía el taxi 155 fue localizado el 31 de diciembre cerca de la localidad de Coachimalco, su cuerpo mostraba indicios de haber sido asesinado el día que fue encontrado.
El vehículo no ha sido ubicado e información no oficial apunta que el conductor y el vehículo fueron vistos en la carretera Tlapa- Marquelia con rumbo a San Luis Acatlán por la comunidad de Tilapa el domingo 30.