Legalizar las policías comunitarias, insta Bernardo Ortega al gobernador

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, exhortó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a las comisiones de Seguridad Publica y de Justicia del Legislativo a que presenten iniciativas de ley en las que se les dé certeza jurídica a las policías comunitarias que “de toda la vida han funcionado y que son sistemas de seguridad muy confiables”.
En entrevista, el perredista también dijo que el levantamiento en armas de los habitantes de Ayutla, respaldados por ciudadanos de Tecoanapa, Cruz Grande  y Copala, está plenamente justificado por el hartazgo de la ciudadanía al no encontrar en “el gobierno garantías de seguridad”.
Consideró que acciones como las tomadas el fin de semana en Ayutla, donde la población armada se hizo cargo de la seguridad, harta de la presencia y acciones de los grupos delincuenciales que operan en la zona, son una “reacción natural”.
Dijo que “es lógico que los ciudadanos respondan de esa manera ante las extorsiones, secuestros, cobros de piso y demás infracciones de la delincuencia realiza”, y consideró que no se debe criminalizar a quienes reaccionan ante la impunidad.
Explicó  que a pesar de que “pudieran parecer ilegales las medidas de seguridad de los habitantes de Ayutla, sólo están buscando cómo defenderse y proteger a sus familias y su patrimonio”, sin importarles que para eso tengan que realizar actividades de seguridad pública que no les corresponden.
Consideró que las corporaciones policiacas y el Operativo Guerrero Seguro necesitan actuar con inteligencia y no sólo con las armas, además de que “deben ser confiables”, porque reconoció que muchas personas no denuncian los hechos delictivos por temor a que existan policías coludidos con la delincuencia organizada.
Hizo un llamado al gobierno del estado para que agilice la depuración de los cuerpos policiacos y sean capacitados para que puedan hacer frente a la delincuencia y cuenten con el aval de los ciudadanos.
De lo contrario, “los municipios tendrán motivos para seguir tomando las armas para defenderse”, e insistió en que el municipio que asumió su autodefensa únicamente se está defendiendo y no es el agresor, y si el Estado “no cumple con su labor, todos se armarán y podrían conformarse grupos paramilitares”.
Reconoció que la Policía Comunitaria es un sistema de seguridad ancestral en muchos municipios y comunidades, pero la diferencia que es que antes no estaban organizada intermunicipal o interregionalmente, pero que siempre ha dado buenos resultados, por lo que consideró viable que se dé certeza jurídica a esas agrupaciones.
En el Congreso local ningún diputado ha planteado legislar para darle garantía legal a las personas que han formados grupos de seguridad comunitaria, entre ellos el grupo más representativo en el estado, la CRAC, pero dijo que es necesario que exista una ley que garantice y dé legalidad a la labor de esos grupos ciudadanos.
En el Poder Legislativo, las comisiones que podrían presentar esas iniciativas son las de Seguridad Pública, que preside el priista Rubén Figueroa Smutny, y la de Justicia que encabeza el panista Jorge Camacho Peñaloza, pero también el gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene la facultad de enviar esa iniciativa de ley.
Por eso exhortó a los legisladores y al gobernador a que presenten propuestas de ley para garantizar la labor de las policías comunitarias y éstas dejen de estar en la ilegalidad.
De la declaración del gobernador, en la que reconoció que las acciones de los habitantes de Ayutla fue por la desesperación al no observar respuestas de las autoridades, no quiso emitir comentarios después de que Aguirre Rivero reconoció que el gobierno no ha garantizado la seguridad en el estado, pero sí consideró preocupante que el Estado no consiga garantizar la seguridad de los guerrerenses.