Infiltra El Chapo a fuerzas federales: compró cocaína, armas e información

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un equipo de relaciones públicas del Cártel de Sinaloa gestionó la compra de una tonelada de cocaína almacenada en una bodega de la PGR, adquirió granadas de la Secretaría de Marina, cartuchos del Ejército e información de investigaciones de la SEIDO.
Expedientes judiciales a los que Reforma tuvo acceso detallan las confesiones de un militar, un abogado y dos testigos protegidos, quienes aseguran que éste equipo habría pagado 250 mil dólares por la investigación contra Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, presunto operador de Joaquín El Chapo Guzmán en Guerrero.
Los publirrelacionistas dicen haber tocado las puertas del Ejército en distintos niveles; incluso, intentaron en 2012 reunirse con el general Germán Jiménez, entonces comandante de la Décima Zona Militar en Durango, para frenar la persecución contra los Cabrera Sarabia, clan vinculado con El Chapo y que controlaba el noroeste del país, según la causa penal 57/2012 del Juzgado Décimo de Distrito en materia penal del Distrito Federal.
Sólo consiguieron reunirse con un general de apellido Castillo, adscrito a la misma zona. Según testificaron, a pesar de que lo emborracharon, no llegaron al general Jiménez, quien fue relevado el 1 de febrero de 2012, en medio de una escalada violenta en el estado.
Nada hubiera llegado a oídos de la PGR de no ser por una mujer vinculada con la organización de los Beltrán Leyva quien sufrió el secuestro de unos familiares. Primero, ella habló con sus rivales del Cártel de Sinaloa para localizar a sus seres queridos y a cambio les hizo favores.
En el camino grabó conversaciones telefónicas y después las ofreció a la PGR para delatar a los Cabrera Sarabia. La mujer se convirtió en la testigo protegido “libre” cuando el clan se desmoronaba.

En busca de familiares

El 11 de marzo de 2011, Andrés Vázquez Vela y Judas Fabián Vázquez Cisneros fueron vistos por última vez. Se presume que fueron levantados sobre la avenida Felipe Pescador de la capital de Durango.
Uno era tío y el otro primo de una mujer identificada como Rosario, quien desde el 2008 es ubicada por el FBI como operadora de los Beltrán Leyva en Nogales, Sonora, donde cobraba cuotas de mil a mil 500 dólares por cada indocumentado que cruzaba por la frontera.
De acuerdo con su declaración ante las autoridades, Rosario se movilizó para localizar a sus familiares, pero no acudió a las autoridades sino al penal estatal de Durango para entrevistarse con un criminal, quien a su vez le consiguió el PIN de Blackberry de Luis Alberto Cabrera Sarabia, Don Beto.
Contó que en julio de 2011 se entrevistó en una finca con Don Beto y le pidió ayuda para localizar a sus familiares.
“Ponga atención porque las autoridades estatales encontraron una narcofosa en una casa del Fraccionamiento Las Fuentes. Dígale a sus familiares que se hagan una prueba de ADN, posiblemente sus familiares estén entre los cadáveres”, dijo el jefe regional del Cártel de Sinaloa.
Cabrera le cuestionó a Rosario qué estaba dispuesta hacer a cambio y ella, según testificó, respondió que lo que fuera necesario. En ese momento, Don Beto le dijo que había escasez de granadas calibre 40, conocidas como “desodorantes”.
“Consígame desodorantes y voy a ver qué tan cabrona eres, esas cosas no se consiguen así como así””, le dijo Don Beto.
El 6 de agosto de 2011, la Fiscalía General de Durango informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina en Durango, donde se encontraban los familiares de Rosario.