En marcha, exige FUERSA hablar con jueces sobre amparos contra la reforma laboral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Sindicatos afiliados al Frente Único Estatal de Representaciones Sindicales Autónomas (FUERSA) marcharon por calles del centro de Chilpancingo hacia el Juzgado de Distrito para pedir una entrevista con los jueces que recibieron ocho solicitudes amparos colectivos contra la reforma laboral (que integran a unos 20 mil trabajadores).
Luego de la audiencia, el abogado del colectivo, Javier Vázquez García, anunció que se dio entrada a los amparos de ocho sindicatos contra la reforma laboral pero se negó la suspensión provisional que será enviada para su análisis a la ciudad de México.
Vázquez García recordó que FUERSA solicitó la suspensión provisional de la aplicación de artículos inconstitucionales de la Ley Federal del Trabajo y, aunque se dio entrada a los amparos, se negó la suspensión provisional en tanto no sea valorado el tema a fondo.
Explicó que a nivel federal se han promovido cerca de dos millones de amparos que hizo  que el Poder Judicial de la Federación abriera dos juzgados auxiliares que van a resolver las demandas, por lo tanto, las solicitudes de amparo de la justicia federal que se entregaron en Guerrero, se van a turnar a la ciudad de México, como hicieron en las impugnaciones a la Ley del ISSSTE, aunque en ese caso no prosperaron.
Señaló que la asociación de abogados democráticos ya tenía previsto ese escenario y darán seguimiento a estos casos desde la capital del país.
En la comisión de representantes, participaron los secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de Colegios de Bachilleres, Román Zúñiga García, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Brenda Alcaráz González, del Sindicato de Trabajadores de Académicos de la UAG (STAUAG), Cuauhtémoc Girón Serna, del Sindicato Único del DIF, Víctor Santos Mesa, del Sindicato Independiente del Instituto Superior de la Montaña y Extensiones, Roberto Tapia Romero, del Sindicato de Jubilados y Pensionados de la UAG, Martín Ortiz Valle, y del Sindicato Nacional de Trabajadores para la educación de los Adultos, Guadalupe Almazán.
En representación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Iván Hernández Díaz, destacó que los trabajadores de la iniciativa privada son los más vulnerables ante la nueva política laboral del país porque los sindicatos se respaldan en sus Contratos Colectivos de Trabajo.
Sin embargo, los voceros también señalaron que cuando un trabajador sindicalizado sea despedido, sólo les pagarían un año de salarios caídos, independientemente del tiempo que se lleve el juicio.
Se recordó que uno de los problemas de la UAG es el reconocimiento de la antigüedad real de la plantilla de trabajadores que se agravará con la aplicación de la reforma.
Asimismo, denunciaron que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo vienen a legalizar los trabajos más precarios, como es la subcontratación que fomentan las empresas transnacionales para evadir los derechos de los trabajadores.
Loa manifestantes gritaron consignas contra la reforma y cerraron la calle 5 de mayo por dos horas, mientras se realizaba la audiencia con el juez sexto, José Salvador Cervantes Olvera.
Los manifestantes reiteraron que la reforma atenta contra principios fundamentales señalados en los convenios que México firmó con la Organización Internacional del Trabajo.