Cesan a fiscales y jefes policiacos por el caso Ayotzinapa

Marchan de Tixtla a la capital y bloquean la carretera*** Unos mil campesinos de Chilapa, Copalillo y Tixtla llegaron ayer a pie a Chilpancingo y se manifestaron con un bloqueo de dos horas en la Autopista del Sol para demandar insumos agrícolas, recursos para proyectos productivos, apoyo para vivienda y la creación una universidad alternativa para los más pobres de Guerrero * Foto: Éric Chavelas Hernández

*Atribuyen a siete funcionarios probable responsabilidad “en los acontecimientos” que causaron la muerte de dos estudiantes

* Entre ellos están el fiscal para Delitos Graves, el del Combate al Secuestro  y el coordinador ministerial en Chilpancingo

* Maestros aceptan al director enviado por la SEG a la normal

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Por su probable responsabilidad en “los acontecimientos” del desalojo contra normalistas donde murieron dos estudiantes, el gobierno estatal destituyó a siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que estarán sujetos a un procedimiento administrativo y en algunos casos a investigación penal.
Trabajadores de la PGJE dijieron que temen que comience una “cacería de brujas ante la presión que tiene el gobernador”.
La notificación de la destitución se dio el martes por la noche, un día después de la reunión del  lunes en Casa Guerrero del gobernador Ángel Aguirre Rivero con agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), entre ellos algunos de los destituidos.
En un comunicado de prensa emitido anoche, el gobierno estatal informó que destituyó a siete servidores públicos de la PGJE “por su probable responsabilidad en los acontecimientos del pasado 12 de diciembre”, Cuando fueron desalojados a balazos normalistas de Ayotzinapa que bloqueban la Autopista del Sol.
Los destituidos son el ex director de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de Costa Chica, José Vélez Zapata, el fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves,  Esteban Maldonado, y el especializado para al Combate de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera.
También el coordinador de zona de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo Molina, el coordinador de grupo Salvador Téllez Márquez y los policías ministeriales Israel Espinoza Aguilar y  Miguel Salazar Gaona.
En el boletín de menos de una cuartilla, el gobierno estatal ratificó que “a quienes tengan alguna responsabilidad, administrativa o penal se les aplicará la ley, y que es firme el compromiso de que no haya impunidad ni en este ni en algún otro caso”.
El cese de funcionarios ocasionó zozobra y temor entre los trabajadores, quienes el martes por la noche se enteraron de la destitución de Maldonado y Jasso, a quienes se les entregó una notificación de la Contraloría interna en donde se les da a conocer su despido.
Los dos fiscales fueron parte fundamental de la campaña pública que emprendió el ex procurador Alberto López Rosas de detenciones y presentación de delincuentes para demostrar “eficiencia” en su labor, pues eran quienes operaban las detenciones y las conclusiones de varios casos, como el asesinato del diputado federal priísta Moisés Villanueva de la Luz o la del arquitecto Javier Serrano, yerno de la activista María Elena Morera, asesinado a balazos en Zihuatanejo.
Maldonado tiene varias recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo por deficiencias en la integración de la averiguación previa que se inició por el asesinato del periodista Amado Ramírez.
Las remociones y destituciones se han consumado tras la llegada del encargado de la PGJE, Juan Manuel Herrera Campos, y la operadora de las decisiones en la dependencia, Nicandra Castro Escarpulli, ex funcionaria de la PGR, quienes han ordenado negar cualquier información.
Los siete destituidos forman parte de la lista de 24 funcionarios que la Contraloría de la PGJE investiga por el desalojo del pasado 12 de diciembre.
A quienes se les inició un procedimiento en la Contraloría son el ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente; a la ex fiscal regional Zona Centro, Seberiana Flores Peña, y a los mencionados Esteban Maldonado y José Vélez.
También están en la lista elagente del  Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, Joaquín Díaz Terrero; el fiscal de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera; el ministerio público María Eugenia Salgado Guzmán, y el director de Servicios Periciales, Juan Manuel Martínez Utrilla.
Además,  los policías ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán, Jorge Armando López, Ricardo Arévalo, Manuel Luis Cristino, Manuel Araujo Arellanes, Jesús David Urquizo Molina, Salvador Téllez Márquez, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez, Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gaama García, Reyes Castro Tolentino y José Rodríguez Carbajo.
Una fuente de la PGJE, que pidió omitir su nombre, explicó que a Maldonado y Jasso “sólo le entregó Contraloría un oficio donde los cesaban del cargo, pero no hay una justificación y creemos que esto tiene que ver con la reunión que sostuvieron el lunes algunos compañeros con el gobernador en Casa Guerrero”.
La fuente se quejó de que a los dos cesados “no los dejaron defenderse, esa es la preocupación de nosotros, que a compañeros que no estuvieron en el asunto los tratan de esa manera, quienes fuimos de apoyo de la agente del Ministerio Público en Chilpancingo, María Eugenia Salgado Guzmán, aunque el encargado de despacho nos ha dicho que no nos van a destituir, que no tiene ni una orden contra nosotros de Contraloría interna, pero esto ya es preocupante, que no dejaran a los compañeros que se defendieran”.
Afirmó que los trabajadores, que estuvieron indirectamente apoyando a la PGJE en las investigaciones del desalojo del pasado 12 de diciembre, “tenemos temor de que nos traten de la misma forma, si están reaccionando ante la presión política y social.
También indicó que la mayoría de los trabajadores administrativos están molestos con los agentes de la PIM que se reunieron con el gobernador el lunes en Casa Guerrero, “vendieron el movimiento por unas monedas”, acusó.
Y es que dio a conocer que a los agentes sólo los “utilizaron porque ya sabían de esta protesta que tendríamos el lunes y el domingo se lo hicieron saber al encargado de despacho, quien seleccionó a unos cuantos para que acudieran el lunes y no armaran escandalo, pero estuvo bien porque ya recibieron su merecido y sólo los chamaquearon porque no les pagaron el bono”.
Indicó que los cheques que entregó el gobernador “sólo fueron simbólicos, nadie ha podido cobrarlos porque no tienen fondos y a nadie más se le ha entregado el bono, es pura promesa, no cumplen y ahora les dijeron que estaba cancelado hasta nuevo aviso”.
“Vendieron el movimiento y por eso hay destituciones, aún no nos resuelven del apoyo del abogado para quienes estamos en calidad de indiciados en la PGR, porque nos dicen que había órdenes de aprehensión y queremos que nos ayuden a pagar un abogado para que atienda el asunto en el Distrito Federal”, añadió.

Nadie quiere entrar a la PIM

En el contexto de los acuerdos del gobernador Ángel Aguirre Rivero con la Comisión Civil de Interlocución nombrada por los normalistas, el gobierno del estado difundió en medios de comunicación una convocatoria para el reclutamiento y selección para ocupar 100 plazas de agentes de la Policía Ministerial.
Debido a que no hay interesados en el concurso, se decidió extender el plazo de recepción de solicitudes y documentación y hacer pública esa convocatoria que antes sólo había circulado internamente.
La convocatoria tiene más de tres semanas que salió y por órdenes del encargado de despacho no se había difundido públicamente, hasta ayer miércoles cuando se pagaron desplegados en periódicos.

Trabajadores y maestros de Ayotzinapa  aceptan al director propuesto por la SEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Luego de dos horas de reunión sindical, maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa anunciaron que aceptan al director propuesto por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Humberto Santos Bautista, y con funcionarios de educación abrieron las áreas cerradas durante más de tres meses de paro de labores, para reanudar actividades hoy.
En un recorrido se encontró que las chapas de la puerta de la Dirección y de la Subdirección administrativa fueron violadas, y serán revisadas por los encargados para determinar si hay faltantes; en el caso de la Dirección, se intentó localizar al anterior director, Napoleón Anaya del Carmen, para hacer la entrega-recepción, pero no respondió su teléfono por la mañana.
Las chapas de las puertas de la clínica escolar y de un pequeño gimnasio también fueron violadas y en su lugar había cadenas y candados, los que fueron removidos con mazo y cincel por uno de los padres de familia. En la clínica se encontraron medicamentos fuera de su lugar, y en el gimnasio se reportó que faltaban materiales de apoyo inventariados, dijo el encargado.
El taller de herrería se encontraba abierto y era utilizado como bodega de colchones usados, los cuales fueron utilizados por grupos solidarios y padres de familia que durmieron en la Normal durante el tiempo de resistencia –alrededor de dos meses de las movilizaciones estudiantiles, en demanda de justicia por el desalojo policiaco y el asesinato de dos estudiantes el 12 de diciembre.
En general, el resto de las áreas fueron abiertas por los maestros responsables y parecían en orden; en servicios escolares, donde se encuentran los expedientes de los estudiantes, sólo se encontró un cristal roto y la varilla de la ventana de un sanitario doblada.
Participaron en al recorrido el director de Educación Superior, Víctor Arcos Vélez; el subdirector de Formación Docente, Marcelino Bello Miranda, y personal del área Jurídica y de la Contraloría de la SEG, como testigos; así como el nuevo director Santos Bautista, maestros y padres de familia.
A primera hora, más de cien trabajadores administrativos, de intendencia y docentes, tuvieron una reunión sindical en el auditorio, mientras funcionarios y padres de familia esperaron en el patio de la escuela; Arcos afirmó que la SEG no podía intervenir en los asuntos sindicales.
Un día antes, los maestros denunciaron que el profesor Eugenio Hernández García fue hostigado, llevado por la noche desde su domicilio hasta Casa Guerrero, donde lo obligaron a renunciar. Horas después, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, tomó protesta como director al investigador Humberto Santos Bautista, como parte de los acuerdos con la Comisión Civil de Interlocución, que representa a los normalistas en el proceso de diálogo con el gobierno del estado.
Tras la reunión sindical, un maestro informó que aceptaban la llegada de nuevo director, y sólo pidieron que se ajuste a la normatividad de la escuela.
La revisión de las instalaciones comenzó en el casco de la hacienda de San Juan de Ayotzinapa, donde se alojan las oficinas de administración escolar, con la chapa de la puerta principal violada, que también fue abierta con mazo y cincel.
Los estudiantes se deslindaron de haber abierto por la fuerza la entrada de las oficinas de la Dirección y la Subdirección escolar, durante el movimiento.
Bello Miranda anunció a los maestros que las clases se reanudarán con normalidad hoy, en las áreas administrativas y de mantenimiento. Los trabajadores del segundo turno de cocina comenzarían desde la tarde de ayer.
El director Humberto Santos reiteró su compromiso con la transformación académica de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero consideró que será un desafío para todos, no sólo para maestros y alumnos.
“Es un desafío para la sociedad guerrerense, que debe poner la mira en las universidades públicas para exigir también una educación de calidad. Guerrero no se merece seguir en el rezago educativo”.
Aclaró que la calidad educativa no es la eficiencia, sino una educación que ayude, en buena manera, a vivir honestamente.
Insistió en que la Normal Rural, como institución de educación superior, no se puede quedar en una visión docente escolarizada, tiene que hacer una docencia sustentada en la investigación educativa, y desarrollar la investigación para abatir el rezago educativo.