La concesión a la API puede ser revocada “por interés público”: Colegio de Abogados

Salvador Serna

“La ley establece que todas las concesiones otorgadas así como los derechos que el estado conceda, están sujetos al interés público”,  afirmó el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Victoriano Sánchez Carvajal, sobre la versión de que se demolería el Jardín del Puerto, que es parte de la concesión de la Administración Portuaria Integral (API).
Según explicó Sánchez Carbajal la concesión puede ser revocada si la sociedad civil y las asociaciones permanecen unidas, para obligar a las autoridades respectivas a aplicar sus facultades y atribuciones.
“La ley de amparo faculta en la actualidad a las acciones colectivas por parte de organizaciones sociales; éstas pueden unirse en su conjunto para promover un amparo colectivo en contra de las acciones o actos que lesionen sus garantías”, expresó el abogado.
Sobre la suspensión provisional que consiguió la API, mediante el amparo directo número 556/2012, para inhibir futuros actos del presidente municipal y otros, tal como aparece en la ficha técnica del expediente en mención, Sánchez Carvajal señaló que “en ese lugar, el jardín del puerto que es parte del malecón de Acapulco, muchos de los acapulqueños que hoy somos padres de familia, allí jugábamos cuando éramos niños. Es una reserva ecológica que ha sido parte integral de la sociedad acapulqueña, un auténtico patrimonio del puerto”.
Agregó que “resulta viable, una vez analizada la documentación en que se respalda la API, la revocación de esa concesión. Es un serio llamado a todas las autoridades estatales y municipales, porque por encima del interés particular, está el interés colectivo de la sociedad acapulqueña”, dijo el también vicepresidente jurídico de Coparmex Acapulco.
Por su parte, el dicho del representante legal de la API, Prometeo Hernández Zamora, señala que el acto reclamado es “medida de seguridad consistente en la clausura temporal de 33 locales y restaurantes existentes en la zona conocida como Jardín del Puerto, que a decir de la API, forma parte de la concesión federal que tiene a su favor”.
Ante este supuesto, Sánchez Carvajal subrayó que “ello no es obstáculo para que puedan promoverse otros juicios de amparo, por diversos actos relacionados con este inmueble; no es definitivo, en tanto se resuelva hasta sus últimas consecuencias. El juicio, apenas va comenzando, todavía le queda mucho camino por recorrer”.
El abogado ejemplificó que “si una persona física o moral es objeto de nuevos actos de autoridad, por ende, tiene que promover el juicio de amparo en contra de esos nuevos actos. Si los inspectores municipales o federales llegaran otra vez a impedir la reanudación de las obras de la API, ésta tendría que promover nuevas acciones legales que vayan a proteger los intereses de lo que considera, concesionado a su favor”.
Finalmente, el vicepresidente de Coparmex Acapulco indicó que corresponde a los terceros perjudicados, entiéndase supuestos propietarios inquilinos de locales, autoridad municipal, la comunidad y sociedad en general, etcétera, “en este juicio de amparo de la API, promover el respectivo recurso en su oportunidad”
“Los espacios de reserva ecológica que forman parte de la historia cultural y turística de Acapulco, es una obligación de la autoridad municipal preservarlos. Por errores de gobiernos pasados, se han concedido concesiones a este espacio de la infancia de muchos acapulqueños, espacio que antes era de interés público”, sentenció.