Arturo Solís Heredia

CANAL PRIVADO

* Crónica de un fracaso anunciado

Como buena parte de los mexicanos nacidos después de 1960, crecí construyendo la percepción de que muchos policías federales y estatales eran casi tan malos como los delincuentes. Poco a poco, y por momentos mucho a mucho, me fui (o me fueron) convenciendo de que muchos policías también delinquían, abusaban, extorsionaban y agredían a los ciudadanos de bien que debían proteger y defender.
Muy joven asumí que “policía judicial” era sinónimo de corrupción e impunidad; muy pronto aprendí que era mejor estar lejecitos de los “judiciales”; muy rápido me sentí más intimidado e incómodo con su cercanía, que seguro y tranquilo.
El deterioro de la imagen de los judiciales fue tal, que se le cambió de nombre a la policía; por desgracia, los estilos y las costumbres siguieron iguales… o peor, si consideramos la pésima fama de nuestros actuales policías ministeriales, federales y estatales.
Estoy seguro de que hay policías buenos, capaces e incorruptibles, pero la percepción general es que son excepciones de la regla, que son los menos, porque los más son todo lo contrario. Con razón o sin ella, justo o merecido, lo cierto es que el desprestigio pareciera hoy inquebrantable, sin remedio.
Por eso, la movilización ciudadana de autodefensa en contra de la delincuencia exhibe la incapacidad de las policías institucionales para combatir el crimen, pero también el fracaso del gobierno (así, en general) para garantizar la seguridad pública.
La movilización es sólo una reacción coyuntural en un contexto crítico de violencia, pero la desconfianza ciudadana en la policía es un fenómeno mucho más profundo y añejo. Parafraseando a Gabo, la autodefensa civil es el desenlace anunciado de una larga y vieja crónica de fracasos policiacos.
Afortunadamente, el gobernador Ángel Aguirre y algunos diputados locales reconocen ese fracaso, al menos en la coyuntura de la movilización civil, y muestran voluntad y decisión para avalar y apoyar la institucionalización de las policías comunitarias.
Pero ojalá y vayan más allá, porque aún superando la coyuntura crítica, parece muy difícil recuperar la confianza social en la eficiencia, capacidad e integridad de la policía “oficial”. Ojalá y demuestren que en la democracia manda el pueblo, y por lo visto, lo que muchos pueblos mandan en Guerrero es un cambio radical en la firma de entender, organizar y dirigir la política policiaca.
En muchas democracias avanzadas, los jefes policiacos locales y los principales comisionados en el combate al crimen, son electos por la mayoría ciudadana para que aquellos entiendan mejor las prioridades sociales que deben atender, y estos puedan despedirlos si no lo hacen.
Por eso, la Policía Comunitaria convoca más y mejor el apoyo y la confianza de la gente, porque sus integrantes deben ser electos por la gente y, por ende, a la gente deben servir y rendir cuentas.
En su página web, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) explica que “uno de los principales factores del surgimiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del Estado”.
En La Montaña, el problema de inseguridad no surge con la explosión de los cárteles del crimen organizado, por ello cuentan que “de 1992 a 1995 se vivió la más despiadada ola de violencia, pues los asaltos eran perpetrados casi a diario, las mujeres y las niñas eran violadas delante de sus padres y esposos, y los asaltantes frecuentemente llegaban al asesinato de las personas que se le resistían.
“Al ver la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico que se resistía a investigar y tras el pago de mordidas, rápidamente dejaba libres a los delincuentes. En 1993 y 1994, los afectados de este problema de inseguridad y violación de sus derechos fundamentales, apoyados por las organizaciones sociales y la Iglesia local, empezaron a convocar a reuniones para discutir el asunto. En estas asambleas, en las cuales participaban pobladores de toda la región, autoridades comunitarias, profesores, se denunciaban los delitos padecidos”.
En ese contexto, hace ya 17 años, “la Policía Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige” un grupo de policías, coordinados a nivel regional por comités ciudadanos.
Es evidente que falta mucho por hacer, ya que la movilización cívica tampoco garantiza la seguridad de la gente ni cancela abusos y excesos. Lo sucedido este martes en Atliaca debe acelerar una mejor coordinación entre la gente y sus autoridades, si queremos evitar una tragedia.

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