Harán juicio oral y público a Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad

DPA

Ciudad de Guatemala

Organizaciones humanitarias calificaron ayer de “histórica” y como una “dignificación de las víctimas” la resolución dictada por un juez guatemalteco quien envió a juicio al ex general golpista Efraín Ríos Montt junto a quien fuera su jefe de inteligencia, el también ex general Mauricio Rodríguez.
Ríos y Rodríguez deberán enfrentar en un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia cargos por los delitos de “genocidio y deberes contra la humanidad en concurso real”, según resolvió el juez Miguel Ángel Gálvez, en una esperada audiencia a la que convocó desde el pasado viernes.
Los dos ex militares son acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando dentro del Ejército guatemalteco, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché (norte) entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era jefe de Estado de facto y Rodríguez era jefe de Inteligencia del Ejército.
En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de  mil 771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños.
La resolución es “histórica porque sienta un precedente contra la impunidad”, dijo Benjamín Jerónimo, activista de la Asociación Justicia y Reconciliación que representó, como querellante adhesivo, a los familiares de las víctimas de las matanzas de campesinos indígenas que se imputan a los militares.
También la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) dijo que la decisión del juez guatemalteco de someter a juicio oral y público a Ríos Montt “constituye un paso fundamental para la justicia por los abusos del pasado en Guatemala”, según indicó ayer.
Por su lado, la hija del militar de 86 años, Zury Ríos Montt, quien junto a su padre fue una influyente congresista desde que el partido del cual Ríos Montt era caudillo, el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), conquistó el poder en 2000, reaccionó con críticas a las organizaciones humanitarias.
Ríos Montt no quiso opinar. “Es cuestión de los abogados (una eventual apelación). Lo que yo diga o deje de decir, va en contra mía, así que no hablo”, expresó al término de la audiencia en una abarrotada sala mientras familiares de las víctimas y activistas humanitarios aplaudían.
El juez Gálvez advirtió que la resolución no modifica el actual estatus legal de los sindicados y “se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados”.
Posteriormente convocó a las partes procesales a una nueva audiencia este 30 de enero, en la que las partes presentarán más pruebas al tribunal.