Eduardo Pérez Haro

Para Guillermo Knochenahuer Muller.

Todo parecería que una cruzada contra el hambre que busca sobreponerse al asistencialismo para arribar a la inclusión productiva perfila un discurso de cambio estructural, mas ello presupone diversas cuestiones que siempre será mejor explicitar para sentar las bases de un mejor entendimiento y hacer de éste la convergencia de las partes pues de ello depende la certeza de rumbo y la viabilidad misma, algo así como la eficacia de resultados para colocarnos en los términos del discurso que convoca el entrante régimen de gobierno.
No es suficiente la expectativa dada por el enfoque de inclusión participativa y la voluntad de coordinar recursos, capacidades y voluntades institucionales. Dejado a esa suerte, la experiencia de gobierno es claramente insuficiente para concretar resultados medibles. Y no voy muy lejos pues esta es la experiencia del Programa Especial Concurrente (PEC) que se postuló desde la administración foxista y que todos sabemos que no es otra cosa que el soporte programático presupuestal para cubrir el discurso de que el gobierno federal y las entidades federativas no canalizan pocos recursos al sector rural (alrededor de 300 mil millones de pesos), cosa que podemos estar de acuerdo pero que ello no ha sido sinónimo de resultados, sino al contrario.
Entonces cabe preguntarse: ¿qué es lo que hace falta para trascender esta falacia y convertirlo en un programa o sistema de coordinación “eficaz”? En nuestra opinión, lo que se requiere es; i) Nueva interlocución, ii) Equidad de trato, iii) Proyectos innovadores (por el producto, la escala y la forma organizativa) y iv) Esquemas suficientes y oportunos de los apoyos institucionales.
Una relación que convoca a un Comité para entregarle apoyos y hacer de este un esquema de “contraloría social” sólo es la mitad de lo que se requiere, por decir lo menos, pues la superación del asistencialismo no se alcanza con la inclusión en la tarea de producir (alimentos, bienes o servicios, etc.) sino hacerlo en escalas que posibiliten el ingreso competitivo a los circuitos comerciales de los que provendrá el ingreso y la ulterior independencia de la demanda recurrente de subsidios.
Ello conlleva progresos en la tecnología y la gestión de mercados, que no provienen de comités de contraloría social sino de formas organizativas del sector social cuyas escalas les permitan piramidar la toma de decisiones e incluso la asociación con el capital privado sea por la vía del financiamiento y/o por la integración de las cadenas producción-transformación-consumo. Un poblador o comunidad que no llega al mercado en condiciones de competencia no podrá ser liberado de las condiciones de pobreza en ninguna de sus modalidades (alimentaria, de capacidades o patrimonial).
Sólo desde esta perspectiva se visualiza el engranaje de una nueva gestión con los mercados y con las instituciones de gobierno, no bajo la concesión del derecho de “pataleo” sino de la construcción de acuerdos y compromisos entre la sociedad de base, en este caso del segmento de productores y trabajadores, con las instituciones de gobierno y en general del Estado, lo que representa una convergencia de intereses, en la práctica una asociación, una alianza, que puede llegar hasta su expresión política pero que de otra manera no podrá trascender el clientelismo que cada vez sale más caro (costo fiscal) y arroja menos resultados políticos (erosión electoral) amén de los nulos resultados económicos y sociales (aumento de la desigualdad y la pobreza).
Los socios y aliados se someten a tratos de respeto y equidad por la comunión de intereses que no pueden exponerse al maltrato, en este caso, en filas, ventanillas o salas de espera, mucho menos a la demora en la entrega de los apoyos pues ello se convierte en un factor que jaquea, destruye los acuerdos y el cumplimiento de resultados, y por ende, la eficacia perseguida en los planos de la superación de la pobreza y la política misma.
Sólo es dable hablar de cambio estructural cuando se modifican los factores de incidencia en la estructura productiva, pero ello no está en la coordinación institucional (como esfuerzo unilateral de los aparatos administrativos del gobierno) en sí misma, en todo caso ello puede entenderse cuando desde las instituciones se traza una nueva relación con los sujetos de cambio inscritos en la producción. A cualquiera le queda claro que un cambio unilateral de la actitud gubernamental no alcanza la producción cuando no pacta con los sujetos productivos (empresarios, propietarios o trabajadores) como se perfila en la Cruzada contra el Hambre cuando se trata de los dueños de la tierra y pobladores del sector rural en el que se localiza la mayor parte de los 400 municipios en los que se focaliza la primera etapa del programa.
Concomitante con ello, será necesario adjuntar a estas premisas los componentes de tecnologías, capacitación y asistencia técnica para cumplimentar el esquema operativo del cambio-mejoramiento en las capacidades productivas (en alimentos o en bienes y servicios para la generación de ingresos) a los que habrá que modificarles los criterios, montos, elegibilidad, etc., que se diseñaron fuera de esta Cruzada en las Reglas de Operación de las diversas dependencias.
Y de igual manera, será menester que las dependencias involucradas se den a la tarea de i) liberar de paripasu de la llamada coinversión con los Estados para evitar duplicidad con los programas de aplicación nacional, ii) distinguir los programas de aplicación nacional en regiones de alto, medio y bajo rendimiento, con criterios de “progresividad” en los montos porcentuales de apoyo por proyecto siendo de 40, 60 90 por ciento para revertir los rezagos acumulados provocados por este sesgo que ha operado en contrario por décadas y que ha traído como consecuencia el desequilibrio y la desigualdad que hoy se pretende corregir, y iii), abrir la asistencia técnica a concurso por proyecto con evaluación pública y con montos que deben de ser de hasta el 30 por ciento del costo total del proyecto a cubrirse por subsidio directo a los prestadores de los servicios profesionales para eliminar costos fiscales y así evitar la ineficacia y la simulación que se ha creado en este componente.
¿Se trata de nueva gestión del desarrollo? Entonces se trata de nuevos interlocutores, nuevos proyectos, nuevos esquemas de relación y nuevos formas de funcionamiento, en resumen una nueva institucionalidad para así poder reconocer el Sistema Nacional contra el Hambre (Sinhambre) como nueva política social de la política de Estado o sencillamente de una nueva política-política, pues de lo contrario no habrá manera de diferenciarle de las fallidas políticas tradicionales.

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