También en Salud halla la Auditoría graves irregularidades del gobierno de Zeferino

También en Salud encontró la Auditoría federal gran número de irregularidades financieras

Daniel Velázquez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que en 2010, durante la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en el estado fue “deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del fondo”.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, la ASF señala que algunas de las irregularidades cometidas ese año en la Secretaría de Salud fueron la adquisición de medicamento sin licitación, compra de medicinas a un precio superior al catálogo del gobierno federal, pagos de servicios de seguridad, limpieza y de comunicación por radio sin contrato, compra de materiales que no cumplían con la calidad, y desabasto de medicamentos porque demoraban en surtir hasta siete meses algunos centros de salud.
En el reporte de 32 páginas disponible en la sitio web de la ASF, se detallan las irregularidades cometidas, las sanciones aplicables y las devoluciones que hizo el gobierno del estado a la federación por el mal manejo de los recursos, pero no se incluyen los resultados de las investigaciones que ordenó a hacer para determinar a los responsables de las irregularidades.
La Secretaría de Salud fue una de las dependencias más cuestionadas del gobierno de Zeferino Torreblanca, en la que estuvieron al frente amigos incondicionales del gobernador como Luis Barrera Ríos, Rubén Padilla Fierro y Antonio Jaimes Herrera, y casi al final de la administración llegó su secretaria particular Magali Salinas como subsecretaria de Finanzas en sustitución de Angélica Ramos.
En el 2010 la federación envió al estado un presupuesto por 2 mil 678 millones 987 mil 800 pesos del FASSA, de los cuales la ASF observó irregularidades en la aplicación de 128 millones 65 mil 411 pesos.
En su informe la ASF reportó que la Secretaría de Salud pagó por el servicio de procesamiento de nómina 2 millones 284 mil 900 pesos sin presentar el contrato respectivo, por lo que instruyó a la Contraloría General del Estado a realizar las investigaciones pertinentes y aplicar las sanciones que correspondan.

Los indicadores de salud empeoran

El informe de la ASF señala que en el periodo 2000-2010, los principales indicadores de salud muestran en el estado un comportamiento desfavorable, como es el caso de la mortalidad general que pasó de 3.4 a 4.1 defunciones por cada mil habitantes en ese mismo periodo, y la mortalidad infantil de 5.4 a 9.7 defunciones por cada mil nacidos, respectivamente.
Mientras que el índice de mortalidad materna disminuyó de 95.7 en 2000 a 80.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
Otra de las apreciaciones que hace es que de las 7 mil 289 localidades del estado, los Servicios Estatales de Salud de Guerrero no disponen de cifras consolidadas de localidades con unidades de salud, insuficiencia que limita el diseño de las estrategias de atención.
Además, la población tiene que acudir a la localidad más cercana, o bien ser atendida por brigadas móviles y caravanas de salud; estas últimas son brigadas médicas que acuden quincenalmente a las comunidades a proporcionar el servicio.
Los Índices del Sistema Nacional de Indicadores de Salud (Iindicas), que ayudan a valorar la calidad de los servicios de salud, señalan que algunos no cumplieron en 2010 con los estándares establecidos por la Secretaría de Salud, como el nacimiento de niños por cesárea que es del 38.7 por ciento, cuando la OCDE recomienda que el porcentaje de nacimientos por cesárea no sea superior al 15.0 por ciento, y el estándar establecido por la Secretaría de Salud, por medio de los Indicas, es del 30 por ciento.
Compras discrecionales

El gobierno de Zeferino Torreblanca compró medicamentos y materiales de curación a precios superiores a los del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), lo que representa un gasto superior en 3 millones 252 mil 600 pesos.
En su informe la ASF encontró que 409 pedidos y órdenes de compra se hicieron por adjudicación directa, con importes individuales de hasta 2 millones 370 mil pesos los cuales debieron adquirirse mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores, o en su caso, por licitación pública.
De la adquisición de medicamentos, materiales de curación y otros servicios, mediante la modalidad de adjudicación directa, la Secretaría de Salud no proporcionó, para su revisión, 27 expedientes de los pedidos y órdenes de compra por un monto de 4 millones 991 mil 500 pesos.
En las adquisiciones directas la ASF encontró otras irregularidades, como que en los expedientes de las adquisiciones de medicamentos, materiales de curación y otros servicios, no se incluye la requisición del área solicitante, el formato de autorización presupuestal, las cotizaciones, los precios base, el estudio de mercado, el cuadro comparativo, ni las fianzas.
La Secretaría de Salud entregó “a un proveedor” medicamentos y material de curación propiedad de los Servicios de Salud del Estado de Guerrero, para su administración, control y distribución a las diferentes áreas médicas, los cuales no se tienen identificados ni separados en el almacén; además, se desconoce la existencia e importe de esos medicamentos y del material de curación que actualmente tiene el proveedor bajo su resguardo.
Asimismo, pagó servicios de seguridad, de limpieza, servicio adicional de radios de frecuencia interna, radios de largo alcance, supervisión operativa sin entregar el contrato respectivo. Servicios que tuvieron un costo por un millón 301 mil 200 pesos.
En 2010, la Secretaría de Salud adquirió medicamentos y materiales de curación por un millón 736 mil 400 pesos, “los cuales no han sido utilizados a la fecha de la presente auditoría, ya que se encuentran en el almacén central de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero”.
Al cierre del ejercicio 2010, en un inventario de las existencias de insumos médicos, se determinaron diferencias por 42 millones 487 mil 300 pesos, respecto a lo registrado en el sistema electrónico sin que hayan sido aclaradas por la Secretaría de Salud.
En el almacén central de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, la ASF constató la existencia de medicamento y material de curación caduco por 4 millones 686 mil 500 pesos.
En la farmacia del hospital general de Chilpancingo se determinó la existencia de suturas por 94 mil 800 pesos propiedad de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, las cuales se entregaron al proveedor subrogado al inicio de su contrato, a efecto de que se proporcionaran al área médica para su utilización, las cuales no fueron aceptadas, ya que no contaban con la calidad requerida; sin embargo, tal situación no se comunicó al organismo operador, por lo que caducaron.
Todas estas probables responsabilidades administrativas fueron turnadas a la Contraloría General del Estado para las investigaciones y sanciones correspondientes.
La Secretaría de Salud pagó a 22 servidores públicos, como médicos especialistas, sin contar con el documento que los acredite, lo que representa un probable daño a la hacienda pública federal por 7 millones 344 mil 100 pesos con 61 centavos.
De la Secretaría de Salud comisionaron a tres personas a dependencias externas del organismo de salud, como Casa Guerrero y la Coordinación General de giras del gobernador, lo que generó pagos por 650 mil 400 pesos que fueron solventados por el FASSA.
También hubo pagos posteriores a la fecha de la baja de 100 trabajadores de la Secretaría de Salud por un monto de 2 millones 486 mil 700 pesos, por lo que la ASF reclama el pago de ese dinero más los intereses generados.
Con el dinero del FASSA la Secretaría de Salud pagó en efectivo la nómina de medidas de fin de año a 7 mil 794 empleados y subsidió el pago de ISR por un monto de 21 millones 370 mil 634 pesos con 62 centavos, y la ASF reclama el pago de 21 millones 370 mil 634 pesos con 62 centavos más los intereses generados.
También con el dinero federal el gobierno de Zeferino Torreblanca pagó medidas de fin de año a 82 servidores públicos de mandos medios y superiores, sin que estuvieran autorizados estos niveles para recibir esta prestación, por lo que la ASF reclama el pago de 956 mil 934 pesos con 79 centavos más los intereses generados.
También con el dinero público “se efectuaron pagos por concepto de compensaciones discrecionales (bonos) a los trabajadores” por un total de 18 millones 865 mil 200 pesos, “sin presentar la autorización ni el sustento normativo correspondiente”, y la ASF reclama el pago de este dinero más los intereses generados.
Con el dinero del FASSA el gobierno del Zeferino Torreblanca pagó laudos a 25 personas por un monto del 14 millones 354 mil 400 pesos, por lo que se reclama el pago del dinero más los intereses generados hasta su reintegración al fondo.
Pagó a ocho personas cantidades superiores a las establecidas en el contrato por un monto de 670 mil pesos, por lo que instruyó a la CGE a investigar y sancionar a los responsables.

Los malabares con el dinero público

Entre las observaciones administrativas que hizo la ASF, la Secretaría de Finanzas y Administración no entregó de manera ágil los recursos del fondo por 2 mil millones 636 mil 893 pesos con ocho centavos, a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, lo que generó rendimientos financieros en sus cuentas por 264.9 mil pesos, que “en el transcurso de la auditoría” fueron transferidos a la Secretaría de Salud, con lo que se solventa lo observado.
La ASF también observó que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tenía dos cuentas para el manejo de los recursos del FASSA, por lo que instruyó a la Contraloría General del Estado (CGE) que realice las investigaciones pertinentes para sancionar a los funcionarios que manejaron el dinero del Fondo en más de una cuenta bancaria.

Con el dinero del fondo la Secretaría de Salud pagó 692 mil pesos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de obras públicas, pero la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud no autorizó presupuesto al organismo operador para el capítulo de obras públicas, por lo que el dinero más los intereses generados se devolvió al FASSA y se ordenó a la CGE realizar las investigación correspondiente.
Con dinero del FASSA, la Secretaría de Salud prestó al Seguro Popular 36 millones 823 mil 300 pesos de los cuales están pendientes la devolución de 67 mil 500 pesos, por lo que se ordenó a la CGE realizar las investigaciones y sancionar a los responsables por no integrar los intereses respectivos.
El dinero del FASSA también se empleó para el pago a los trabajadores por concepto de “bono del gobernador”, lo que es un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 10 millones 600 mil pesos, porque dicho pago no tiene “autorización, ni el sustento normativo correspondiente”.

Gastos sin comprobar

La Secretaría de Salud destinó 46 millones 480 mil 811 pesos con ocho centavos del FASSA a la cuenta de “deudores diversos, préstamos y anticipos por comprobar”, los cuales están pendientes de recuperar por lo que la Auditoría reclama la devolución del dinero más los intereses generados.
En el informe la ASF señala que se constató que los Servicios Estatales de Salud de Guerrero registraron egresos por concepto de actividades culturales, deportivas y ayudas extraordinarias; servicios de lavandería y servicio de vigilancia, pero no presentó los documentos para comprobar dichos gastos por lo que hay un probable daño a la hacienda pública por 437 mil 507 pesos con 91 centavos.
Otro de los gastos sin comprobar asciende a 229 mil 800 pesos, de los que sólo comprobaron el gasto de 35.5 mil pesos de un viaje de México a Cuba, del cual “no proporcionó la evidencia de los trabajos realizados en dicha comisión”, por lo que se reclama el pago de esa cantidad más los intereses generados.

Los beneficios a la sección 76

Entre las anomalías que encontró la ASF está que la Secretaría de Salud pagó renta de oficinas del Seguro Popular y del SNTS, sección 76, lo que significa daño al dinero público por un millón cincuenta y dos mil 63 pesos con 19 centavos.
Otra de las irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud es que utilizó el dinero del FASSA para la compra de bienes informáticos para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), sección 76; se devolvió el dinero pero se ordenó a la CGE realizar las investigaciones y sancionar a los responsables.
En la fiscalización de la cuenta pública 2010 la ASF encontró que la Secretaría de Salud pagó gastos por servicio telefónico, de energía eléctrica y de agua por 21 mil 600 pesos al SNTSS sección 76, 830 mil 800 pesos, por concepto de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayudas extraordinarias, para lo cual no se tenía un presupuesto asignado y mandató a la CGE a investigar y sancionar a los responsables.
Más de tres millones de pesos del FASSA destinados a los ciudadanos que no cuentan con acceso a los servicios de salud se destinaron para cubrir pagos por conceptos distintos a los propósitos del fondo.
Para el pago de gastos del SNTS sección 76 se destinaron 495 mil 300 pesos; en donativos a instituciones sin fines de lucro como Fundación Michou y Mau, Club Rotario de Ciudad Altamirano, Instituto Estatal de Cancerología, e Instituto Estatal de Oftalmología, se destinaron 2 millones 791 mil 900 pesos, y para la compra de arcones y obsequios navideños gastaron 275 mil 200 pesos.

Castigo al desfalco en la SEG durante el gobierno de Zeferino, exigen dirigentes perredistas

Magdalena Cisneros

Dirigentes perredistas señalaron que debe investigarse y castigarse a los responsables del daño al fondo de educación por más de 700 millones de pesos en el año 2010, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en el 2010, la administración de Torreblanca Galindo causó “un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal” por un monto estimado en 727 millones 498 mil 946 pesos con 95 centavos, “más los interesados generados desde su disposición hasta su reintegro”, debido a diversas irregularidades que se encontraron en la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
El presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, afirmó que el PRD siempre se ha pronunciado por que haya transparencia, rendición de cuentas y legalidad en los gobiernos, por eso pidió que se castigue a los responsables del daño por más de 700 millones de pesos a la hacienda pública federal. “Pedimos que se actúe con firmeza, que se haga justicia a los ciudadanos, y que se investigue”, dijo.
Indicó que el PRD apoyó a Torreblanca Galindo porque hizo el compromiso de que haría un gobierno limpio, que limpiaría la casa, que sería intolerante con la corrupción, pero señaló que no fue cierto, porque no fue “un gobierno honesto en ningún sentido, se manejó mucha corrupción”.
Reyes Torres precisó que como partido también espera que el gobierno de Ángel Aguirre sea honesto, “en el PRD no vamos contra Zeferino, vamos contra actos de corrupción de malos gobiernos”.
En tanto, el coordinador de Morena en Acapulco, Eloy Cisneros Guillén, sostuvo que deben investigarse los resultados de la auditoría y fincar responsabilidades para quien sea responsable.
“Hemos manifestado que Zeferino debería estar arraigado, pedimos a la Contraloría que haga un esfuerzo para sacar esto lo más pronto posible, sobre todo el desvío de recursos, no sólo es educación, se ha estado ventilado que hay diversas secretarías que desviaron fuertes cantidades de recursos y no es posible que quede impune ese saqueo”, sostuvo.
El profesor Cisneros Guillén planteó que debe actuarse de inmediato para que no haya impunidad, pues “ya basta de quienes saquean las arcas de los municipios, del estado y de la nación”.
Por su parte el dirigente de Nueva Izquierda (NI), Sebastián de la Rosa Peláez, consideró que ya había antecedentes sobre la situación financiera de la SEG, sólo faltaba la confirmación de lo que se había dicho.
Agregó que espera que haya una investigación “profunda y que se apliquen medidas que se ejecuten, de lo contrario sólo queda en señalamientos”.
El diputado local dijo que los resultados son de una instancia federal, “no es un asunto de interpretaciones, sino resoluciones de una instancia de carácter federal, ya no son la suposición o denuncia de un funcionario o político, razón suficiente para que se vigile y ejecute, no se puede quedar sólo en señalamientos, sino llegarse a fondo, deslindar responsabilidades y sancionar a quien corresponda”.