La API no ha probado que tiene la concesión del jardín, responde abogado

Karla Galarce Sosa

El abogado José Luis Gallegos Peralta dijo que la Administradora Portuaria Integral (API) perderá el juicio de amparo que promovió contra el Ayuntamiento –luego que colocó sellos de clausura en el área del Jardín del Puerto en mayo pasado–, debido a que no ha presentado pruebas de que esa área forma parte de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Reiteró que la API está obligada a tener autorizaciones municipales para cualquier modificación en su infraestructura porque así lo marca su título de concesión, expedido por la SCT en 1996.
Gallegos Peralta indicó vía telefónica que en un mes se realizará la última audiencia para el desahogo de pruebas en el Segundo Juzgado de Distrito, que determinará si la API podrá construir o no en el área que hoy ocupa el Jardín del Puerto, zona en la que se planea un estacionamiento para almacenar 450 vehículos para exportación a Centro, Sudamérica y Asia.
“El acto reclamado en el amparo es contra la colocación de sellos y la autoridad señalada como responsable es el municipio. Nosotros hemos trabajado de manera conjunta con la autoridades del municipio y a través de ellos, lo grupos de ambientalistas y la sociedad civil organizada en grupos ha presentado documentación en el juicio de amparo”, explicó el abogado que asesora en el aspecto jurídico al movimiento que encabeza la recuperación del espacio ubicado a un costado del Malecón.
Detalló que los documentos que debe presentar la API son el título de concesión, la modificación autorizada en 1996 y la segunda modificación a ese mismo documento en 2012.
“Los documentos los conseguimos porque como sociedad civil solicitamos a la SCT, a través de la Dirección de Puertos, que realizara una verificación física y material a la zona concesionada que tiene la API de Acapulco, así como los documentos con los que la acredita y su forma de operación. La SCT practicó la inspección y allí determinó que no hay un Plan Integral de Desarrollo de Construcción, por lo tanto hasta lo que tienen ahorita construido, como es el actual estacionamiento, debe de ser derribado porque ellos nunca cumplieron con la normatividad”, explicó Gallegos Peralta.
Aclaró que el juicio no lo encabeza el Movimiento Acapulco por la Paz, Grupo Aca o Jardín Botánico, que se han pronunciado contra la remodelación de la API, sino que acudieron con la autoridad municipal para entregar la documentación que acredita que el organismo está equivocado sobre la supuesta concesión sobre el área del Jardín del Puerto.
“Le damos elementos al juez de Distrito para que valore la documentación certificada por la SCT, en la que se indica que el Jardín del Puerto está excluido de la concesión. No es un juicio directo entre la API y la sociedad civil organizada, es un juicio de amparo en el que las autoridades son las que demandan. Nosotros dijimos que la API no tiene derecho sobre el parque de la Reina, las canchas deportivas y el Jardín del Puerto, no nos lo sacamos de la manga, presentamos pruebas y la entregamos”, aseguró.
Criticó que los directivos de la API no muestren documentos y solo efectúan declaraciones a los medios de comunicación.
“Nosotros estamos presentando documentos certificados por la SCT, ellos dicen que no es cierto (…) de todas las administraciones portuarias que hay en el país, la única que es privada es la de Acapulco, todas las demás son administradas por los estados o por municipios, los ingresos son para los estados o para los municipios, aquí es un negocio privado”, argumentó el ex presidente del Grupo ACA.
La obra fue clausurada por el Ayuntamiento en mayo del año pasado y continúa detenida por esa misma causa. También fue clausurada dos semanas después que el Ayuntamiento por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por carecer de Manifiesto de Impacto Ambiental, aunque luego de solicitar a Semarnat una exención para realizar la remodelación del recinto portuario, la dependencia federal se las aprobó y los sellos de Profepa fueron levantados un mes más tarde porque explicaron qué ocurrirá con 30 palmeras que continúan sembradas en el Jardín de Puerto y que están en la categoría de protección especial.
Gallegos Peralta ahondó que “la concesión de la API señala en la modificación de 1996 que cualquier modificación que se haga en los espacios concesionados, podrá construirse si respeta el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Acapulco y éste no permite la construcción de estacionamientos en ese lugar y ellos aceptaron esas condiciones porque con esa concesión trabaja y así lo dice la concesión. Estoy seguro que les van a sobreseer el juicio de amparo porque lo van a perder, es cuestión de tiempo nada más”.
Advirtió que se están preparando movimientos como el de tomar ese espacio público por los ciudadanos con pancartas y diciendo que recuperarán ese espacio y “del que se quiere apropiar, de manera ilegal la API”.