Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Aguirre enojado y errático, y Guerrero en el fondo

Debió meditar un poco el gobernador Ángel Aguirre Rivero el jueves pasado antes de ordenar la publicación de un desplegado de respuesta al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, la organización independiente que ese día hizo público un informe sobre las 50 ciudades del mundo con los mayores índices de homicidios, en el que Acapulco figura en el lugar número dos, precedido de San Pedro Sula, Honduras. Pero no lo hizo –por su parte, los redactores no tuvieron ni siquiera la precaución de echarle un vistazo al reporte– y el pavor de verse exhibido lo condujo a publicitar un documento indigno de cualquier gobierno. Todas las acusaciones lanzadas en ese mensaje son falsas, y lo demás es puro palabrerío.
El informe no es sino un compendio de estadísticas oficiales sobre el número de asesinatos que se produjeron en esas 50 ciudades durante el 2012, ordenadas por el criterio usual del número de víctimas por cada cien mil habitantes. Los datos no provienen, como dice el gobierno de Aguirre en su desplegado, de notas periodísticas; proceden de los registros creados por los gobiernos, y en el caso de Acapulco fueron extraídos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala mil 170 homicidios para ese año, vinculados a una población de 818 mil 853 habitantes. El resultado es una tasa de 142.88 homicidios por cada cien mil habitantes, la segunda más alta después de la de San Pedro Sula (169.30).
En esa lista de 50 ciudades, Acapulco no es la que más ejecuciones registra. Caracas y Cali (Colombia), Guatemala, Fortaleza y Salvador (Brasil) están muy por encima de ella. Pero es la correlación entre el número de habitantes y el número de homicidios lo que dispara la estadística de Acapulco. Proporcionalmente hay más homicidios en Acapulco que en cualquiera de estas ciudades. Pero a Ángel Aguirre no parece enojarle tanto esa realidad, sino el hecho de que sea documentada. Por eso en su desplegado (publicado en estas páginas el viernes pasado) busca desacreditar el informe y le atribuye el carácter de un “intento avieso por dañar la imagen pública de nuestro estado y de los guerrerenses” y afirma que esos “resultados constituyen una distorsión de la realidad”, sin proporcionar ningún elemento, ningún dato, para demostrar semejantes acusaciones.
Lo que tanto molesta al gobernador Aguirre es que este informe documente hechos que corresponden a su administración, de los cuales no puede culpar a su antecesor Zeferino Torreblanca, aunque sea verdad que éste no movió un dedo para combatir a la delincuencia. Y aun así lo ha culpado. Peor se vería culpando a René Juárez, como en un arranque de torpeza hizo Sebastián de la Rosa semanas atrás.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, respondió al desplegado del gobierno de Guerrero mediante un artículo que puede ser consultado en el portal de la organización, titulado “Con mentiras, el gobierno de Guerrero trata de ocultar la realidad de la violencia en Acapulco y en el estado”. Dice Ortega que “lo que el gobierno de Guerrero pretende con sus mentiras, no es otra cosa que tirar una cortina de humo para intentar ocultar lo inocultable: que la violencia crece vertiginosamente en Acapulco y en el estado y que la administración de Ángel Aguirre Rivero es completamente inepta para contenerla”.
Sostiene que las evidencias de ello “no son sólo el surgimiento de grupos de civiles armados que tratan de defenderse de los criminales, ni la vil agresión recientemente sufrida por seis ciudadanas españolas en Acapulco, que vino a sumarse a ataques similares en el puerto en los últimos meses”, sino los datos oficiales que refutan el oasis de tranquilidad que pretende dibujar Aguirre Rivero.
Ortega recuerda que “en el año anterior a la toma de posesión como gobernador de Ángel Aguirre Rivero (2010), hubo 1,500 homicidios dolosos en Guerrero y en 2012 hubo 2,310: un incremento de 54% en dos años”. Añade que “en 2010 fueron denunciados 43 secuestros en Guerrero y 75 en 2012: un aumento del 74%. En 2010 se denunciaron 53 casos de extorsión en Guerrero y 133 en 2012: un incremento del 151%. En 2010 se registraron 1,918 robos con violencia en Guerrero y 4, 135 en 2012: un aumento del 116%”. Y más todavía: “Además, Guerrero es la única entidad federativa que tuvo cinco municipios entre los 20 con las mayores tasas de homicidios dolosos del país en 2012: Acapulco (143 por cada 100 mil habitantes), Zihuatanejo (65), Iguala (64), Chilpancingo (44) y Taxco (43)”. Ahí está la explicación de por qué Acapulco se trepó al ranking de las tres ciudades más violentas del mundo y desplazó a Ciudad Juárez.
Sobre la ciudad chihuahuense, el informe del Consejo (no el artículo de Ortega) contiene la siguiente explicación: “El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de Ciudad Juárez, Chihuahua, urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las urbes más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%”.
Los anteriores no son todos los datos disponibles para documentar la desgracia que se abatió sobre Acapulco con toda claridad a partir de 2006 y que no ha hecho sino agudizarse desde entonces, y por otra parte desde aquel año empezó a figurar como una ciudad muy violenta en los reportes oficiales o independientes.
Y concluye Ortega: “Lo ‘avieso’, lo que daña a Guerrero, es la realidad de violencia y la ineptitud de Ángel Aguirre Rivero para contenerla, no el que la revelemos”. Pues sí.

Walton excluido

En tono pesaroso, que es el tono que lo distingue desde que hace ocho días surgió la crisis por la violación de las seis turistas españolas, el alcalde Luis Walton Aburto informó el sábado que fue excluido de una reunión de coordinación de la Operación Guerrero Seguro, donde se abordó el caso de Barra Vieja. En términos más exactos, lo excluyó el gobernador Ángel Aguirre, quien preside esas reuniones y es el único que podría vetarlo. La explicación de esa exclusión se hallaría en la reacción del alcalde de Acapulco ante el informe sobre la violencia en el puerto. Recordemos que Walton no cuestionó ni la clasificación ni los datos, y sólo dijo que le dolía que la ciudad recibiera tal calificación. Es muy probable que en el Palacio de Gobierno hayan considerado tibia esa respuesta, considerando que ese informe exhibe al gobierno de Ángel Aguirre, no a Walton que tiene cuatro meses en el ayuntamiento. Algo se rompió entre ambos personajes la semana pasada.

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