Exigen vecinos de Los Huajes se castigue a dos mujeres que cometieron un fraude

Aurora Harrison

Vecinos de la comunidad de Los Huajes que fueron defraudados por Nicolasa Peláez Hernández y Lorenza Torres Díaz pidieron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia castigo a los responsables, pues dijeron que son 33 las personas afectadas.
En declaraciones, uno de los agraviados, Gildardo Gallegos Nava, solicitó que se les reembolse el dinero que las defraudadoras les quitaron, pues desde el año pasado varios de los afectados están en espera que cumplan y les entreguen material de construcción.
Acompañado por su asesor legal Francisco Torres, Gallegos Nava explicó que el pasado 31 de julio de 2011, el juez Noveno Penal dictaminó auto de libertad por falta de procesos con reserva de ley a favor de Nicolasa Peláez Hernández y Lorenza Torres Díaz.
“Nicolasa nos dijo que ella tenía buenas relaciones en el gobierno municipal y estatal, que incluso en otros lugares de la Costa Grande y que si le dábamos mil 500 pesos nos entregarían una cantidad más para que construir nuestras viviendas”, indicó.
Sostuvo que las líderes les prometieron ayuda a los campesinos con material, así como con proyectos productivos a fondo perdido, “pero no nos han dado nada, por ello pusimos la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Renacimiento”.
Después de esto, indicó, el expediente fue consignado al juez penal donde se giró una orden de aprehensión, “pero las inculpadas se presentaron amparadas y luego les dictaminaron auto de libertad, lo que ya apelamos”.
“Queremos que el magistrado Edmundo Román Pinzón nos ayude porque el juez noveno las dejó en libertad y sentimos que eso no está bien”, dijo el agraviado.
Gallegos Nava sostuvo que por las 33 personas el monto del fraude es de 143 mil pesos, pues algunos daban de 3 mil a 7 mil pesos para acceder a proyectos productivos, toneladas de cemento y material para construcción.
En su oportunidad, el asesor legal Francisco Torres denunció que cuando el juez liberó las órdenes de aprehensión, un comandante de la Policía Ministerial “las vendió” a las inculpadas y por eso ellas pudieron presentarse con un amparo federal.
“La otra injusticia para ellos es que el comandante vendió las órdenes y se presentaron amparadas, por eso es que estamos pidiendo al magistrado que revise bien el expediente y que se pueda resarcir el daño”, concluyó.