Raymundo Riva Palacio

ESTRICTAMENTE PERSONAL

* Política en Instagram

La votación de la Ley de Amparo es la mejor fotografía que se pueda tener de la política mexicana. El PRI, que se opuso en el pasado a ella, ahora la impulsó. El PAN, que la apoyó cuando el presidente Felipe Calderón la presentó, ahora la rechazó. El PRD, que no entendía sus significados y alcances, por lo que pidió a un ministro de la Suprema Corte que les explicara de qué se trataba, se dividió. La parte más radical de la izquierda, por su parte, fue protagonista central en este momento donde  el Congreso redefinió el martes pasado, para  los siguientes años, la relación del gobierno con los gigantes de la industria que tienen concesiones del Estado.
El debate se movió en la díada de la lucha contra los monopolios y la defensa de la libre empresa y la libertad de expresión. No son los románticos votos de conciencia superiores a los de la coyuntura política los que marcaron este vibrante ejercicio de pragmatismo, sino la demostración plena de cómo se juega el ajedrez político. En San Lázaro se movieron piezas a la vista de todo que resultaron invisibles para muchos. Para unos fueron movimientos parlamentarios magistrales; para otros, baño de frustración e impotencia.
La Ley de Amparo permitirá que cuando se declare inconstitucional una ley, se beneficie a todos los que se encuentren en esa situación, y no sólo al particular que interpuso el recurso. Impedirá que los delincuentes obtengan una suspensión de amparo cuando el Estado ejerza una extensión de dominio, con lo cual le cortan todas las fuentes de financiamiento y las redes de protección para sus familiares que les permitían litigar con ventajas. Incluye también un tema mediáticamente redituable, al no permitir que los casinos operen sin permisos, como lo hacen hoy en día la mayoría.
Para quienes tienen una concesión que inicien un diferendo judicial, el artículo ominoso es el 129, que estipula las condiciones bajo las cuales no podrán tener acceso a esa suspensión por contravenir las disposiciones de orden público. Estas líneas generales se precisan en la fracción XI, sobre la intervención del Estado en entidades financieras para proteger al público ahorrador, y en la fracción XIII, sobre la afectación de particulares por parte del gobierno.
Esto significa que el gobierno podrá justificar su acción contra cualquier concesionario y que, al no existir la suspensión del amparo, dejar de operar casi en forma instantánea. Como ejemplificaron los opositores a la redacción de estas fracciones, empresas mineras o de transporte podrían cerrar en tanto se resuelve el litigio, con lo cual se pierden empleos y productividad. En algunos casos podría significar incluso la quiebra. Puede dejar inerme a un banco, que podría ser cerrado, y con lo cual se podrían afectar los ahorros de sus clientes y generar tensiones en el sistema de pagos.
Los alegatos sobre ataques a la libertad de expresión obedecen a que los medios electrónicos son concesiones, por los que si así lo juzga el gobierno, les podrá bajar el switch y dejarlos fuera del aire. Los defensores de la ley celebran este punto porque controla a los “poderes fácticos”, eufemismos para referirse a las empresas de telecomunicaciones, varias de las cuales emplean legiones de abogados para operar bajo la protección de un amparo.
Cuando la Ley fue sometida al voto, ya estaba perdida. Dos propuestas de discutir antes las fracciones, fueron derrotadas en el pleno, por la operación del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que entendió los riesgos de esa moción. La propuesta del panista Marcelo Torres para discutir la fracción XI, fue rechazada por 274 votos contra 173 y 52 ausencias. Cuando intentó frenar la Ley al pedir la discusión de la fracción XIII, también fue derrotado por 17 votos. Impedir la discusión era evitar la posibilidad de que, al presentarse los argumentos, la conciencia le ganara al pragmatismo y un número determinante de diputados cambiaran su posición  y cambiaran el rumbo de la historia.
El PRI y el PAN votaron en forma homogénea, así como sus partidos satélites. El PRD se fracturó cuando 10 de sus diputados identificados con la corriente de René Bejarano, junto con nueve del PT, el partido huésped de Andrés Manuel López Obrador, se sumaron a los priistas a favor de la Ley. Es decir, la izquierda social que repudia al presidente  Enrique Peña Nieto, lo respaldó. No fue un asunto de traiciones, sino de alianzas políticas coyunturales. No es momento de condenar a nadie, sino estudiar la fotografía de un momento cimero de la política mexicana.

[email protected]
twitter: @rivapa