Humberto Santos Bautista*

La reforma educativa y la conjura
de la mediocridad

(Segunda y última parte)

El estado lamentable en que se encuentra la educación en Guerrero, en todos sus niveles, sólo puede explicarse por las tremendas deficiencias académicas e intelectuales de la burocracia que “administra los servicios educativos”, porque no está educada para entender la complejidad del sector, además de una inexplicable insensibilidad que no permite apreciar el daño que se está causando a la presente generación de niños y jóvenes, porque con una educación mediocre sólo se les está condenando a una frustración temprana y a ser seguros candidatos al desempleo, en un mundo donde el mercado aparece como el gran ordenador de la vida social.
El drama de la educación guerrerense es el vacío que existe por no tener un proyecto educativo propio, y frente a ese vacío, todo se deja a la inercia, es decir, al desorden, y ya se sabe, en el desorden, todo mundo sobrevive porque nadie rinde cuentas. Ese es el problema mayor: una educación con enormes problema en manos de una burocracia que no sabe de educación y con serios problemas de sensibilidad.
La propia Elba Esther Gordillo se permitió declarar en un programa de televisión (El asalto a la razón) que si había algún lugar donde se permitían vicios de corrupción heredando y vendiendo plazas o comisionando a miles de profesores, era nuestro estado y que eso era culpa de las autoridades locales.
Se amarró su dedo, pero tal vez sea en Guerrero donde mejor se puede apreciar que cada que se anuncia una reforma, se acelera el deterioro de la escuela pública. Tanto el ANMEBN de los años noventa como la ACE de la administración panista que recién terminó, solo contribuyeron a concebir a la educación como una mercancía más, y eso se pudo observar y se observa en los cambios en la formación docente: ya no importaba que el profesor se formara con valores para entender la función pedagógica de educar, sino que las escuelas normales y las formadoras de docentes pasaron a ser una especie de agencia de colocaciones, y en nuestro estado, el desorden que esto propició se puede mirar en un solo dato: somos la entidad con más escuelas normales en el país: 9 públicas y 18 privadas. Y más si a esto se le agrega que instituciones como las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con sus respectivas subsedes, y el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), también con sus campus, se empezaron a ocupar de la formación docente,  sin que se delimitaran los campos de cada una de estas instituciones, conforme a sus decretos de creación respectivos. Por supuesto, eso es impensable que pudiera existir sin la permisividad de la SEG.
De esta forma, en Guerrero, lo que más se sigue produciendo son profesores y abogados, y paradójicamente, los problemas que son el obstáculo más grande para el desarrollo de la entidad, son el rezago educativo y la violación a los derechos humanos.
Por todas estas políticas de desatención por parte de la SEG a la formación docente, se aceleró el proceso a través del cual la profesión de educador –de profesor, si se quiere–, pasó a considerarse una simple chamba despojándola de la vocación pedagógica y de la alta investidura moral que supone la tarea de educar. Por ejemplo, hasta antes de la firma del ANMEBN de 1992, el ingreso a las Unidades de la UPN se hacía mediante riguroso examen de oposición, porque así se determinaba en el decreto de creación de la Universidad y en sus reglamentos internos que establecían los mecanismos para el ingreso tanto del personal académico como del administrativo y de servicios. La última convocatoria que se publicó para participar en un examen fue de 1994, y de entonces a la fecha, tanto la burocracia de la SEG como la dirigencia de la Sección 14 del SNTE, han negociado el ingreso de personal sin ningún criterio académico, lo cual ha empobrecido el desarrollo de las funciones sustantivas como Universidad, sobre todo, las relacionadas con la investigación y con la generación de conocimientos que contribuyan a la llamada “innovación pedagógica”.
La SEG en ese sentido se ha conducido con un doble lenguaje. ¿Por qué les exige hacer examen de oposición a los normalistas para acceder a una plaza del nivel básico y no aplica el mismo rasero y actúa con el mismo rigor en las instituciones formadoras de docentes como las Normales y las Unidades de la UPN, donde se ha permitido expedir nombramientos solo por negociaciones políticas con la Sección 14 del SNTE? ¿Qué no se supone que el ingreso en instituciones de educación superior –sobre todo, las que forman a los futuros docentes– debieran de ser a través de exámenes de oposición imparciales y con rigurosidad académica? Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa alguna vez hicieron pública su inconformidad con este tipo de políticas instrumentadas por la SEG, señalando que había personal que el sindicato hacía ingresar para desempeñar sus funciones en la cocina, y que luego, al paso de unos dos o tres años, se los habilitaban como docentes. No les faltaba razón a los estudiantes, pero no era ni es un problema exclusivo de la comunidad de Ayotzinapa, sino que se puede apreciar en todas las instituciones formadoras de docentes.
Por ejemplo, en la UPN se han dado casos de gente que ingresó como personal administrativo y que nunca hicieron un examen de oposición para ingresar como personal académico a la Universidad, tal y como lo establece la normatividad vigente y el decreto de creación que no se ha derogado, y de pronto quedan adscritos a los programas académicos de licenciatura y posgrado. ¿Cómo puede aprender a investigar un alumno de posgrado si tiene como docentes a alguien que nunca ha hecho investigación y que además ingresó a la academia por medios no académicos? ¿Cómo se les puede pedir a los futuros profesores que sean “innovadores” de la pedagogía si la SEG y la Sección 14 del SNTE se han afanado en hacer ingresar a las instituciones formadoras de docentes a personas cuyo único mérito es tener “buenas relaciones” con la burocracia oficial y sindical?  En esas circunstancias es la SEG, presionada por el SNTE, la que empieza por violentar la norma y con ello se comete una especie de fraude académico en las instituciones formadoras de docentes. Es por ello que ninguna reforma educativa será viable si se sigue solapando este tipo de subcultura del fraude académico que tanto daño ha hecho a la educación pública.
El problema es que la SEG carece de ideas y de proyecto propio y solo se conduce por la inercia, en tanto que a la dirigencia del SNTE solo le interesa seguir manteniendo su status de privilegio, pero no el destino de la educación pública. El interés prioritario no es la reforma educativa, sino que no cambien las cosas. Por ello, tanto los llamados profesores institucionales tendrán que explicarle al pueblo de Guerrero si su oposición a la reforma es en realidad una defensa a ultranza de su lideresa Elba Esther Gordillo. ¿Por qué hasta ahora salen a la plaza pública? Por su parte, los maestros disidentes agrupados en la CETEG, también tendrán que explicar por qué no han podido presentar un proyecto viable y pertinente para el contexto. Es tal vez el momento propicio para que el pueblo de Guerrero empiece a debatir en serio el proyecto educativo que necesita: un proyecto con ideas y con pensamiento propio para que transforme de raíz a la escuela pública.
* Profesor investigador de la UPN y ex director de la Normal Rural de Ayotzinapa.