No hay dinero para terminar el Centro para la Mujer Indígena en Ayutla que ordenó la Corte Interamericana, informan

Zacarías Cervantes

Ayutla

Los gobiernos federal y estatal reconocieron que ya no cuentan con recursos para terminar el Centro Comunitario de Desarrollo para la Mujer Indígena de Ayutla y para el Albergue para Niños y Niñas que se construyen como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), por el caso de Inés Fernández Ortega.
La falta de recursos para la obra, que ayer fue tomada por algunas horas por integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa, en protesta porque la constructora no contrata a personas de la agrupación como fue el acuerdo con las autoridades, se ventiló en una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), de la Secretaría de Gobierno del estado, de la Secretaría de la Mujer (Semujer) y del Ayuntamiento, misma que se realizó para evaluar el avance del cumplimiento de la sentencia que envió la Coidh al Estado mexicano.
En esta reunión, en el Palacio Municipal, la dirigencia de la OPIM y la agraviada, Inés Fernández Ortega, denunciaron ante los funcionarios que vinieron de la Segob federal diversas irregularidades en la construcción de la obra como la opacidad en el manejo de los recursos, la “apropiación” del proyecto por parte de la titular de la Semujer, Rosario Herrera Ascencio, y hasta la discriminación de que ha sido objeto la propia Fernández Ortega, cuando se ha presentado a verificar el avance de los trabajos pues los responsables le preguntan que “qué es lo que quiere, que si va a buscar hombre”, con lo cual, dijo el dirigente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, se está cometiendo con ella una doble discriminación y humillación.
Asistió a la reunión Fabiola Higareda Plata, directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, de la Segob, Vicente García Esparza, asesor de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Rosario Herrera Ascencio, titular de la Semujer estatal, la víctima y motivo de la sentencia, Inés Fernández Ortega, los dirigentes de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel y Cuahtémoc Ramírez.
Asimismo, en representación de la Secretaría de Gobierno, estuvo Juan Carlos Castañón Arcos, también Héctor Manuel Popoca Boone, asesor en políticas públicas del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y Luis Enrique Hernández González, representante de la empresa Apple, Diseño y Construcciones, que realiza la obra.
La reunión comenzó a las 9:30 de la mañana y se prolongó hasta después de las 3 de la tarde, en ellas se comenzó con con el caso del Centro de Desarrollo Comunitario y el Albergue para Niños y Niñas que se contruye al noreste de esta cabecera municipal.
De entrada todos los participantes en la reunión coincidieron en que la obra va retrasada y que los 10 millones de pesos que aportó el gobierno federal para el terreno y la primera etapa de la obra no van a alcanzar puesto que no se tomó en cuenta que en el lugar donde se construye el Centro es una zona en donde no hay servicio de energía eléctrica, agua potable y drenaje, lo que implica que estos servicios incrementarán considerablemente el costo de la construcción.
Después, Fabiola Higareda, la enviada de la Segob, dijo que el problema es que el Congreso de la Unión no aprobó para este año presupuesto para el cumplimiento de las sentencias en contra del Estado mexicano. Posteriormente, el asesor del gobernador Popoca Boone reconoció que “estamos en un brete, porque tampoco el Congreso local aprobó recursos para esta obra”, y urgió al responsable para que rinda un informe en el que se señale cuál será el presupuesto total, a fin de que tanto los gobiernos estatal y federal gestionen de alguna parte los recursos para terminar la construcción.

Trabajan en la obra familiares y amigos de la secretaria de la Mujer, se quejan

Antes Inés Fernández había denunciado la opacidad en el manejo de los recursos de la obra y que la secretaria de la Mujer, responsable de ésta se ha negado a proporcionarles información y que, además no asiste a reuniones a las que ella misma los convoca. También la acusó de que se ha apropiado del proyecto y que en la construcción solamente trabajan familiares y amigos suyos.
Ante esto se quejó de que 10 años ha venido luchando para que otros se beneficien y expresó un “ya basta, exijo que me respeten”, y le pidió a Rosario Herrera que ella debería de hacerlo porque también es mujer.
En la misma reunión trascendió que la obra fue tomada por integrantes de la OPIM por la mañana en protesta porque los responsables no están respetando el acuerdo que establece que deben de contratar a trabajadores no calificados. Sin embargo, el problema se resolvió poco después del medio día cuando el responsable de la obra se comprometió a contratar a trabajadores que proponga la OPIM.
También el secretario de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, acusó a la titular de la Semujer de ser la responsable de las irregularidades pues dijo que ha discriminado a Inés Fernández Ortega pues no asiste a las reuniones, además de que le niega información, cuando Inés debería de ser la del control del proyecto por ser ella la beneficiaria de la sentencia.
Acusó que después de que fue humillada por los militares ahora es doblemente humillada puesto que cuando se presenta a supervisar los trabajos de la obra los responsables se burlan y la humillan al preguntarle que “qué quiere, que si va a buscar hombre”.
Encaró al representante de la empresa constructora, a quien también acusó de discriminar a la indígena pues le reclamó que en esa misma reunión había entregado copia del proyecto, sólo a los representantes de la Segob, pero no a Fernández Ortega, “cuando es ella la que debe conocerlo porque es la beneficiaria de la sentencia”, dijo.

Se construye el Centro en el lugar propuesto por Inés Fernández: Semujer

Por su parte la secretaria Herrera Ascencio dijo que sí se ha tomado en cuenta a Fernández Ortega pues ella fue la que determinó en qué lugar se construiría el Centro y que se aceptó su propuesta a pesar de que allí no había luz, agua potable, drenaje, lo que provocó que ahora se haya elevado el costo.
Y agregó que hay documentos que dicen que es Inés la responsable de la operación del proyecto por eso dijo que “no comparto que se venga a descalificar sin presentar pruebas y se quejó que se le estaba faltando al respeto, yo también soy mujer y por tanto yo también pido respeto para mí”, dijo.
Demandó a quienes la acusaron que si tienen pruebas de sus señalamientos que lo hagan por las vías legales.
Rechazó que sean familiares suyos los que trabajan en la obra, pues era la primera vez que veía al representante de la constructora. Al final ofreció voluntad y disposición para resolver los diferendos con la dirigencia de la OPIM y con Fernández Ortega de quien reconoció su trabajo de 10 años en busca de justicia.
Al término de la reunión, los participantes firmaron una minuta de acuerdos en la que se comprometen a poner la parte que le corresponde a cada uno para que la obra se termine.

Son mínimos los resultados de las investigaciones de los agravios: Tlachinollan

Después del medio día se dio inicio a la segunda parte de la reunión que tenía que ver con el resto de los puntos de la sentencia, concretamente con el cumplimiento de las medidas cautelares para los integrantes de la OPIM e Inés Fernández. A esta segunda parte se incorporó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien reconoció que no todo está rezagado en cuanto al cumplimiento de la sentencia.
Dijo que se ha avanzado en los aspectos de educación y salud pero que en cuanto al tema de reparaciones comunitarias los avances son muy mínimos “pero donde de plano hay avances muy mínimos es en el caso de las investigaciones” aunque dijo que “se pudo trazar una ruta en cuanto a las investigaciones y probablemente en unos tres meses haya algunos resultados para la posible consignación de las averiguaciones previas tanto de Inés como de Valentina Rosendo Cantú”, las dos indígenas me’phaa violadas por efectivos del Ejército en 2001.
Dijo que el proceso ha sido desgastante porque los acuerdos que se toman en las reuniones no se operan después.

Reciben amanezas integrantes de la OPIM

Por su parte, el dirigente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, denunció que tampoco se ha avanzado en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares a favor de los dirigentes indígenas, por ejemplo dijo que tras una reciente amenaza que recibieron nuevamente, gente de la Secretaría de Seguridad Pública acudió a revisar la cámara y resulta que no había nada registrado porque el disco duro no servía y no grabó nada y que por tanto aunque tienen la idea de quién pudo ser, no tienen las pruebas para proceder en su contra.
Dijo que también recientemente recibieron amenazas otros dirigentes de la organización, Orlando Manzanares Lorenzo y Silverio Remigio Guzmán, este último, comisario de El Camalote. Dijo que en un escrito los acusan de que son sicarios y que son ellos los que ponen las emboscadas “por eso estamos pensando que es la gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la que los está acusando para proceder en su contra”.
Dijo que el caso no ha sido investigado pero que la dirigencia de la OPIM acusa a los de la UPOEG, “a quienes hacemos responsables de lo que les pueda pasar”, acusó.