Se oponen a las mineras sólo algunos grupos identificados, dice Castro Soto

Daniel Velázquez

El secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto, dijo que no hay rechazo a las mineras y que hay pláticas con la Coordinadora Regional de Au-toridades Comunitarias (CRAC) por tres proyectos, dos en la Montaña y uno en la Costa Chica.
En declaraciones a reporteros después de la toma de posesión de Fermín Alvarado como delegado de Profeco, dijo que tres proyectos están detenidos porque no han sido aceptados, pero están en dialogo “con los líderes en coordinación con la CRAC, y esperamos que este año ya podamos tener una respuesta definitiva en cuanto a un sí o un no, y si es un no, no pasa nada, la instrucción del gobernador es respetar el derecho de los guerrerenses”.
–Si con la CRAC hay rechazo ¿buscarán a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)?
–Buscaremos a los comuneros y a los ejidatarios, a los auténticos dueños de las tierras.
Dijo que las concesiones de la Costa Chica y la Montaña no se han podido operar por “falta de comunicación y coordinación” con las autoridades comunales y ejidales.
Se le recordó que hay un rechazo explícito a las mineras en esas dos regiones, y respondió que la oposición sólo viene de “algunos grupos identificados”.
Por eso dijo que su función es hablar con los dueños de la tierra y si éstos no las aceptan porque “consideran que puedan tener un impacto ecológico, porque consideran que pueda ser un riesgo para la integridad, para la salud de los ejidatarios, nosotros seremos respetuosos”, dijo.
Agregó que la estrategia para convencer a las comunidades de las bondades de los proyectos es llevar “testimonios” de otras comunidades donde hay minas.
Dijo que las concesiones que da la Secretaría de Economía a los empresarios mineros no garantizan la explotación de los recursos, porque debe someterse a la aprobación de las comunidades.
Indicó que el gobernador le instruyó a que con la Dirección General de Minas elabore un padrón de las concesiones, cuántas no están operando “para establecer estrategias específicas”.
Detalló que de unas 700 concesiones, unas cinco son las más importantes pero son unas 50 las que están operando.
Del caso de la melonera de Ajuchitlán, donde diez jornaleros fueron asesinados, dijo que la investigación la lleva la Procu-raduría, que se encargará de ga-rantizar la seguridad de todos los trabajadores de los campos de la región, y cuando concluyan las investigaciones se acercará con los empresarios para brindarles estímulos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural.