Prevalece la impunidad a tres años del asesinato de líderes mixtecos de Ayutla

Sergio Ferrer

Ayutla

Han pasado tres años. Rezos, cantos y copal nutren el levantamiento de cruz de Raúl Lucas Lucía, indígena ñu savi que, junto a Manuel Ponce Rosas, fue levantado torturado y asesinado sin algún avance en las investigaciones del crimen.
Por el contrario, luego del asesinato, los indígenas de comunidades marginadas de Ayutla de los Libres han sufrido acusaciones fabricadas, atentados e intimidaciones.
El 13 de febrero de 2009, los indígenas dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fueron levantados durante un acto oficial en una escuela de Ayutla, y siete días después fueron hallados sus cuerpos enterrados en un paraje en Tecoanapa.
A pesar de que se hizo la denuncia no existe ningún detenido ni resultado de las investigaciones de estos hechos.
En tres camionetas, familiares de Raúl Lucas Lucía, integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan e indígenas ñu savi, acudieron al panteón de la comunidad de Cotzaltzin a dejar una corona y flores en la tumba de Raúl Lucas Lucía.
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, exigió que se haga justicia y no quede impune el hecho violento, además de la reparación del daño a la familia.
Rosales Sierra demandó también el cese al hostigamiento en contra de indígenas que están organizados para mejorar sus condiciones de vida y en específico, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), le solicitó desista de las acciones penales en contra de la dirección colectiva de la OFPM.

No hay avances, sí más ordenes de aprehensión

Al principio de la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos de Ayutla de los Libres, habitantes constituyeron la OIPMT, sin embargo, en 2003 se conformarían frentes repartidos para las dos diferentes etnias originarias; la OFPM y la OPIM, acompañando diversas luchas como las de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres violadas por militares.
Desde 1998, las agresiones contra indígenas organizados no han cesado. Muchos integrantes de la OFPM son sobrevivientes de la masacre de El Charco, hecho que marcaría a la región con la militarización y la presencia de grupos paramilitares o informantes del Ejército que han acosado a la organización desde que Raúl y Manuel estaban en la dirección.
Existen siete quejas documentadas donde se relatan allanamientos, robos y ataques contra integrantes de la OFPM por parte de militares. En 2004, Raúl Lucas sufrió una agresión armada de un grupo de informantes del gobierno, quienes le dispararon en el cuello, pero logró sobrevivir.
En 2008 inició otra etapa fuerte de agresiones en contra de las organizaciones, comenzaron a girarse órdenes de aprehensión contra los dirigentes indígenas, entre los que quedaría preso el me´phaa, Raúl Hernández acusado de homicidio, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y de quien se comprobó su inocencia.
En 2009, la dirigente Obtilia Eugenio Manuel y miembros de Tlachinollan sufrieron hostigamiento y amenazas, lo que obligó a Tlachinollan a cerrar sus oficinas en Ayutla de los Libres.
Después de esos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos entre los que se incluye Maximino García Catarino, acusado actualmente de homicidio calificado.
Sobre Álvaro Ramírez, que juntó con Maximino García y otras personas más conformaron una dirección colectiva de la OFPM tras los asesinatos de Raúl y Manuel en febrero de 2009, pesó una acusación de homicidio que sería desechada por falta de pruebas, sin embargo esto no lo salvaría, meses después de salir de la cárcel, de un atentado en el que resultó herido.
Rosales Sierra ratifica que la OFPM se originó en un contexto marcado por la estigmatización de que la región de Ayutla es un caldo de cultivo para la insurgencia armada, como un foco rojo de inconformidad social tras la masacre de indígenas de El Charco.
Esto hace que las políticas aplicadas a los pueblos indígenas sean de tendencia policiaca y militar, que soslayan la visión social.
El abogado de Tlachinollan aseveró que existen grupos de vigilantes que pretenden dar a conocer que la violencia en los pueblos se da por rencillas entre sus pobladores cuando existe una visión de Estado para agredir a organizaciones, y cuando esto no resulta, se fabrican delitos  con afán de acallarlos y que no luchen por sus derechos humanos ni denuncien los atropellos.