Daños por más de 35 millones de pesos al erario deja Zeferino sólo en un programa de seguridad pública

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó como “negativo” el manejo que hizo la administración del ex gobernador Zeferino Torrreblanca Galindo del dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
En la evaluación la ASF “considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el gobierno del estado de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas”.
Entre las irregularidades que encontró la Auditoría señala que el gobierno del estado realizó pagos correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2008 con recursos del ejercicio 2010, por 3 millones 257 mil 700 pesos.
También pagó percepciones extraordinarias a policías por 2 millones 927 mil 300 pesos, que no habían acreditado la certificación que señala el gobierno federal y “falta de documentación comprobatoria del gasto” por 15 millones 363 mil 500 pesos, pagos que no se encuentran debidamente autorizados por 10 millones 409 mil 500 pesos, pagos improcedentes que no cumplen con los fines del fondo por 953 mil 200 pesos y penas convencionales no pagadas por 2 millones 233 mil 400 pesos.
En 2010 el gobierno del estado tuvo un presupuesto del FASP por 205 millones 798 mil 200 pesos y la ASF “presume” daños o perjuicios a la hacienda pública federal por 35 millones 144 mil 600 pesos.
El informe señala que en 2010 el gobierno del estado no cumplió al cien por ciento “las metas físico-financieras” y ejerció el 93 por ciento, equivalente a 191 millones 307 mil 900 pesos y quedó pendiente por ejercer un saldo de 14 millones 490 mil 300 pesos, “que no fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que la ASF instruyó a la Contraloría General del estado a que realice las investigaciones y en caso procedente inicie con los procesos administrativos contra los funcionarios que no reintegraron el dinero a las cuentas de la Secretaría de Finanzas”.
La Auditoría señala que en 2010 el gobierno zeferinista no disminuyó el tiempo de respuesta de las llamadas de auxilio hechas por la población al 066, por el contrario, el tiempo de respuesta aumentó de 2009 que se tenía en 18.1 minutos a 21.1 minutos en 2010, cuando el promedio nacional fue de 17 minutos.
Para el manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) el gobierno de Zeferino Torreblanca empleó más de una cuenta bancaria, por lo que la ASF instruyó a la Contraloría General del Estado a realizar las investigaciones y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos que abrieron dos cuentas para el manejo y administración del fondo.
La Auditoría señala que al tener dos cuentas el gobierno del estado para el manejo y administración del dinero público no asegura la adecuada administración y destino de los recursos, además el gobierno de Zeferino Torreblanca transfirió recursos del FASP “a otras cuentas que manejan dependencias ejecutoras donde se mezclaron con otros recursos”.
El manejo cruzado de los recursos del FASP en diversas cuentas bancarias evito que la ASF identificara el origen de los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias y verificar su empleo para los objetivos del fondo.

Ni eficacia, ni transparencia, ni economías

En el informe de la ASF sobre el gasto ejercido en seguridad pública es común encontrar que el gobierno del estado no acreditó que en la adjudicación de los bienes adquiridos con dinero público la administración zeferinista no garantizó para el estado las mejores condiciones en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de los recursos.
Esta observación fue constante en el informe y en algunos casos la documentación fue entregada en el transcurso de la revisión pero en otros se reporta como faltante.
El informe de 22 páginas disponible en el sitio web de la ASF, señala que el gobierno de Zeferino Torreblanca no comprobó el gasto de 15 millones 300 mil 640 pesos de las acciones “municiones” y “equipo y accesorios para asalto y reacción”, porque “no contó con la documentación comprobatoria del gasto consistente en solicitudes de pago, pólizas de cheque o transferencias del pago, facturas y contratos respectivos”.
En la documentación para comprobar el gasto del FASP el gobierno del estado reportó que ejerció 2 millones 927 mil 300 pesos para el pago de percepciones extraordinarias a “Policía Preventivo en Activo” y “Personal Penitenciario en Activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.
“Sin embargo, la entidad no contó con soporte documental en el que se hiciera constar que los elementos que recibieron percepciones extraordinarias fueron evaluados en 2009 y 2010, por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado; asimismo, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas la mayoría de los elementos no cuentan con las evaluaciones de conocimientos y médicas”, señala.
Entre las consecuencias sociales que señala el informe de la ASF, indica que el gobierno zeferinista otorgó estímulos económicos a policías que cumplieron en totalidad las evaluaciones establecidas por el gobierno federal, “situación que impidió identificar con claridad al personal calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos de la sociedad” para evitar que se ejerzan recursos que no coadyuven al fortalecimiento de las estrategias de seguridad pública.
Otra de las irregularidades observadas por la ASF en el manejo del dinero destinado a seguridad pública en la administración de Torreblanca Galindo es que con el ejerció fiscal de 2010 pagó compra de armamento y equipo policial adquirido en 2009.
El informe de la Auditoría señala que la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) otorgó un préstamo por 10 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) para la adquisición de armamento, municiones y equipo para la policía estatal, donde la SSPyPC se comprometió a reintegrar a la SEFINA el importe del préstamo con recursos del FASP 2010, pero “en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010, firmado por el Estado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se estableció ni autorizó este compromiso”, por lo que la ASF lo considera e irregular y presume un daño a la hacienda pública federal por 10 millones 409 mil 517 pesos con 50 centavos, adicionalmente observa un faltante por 62 mil 887 pesos con 50 centavos porque no presentó la documentación que compruebe en qué se invirtió este dinero.

Compra irregular de vehículos

La Auditoría detalla que el gobierno del estado compró nueve camionetas Ranger y en la revisión no encontró “la documentación completa del procedimiento de adjudicación del contrato número SFA/DGASG/RE/039/2010 por un millón 189 mil 200 pesos y las cotizaciones del pedido número DAA/0827/2010 por 640 mil 400 pesos que acrediten que se hayan garantizado para el estado las mejores condiciones en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de los recursos”.
En la revisión física de los resguardos de los bienes adquiridos con recursos del FASP 2010 y con la visita física “se constató que una camioneta con valor de 213 mil 500 pesos y número de serie 8AFER5ADXB6374246 no fue localizada; asimismo, se constató, mediante inspección documental, que se asignó para funciones administrativas y no de seguridad pública”, por lo que “presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por esa cantidad”.
También por la compra de vehículos la ASF observó que de la compra de nueve automóviles sedán Gol y dos Jetta, el gobierno del estado no proporcionó a la Auditoría la documentación completa del proceso de “adjudicación completo del contrato número SFA/DGASG/AD/RE/018/2010 por un millón 306 mil 700 pesos y las cotizaciones del pedido número DAA/0828/2010 por 304 mil 100 pesos, que acrediten que se hayan garantizado para el estado las mejores condiciones en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de los recursos”.
Cinco de estos vehículos adquiridos con recursos públicos para mejorar la seguridad pública en el estado fueron destinados a otro uso, tres automóviles sedán Gol fueron destinados para uso administrativo y los dos vehículos tipo Jetta para “escolta”; el informe no especifica a qué funcionarios cuidaban la escolta que usó esos dos automóviles, por lo que se presume un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 739 mil 670 pesos.
En la revisión al proyecto “Equipamiento de Instalaciones para la Procuración de Justicia”, del que se comprobaron 3 millones 93 mil 500 pesos de la acción “Equipo”, en el pago de equipo de laboratorio y 2 millones 972 mil 600 pesos en la acción “Oficina”, en el pago de fotocopiadoras, escritorios, mesas, sillas, estantes, archiveros y enfriadores “no se contó con el expediente de adjudicación por 711 mil 600 pesos”.
Otra de las anomalías que señala la ASF es que el gobierno del estado adjudicó a la empresa Grupo Constructor QMV, S.A. de C.V.,  mediante una invitación a tres empresas la obra “Registro Público Vehicular de Chilpancingo, Gro.”, con número de contrato SSPYPC_0023_2010 por un importe de 2 millones 612 mil 600 pesos, “cuando por los montos máximos y mínimos establecidos debió ser por licitación pública”, por lo que instruyó a la Contraloría General del Estado a realizar las investigaciones y aplicar las sanciones contra los funcionarios que no respetaron los montos máximos y mínimos para la licitación.
Otras de las anomalías encontradas por la ASF es que el gobierno del estado no contó con evidencia del envío de la Propuesta Metodológica 2010 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y remitió al Director General de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Informe Anual de Evaluación del ejercicio 2010, con 36 días de retraso. (Redacción).