Eduardo Pérez Haro

Reposicionamiento del campo y nueva gestión productiva

Para Yolanda Trápaga

México vive un espasmo “político” que lo mantiene alejado de las preocupaciones de la crisis más severa del mundo en más de cien años y, por qué no decirlo, también de la realidad nacional. Si acaso, nuestro país se embrolla en la sucesión presidencial hacia el próximo 1º de julio.
No será fácil romper esta inercia de enajenación nacional y sin embargo, insistiremos en que es el momento de instalar un cambio profundo en México y que ello no es cosa de promesas y lugares comunes; “elevar la competitividad”, “más productividad”, “mejor educación”, etc., ni mucho menos lemas de mercadotecnia sobre el amor, la paz y la eficacia.
La respuesta a la crisis está en una estrategia de mediano plazo, que por ahora no existe ni está propuesta, la cual supone un patrón de desarrollo donde los sectores agrícola, industrial y de servicios, se definan en una ecuación productiva con inclusión social como baluarte de la distribución del ingreso.
El México de los desequilibrios y las desigualdades debe enfilarse a compensar estos desbalances con la deliberada acción del Estado mediante una gran movilidad social de todos los sectores y la convergencia de sus liderazgos, y el México atrasado debe remontar sobre la base de grandes medidas en los ejes vertebrales de la capacidad productiva y del desarrollo, que ya hemos destacado por su gran insuficiencia comparativa con las economías avanzadas: infraestructura, tecnología, organización laboral, capacitación, financiamiento, vinculación de mercados y nuevo arreglo institucional.
La del campo es una reforma sustantiva que guarda especial aptitud en el contexto de revaloración de los bienes y servicios provenientes del sector rural y ahí también aplica la introducción de los ejes estructurales mencionados en el párrafo anterior, pero ello pasa por las particularidades del caso. Reordenamiento regional y movilidad social en un nuevo patrón de actividades productivas donde se consideren, de manera definida y no sólo experimental nuevos productos en la bioenergía, minerales, alimentos y servicios ambientales, en principio, implican una tarea de aprovechamiento de la tierra que está siendo subutilizada en selvas, sierras y zonas áridas.
Para ello hay que acordarlo con los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios minifundistas que son dueños de dos terceras partes del suelo nacional. Lo anterior no implica un rechazo a los grandes productores y principales proveedores del comercio de alimentos y materias primas, sino el reconocimiento de que su margen de mejoramiento es ya muy limitado respecto del tamaño de las necesidades y del debido aprovechamiento de la demanda en el contexto actual y de las próximas décadas.
Que el tema es complicado y la propuesta no es nueva, habría que aceptar lo primero pero lo segundo habría que definirlo en otros términos y demostrar que nueva si lo es. Respecto de lo complicado habría que decir que no se resuelve renunciando a ello, en todo caso habría que inscribirlo en un proceso de mediano plazo para hacer de la gradualidad un procedimiento de ajuste recurrente para su certidumbre.
La política que se propone parte de acordar con los pequeños productores su reorganicidad con base en la propiedad, compactando áreas que consoliden economías de escala en organizaciones económicas gerenciadas con la participación de los hijos, y sobre esta base naturales herederos, ya no sólo de la tierra sino de las nuevas empresas productoras y comercializadoras. Incluso, en algunos casos, puede pasar por formas asociadas con el capital privado, sin considerarlo una cuestión marginal, sino parte sustantiva de la estrategia.
El compromiso del gobierno será el de apuntalar mediante apoyos subsidiarios el equipamiento e infraestructura para la producción, comercialización y transformación, así como  la asistencia técnica y capacitación, componentes que siempre ha conferido pero cuya asignación  en este esquema de política que se propone, requiere de términos distintos a los utilizados tradicionalmente. Se trata de dejar atrás la discrecionalidad clientelar y en su lugar operar un criterio de elegibilidad en favor de quienes reúnan las condiciones de posesión, cohesión, destreza, vocación, voluntad, etc.
Se requiere mucho dinero pero no más del que normalmente se asigna. Su principal dificultad no está en el dinero sino en la  relevancia que se le conceda a una vertiente de reordenamiento general del sector respecto de la economía nacional, de las regiones respecto al reordenamiento territorial del desarrollo, de las ramas y principales productos respecto de la demanda del mercado frente al que existe una resistencia paradigmática en reconocerla y por supuesto, depende de manera preponderante de la mecánica de implementación.
El auxilio técnico para la organización y desarrollo tecnoproductivo es un asunto de la mayor importancia que no está resuelto, pero el cambio de estrategia no es sólo una buena idea sino un caudal de recursos humanos y materiales, y una claridad y voluntad política de la conveniencia de llevarlo a cabo, pero sobre todo una operación amplia, gradual y atrevida con mucha gente comprometida por la remuneración y la expectativa.
Existen ideas y experiencias análogas de distinto tiempo que muchas veces se han corrompido o simplemente han sido destruidas por alguna turbulencia de la naturaleza o del mercado. Pero se emprendieron en el tiempo en el que el sector había perdido su función estratégica en la economía nacional (1965-2000), es más se emprendieron precisamente porque ya ni el Estado ni la economía le reconocían un lugar de importancia a las actividades agropecuarias, era el momento de “imaginar cómo… y echarle ganas”, no había más.
Se conseguían efímeros apoyos gubernamentales que en un contexto adverso pronto se retiraban y las Unidades Económicas o Empresas Sociales pasaban a ser como negocio político de líderes, objeto de maniobra para demandar apoyos gubernamentales. Empero, modificado el contexto la perspectiva es distinta y es pertinente y es nueva. No es un acto de justicia social per se; es un evento de cambio estructural para aprovechar los recursos disponibles de cara a una nueva demanda y por ende aumento del valor real de los productos del campo. La inclusión social es un imperativo, la mayor equidad en la distribución del ingreso una consecuencia.

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