Hay un amparo a favor de los ministeriales acusados de disparar a normalistas, dicen familiares

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Segundo Tribunal Colegiado del 21 Circuito en materia penal y administrativa, con sede en Acapulco, resolvió el 5 de abril pasado, el amparo 348/2012, a favor de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Madamas Salinas, acusados por el delito de homicidio en agravio de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Pero la resolución se dio a conocer este domingo, mediante un boletín de prensa titulado “El Caso Ayotzinapa. Otro Revés para la PGR de Marisela Morales”, que fue enviado por la esposa de Rey David Cortés, Digna Rachel Treviño Castro.
El expediente 348/2012 se encuentra publicado desde el 19 de abril en los estrados de dicho tribunal, según afirmó anoche vía telefónica la señora Treviño Castro, quien además aseguró que cuenta con copias de este documento.
Rey David Cortés e Ismael Matadamas fueron detenidos el 12 de diciembre de 2011, como presuntos autores materiales del asesinato de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Herrera Pino y Echeverría de Jesús, ocurrido durante el desalojo violento por policías federales y estatales a estudiantes de esa normal, cuando apenas comenzaban un bloqueo a la Autopista del Sol y la carretera federal.
En el boletín se asienta que el amparo a favor de los dos agentes ministeriales fue concedido “al no haber encontrado elementos que acreditaran que los inculpados accionaron sus armas en contra de los manifestantes, y de los hoy occisos y lesionados el día de los hechos”.
En la foja 37 del documento se establece textualmente: “Pues es verdad que de las pruebas que relacionó se acreditó que los inculpados portaban armas de fuego, empero, también lo es que obran diversos datos que acreditan que las armas que portaban los inculpados no fueron accionadas”.
Un párrafo adelante el boletín cita otro extracto del amparo: “Entre las que se encuentran el arma AR-15, calibre .223, con número de matrícula LST001739 que portaba el inculpado Israel (sic) Matadamas Salinas y la diversa carabina marca Colt, calibre .223, matrícula LGC-001196, que tenía Rey David Cortés Flores, a las que se practicaron los dictámenes de química respectivos, para saber si fueron disparadas, periciales que dieron como resultado negativo a la presencia de nitritos”.
Asimismo, agrega que en la foja 38 se dice: “De quienes se concluyó que en las muestras tomadas de ambas manos no se identificaron elementos de bario y plomo, dato que crea la presunción de que dichos inculpados no realizaron disparos con las armas de cargo que tenían en su poder”.
En el boletín se recuerda que el 11 de julio del año pasado el juez Jorge Eduardo Espinoza Luna concedió en primera instancia el amparo a favor de los policías, pero que “la ONG, Tlachinollan, convenció a los familiares de los occisos para que interpusieran un recurso de revisión”.
Por ello el caso se remitió al Segundo Tribunal Colegiado del 21 Circuito en materia penal y administrativa, con residencia en Acapulco cuyos magistrados por unanimidad confirmaron la resolución del juez de distrito que am-paró inicialmente a los quejosos.
El comunicado agrega: “Ante ello es inminente la libertad de los policías ministeriales, que por 16 meses han sido privados de su libertad, incluyendo los 30 días de arraigo decretados a solicitud de la PGR, que el 15 de diciembre de 2011 ejercitó la facultad de atracción, el arraigo y la investigación de los hechos”.
Asimismo, los familiares de los policías hacen un llamado “para que se respeten los términos del amparo otorgado, y se les ponga en inmediata libertad, ya que han sido víctimas de la arbitrariedad del gobierno federal pasado, que maquinó las falsas acusaciones”.
Por la noche se buscó al abogado de los agentes, Antonio Nar-ciso Cruz, para que diera más de-talles, pero no fue localizado.
La señora Treviño declaró que “deberían salir libres inmediatamente, porque ya es mucho tiempo el que permanecieron encerrados injustamente”.
Explicó que con el amparo “se comprueba que siempre hemos estado diciendo la verdad, pues yo, sin ser abogada, siempre supe que eran inocentes por los tiempos en que llegaron al lugar”.
Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera, organismo que asesoró a los familiares de los estudiantes asesinados, dijo vía telefónica que no estaban enterados de la resolución, pero que los abogados solicitarían la información correspondiente para revisar en qué condiciones se dio este amparo.