Silvestre Pacheco León

El caso de la mina La Lupe en el pueblo de Tlamanca

Primero fue el ir y venir de carros de volteo transportando el material de construcción para las oficinas de los empleados de la mina. El ruido constante y el polvo que levantaban los camiones materialistas a su paso fue lo primero que alteró la vida de los habitantes de Tlamanca, pequeña comunidad cercana a la cabecera municipal de Zautla en la sierra oriental de Puebla.
Esteban González, su mujer y sus hijas vivían con mayor intensidad los trastornos de la actividad ligada a la mina porque su casa está en la calle principal que conduce a las oficinas de la empresa.
Fue pues el ruido, el polvo y el riesgo por el paso constante de los camiones cargados de material el primer indicio de la amenaza que se venía contra el pueblo luego de que llegaron los representantes de la mina a quienes el pueblo empezó a conocer como “los chinos”.
“Al principio –recuerda Esteban– empezamos a ver gente extraña en el pueblo manejando camionetas modernas, contratando gente para trabajar y eso no nos inquietó”. Como la historia de Tlamanca está ligada a una vieja mina a cielo abierto en la que varios lugareños trabajaban con pico y pala allá por la década de los cuarenta del siglo pasado, incluso había cierta euforia entre los jóvenes ante la noticia de la reapertura de la mina por la posibilidad de conseguir empleo.
Los representantes de la empresa minera comenzaron a correr rumores sobre supuestos apoyos que canalizarían en beneficio del pueblo. Los primeros en buscar el provecho no sólo económico sino político de la empresa minera fueron los priistas locales quienes habían sido expulsados del poder municipal el año anterior tras el triunfo electoral del PRD en el municipio.
Entre los apoyos que ofrecían los representantes de la mina se mencionaba la construcción de un hospital obra que, curiosamente, fue la principal oferta de campaña del candidato del PRI, la cual por cierto no convencía a los lugareños porque decían que ya hay un hospital del gobierno federal.
Sin embargo, como nadie discutía sobre la veracidad de la concesión minera cuyo título ostentaba la compañía JDC Minerals, el paso de los trabajadores por el pueblo para llegar al predio era respetado por todos.
Los dueños de los camiones materialistas contratados para el acarreo del material de construcción así como los comerciantes que surtían la despensa de los trabajadores eran los más interesados en la marcha de la empresa. Y hasta hombres viejos del pueblo que en su tiempo trabajaron en la mina dando cuenta de cómo su explotación acabó con el bosque de pinos, se veían animados por su reapertura.
En el pueblo no había nadie que se desvelara preguntándose sobre la legalidad de cada gestión que realizaban los empresarios mineros. Quizá en ése entonces muchos pensaban en la transformación radical que sufriría el municipio si al mismo tiempo los dueños de las otras cuatro concesiones mineras que hay en el territorio de Zautla emprendían también su explotación, pero hasta ahí.
El único que alteraba el panorama conformista de Zautla era Esteban González quien platicaba con su mujer sobre las experiencias negativas que padecen otros pueblos por la presencia de las mineras como la San Javier en San Luis Potosí y Caballo Blanco en Veracruz.
Y aunque su iniciativa de divulgar aquellas experiencias entre sus paisanos tuvo poco eco en su mujer que lo alertaba sobre los riesgos que se corren cuando se enfrenta un enemigo poderoso, Esteban ya estaba decidido a luchar desde entonces por el futuro de sus hijas.
Desde el CESDER promovió una asamblea informativa abierta a la comunidad sobre los daños ambientales que viven las comunidades por la presencia de las mineras. Especialistas como Francisco Bárcenas y Jesús Guzmán, investigadores adheridos a la cámara de diputados, y Pedro Hernández de la Cruz, maestro en Ciencias Ambientales participaron en esa jornada.
En esa asamblea celebrada el 21 de octubre de 2012 que contó con una amplia asistencia de habitantes de todo el municipio, se expuso el enorme daño ambiental que provoca la explotación minera en los ecosistemas, principalmente la contaminación del agua que se convierte en un hecho irreversible.
Esteban recuerda que al final el mayor interés de los participantes no fue por conocer las ventajas económicas de la minería, sino las medidas legales para detener la entrada de las mineras, pues las amas de casa y los maestros entendieron la gravedad de la situación que ponía en riesgo la vida del pueblo, y la necesidad de hacer algo para evitar la reapertura de la mina que se ubica en el mismo cerro donde nace el principal manantial de la comunidad que se llama Tihuapán y que en náhuatl significa Piedra encima o Agua de la roca.
El resultado de esa asamblea desembocó en la formación de una comisión integrada por cuatro personas para emprender una lucha legal. La comisión ciudadana integrada por dos mujeres y dos hombres anunció que procederían a entrevistar a las autoridades municipales para que explicaran la situación de la mina y su posición como representantes del pueblo.
Se pusieron al lado del pueblo contra la reapertura de la mina el juez de paz y el presidente auxiliar y con ese apoyo demandaron a las autoridades municipales información sobre la Manifiestación de Impacto Ambiental, que es el estudio que obligatoriamente deben presentar las empresas mineras ante la autoridad federal y que contiene la cantidad y tamaño de los daños que van a provocar así como las medidas que tomarán para mitigarlos.
Mientras esas demandas procedían, la información al pueblo se multiplicaba. En cada una de las 32 comunidades del municipio las asambleas se acompañaban de videos y volantes que mostraban las experiencias y sufrimientos de otros pueblos donde las empresas mineras lograron establecerse con engaños.
El oro o la vida, y La guerra del agua, videos que muestran el daño ambiental de las mineras y los riesgos que corremos cuando el agua escasea, ayudaron a la toma de conciencia sobre el peligro que corría la población.
Por eso el 3 de noviembre cientos de habitantes concurrieron a la asamblea a la que los ejidatarios habían convocado. Ahí confrontaron a los representantes de la empresa minera quienes buscaban convencer de las supuestas ventajas económicas que traería la explotación de los minerales a la comunidad.
Fue en esa asamblea en la que se descubrió que el método de explotación que pretendía utilizar la minera para descubrir los yacimientos era dinamitando el cerro de Santa Ana que es donde se localiza la mina y el manantial.
Los participantes de la asamblea pasaron de la curiosidad a la desconfianza y luego a la indignación contra los representantes de la empresa minera quienes habían empezado a regalar refrescos para ganarse el apoyo popular en esa reunión que duró casi todo el día.
En el diálogo provocado por la asamblea los representantes de la empresa expusieron que ya contaban con la autorización del presidente municipal para operar y que solamente estaba pendiente el permiso para el traslado de los explosivos con los que se empezaría la demolición del cerro, que cada día removerían entre 200 y 600 toneladas de material, el cual se enterraría en los túneles que abrirían previamente.
Días después la alarma cundió entre la población cuando algunos vecinos descubrieron que personal de la mina andaba visitando cada uno de los manantiales del municipio sin avisar ni explicar las razones ni pedir permiso para ello. El colmo de esa actitud fue el intento de la empresa por conectar el drenaje de sus oficinas al servicio municipal.
Ante esos hechos iba creciendo el rumor de que las autoridades municipales habían vuelto las espaldas al pueblo y que apoyaban la instalación de la minera, hecho que obligó al presidente municipal a convocar a una consulta popular sobre la mina como era la exigencia de la población.
El 21 de noviembre en una concentración sin precedente en el municipio la población votó contra la autorización del cambio de uso del suelo del cerro de Santa Ana y contra el uso de explosivos para la explotación de la mina, pero fue más allá: acordó también exigir la salida de la empresa, fijando para el día siguiente el plazo perentorio para que su personal abandonara Zautla.
Esteban González recuerda que en esa consulta los representantes de los 32 pueblos del municipio entregaron, uno a uno, frente a todos los habitantes reunidos, el acta con los resultados: Unánimemente en contra de la reapertura de la mina.
El 22 de noviembre, día en que concluía el plazo para la salida del municipio de los trabajadores y representantes de la mina, en sus oficinas parecía que todo era normal porque el trabajo no se detenía, hasta que la manifestación popular llegó y las rodeó exigiendo la salida.
Sólo cuando cayeron las primeras pedradas sobre el techo y las ventanas de las oficinas los chinos salieron. Cuando se vieron rodeados por la multitud que no aparecía muy amigable, entendieron que debían retirarse, y así lo hicieron con lo que llevaban puesto.
El representante de la empresa simplemente dijo que no había condiciones para seguir trabajando, y se fue, dando paso a la fiesta que los habitantes organizaron para coronar exitosamente su decisión de que frente al oro de la mina para ellos vale más la salud y la vida comunitaria.
Esteban, por su parte, dice que está satisfecho por haber defendido el futuro de sus hijas y porque al final su mujer se sumó también a su lucha. También porque los viejos de la comunidad confiaron en los jóvenes para la conducción del movimiento, aunque dice no salir de su asombro por la eficacia que tiene la unidad popular en una lucha que se resolvió en tres meses.