Tlachinollan

La escalada de la confrontación

La restauración del PRI, con la llegada de Enrique Peña Nieto a los pinos ha buscado establecer acuerdos y compromisos con las cúpulas partidistas para poder afianzar una nueva hegemonía política expresada ahora en el Pacto por México. El fortalecimiento de la figura presidencial a la usanza de lo que fue el partido de Estado, ha generado una nueva forma de gobernabilidad que desde la toma de posesión del nuevo presidente fijó las nuevas directrices con sus doce decisiones unipersonales.
Al siguiente día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, los líderes de los partidos políticos firmaban de espaldas a la sociedad este pacto, que para los mexicanos representa una agenda totalmente ajena a los intereses de la clase trabajadora. Dentro de las doce decisiones presidenciales estaba contemplado un acuerdo sobre la reforma educativa, que en menos de veinte días fue aprobada por los diputados federales y los senadores.
Acatando la orden presidencial, el Congreso de Guerrero de manera servil aprobó la reforma educativa el 10 de Enero del 2013 sin que las fracciones parlamentarias mostraran algún interés por reivindicar las demandas legítimas del magisterio guerrerense. Fueron 43 Diputados los que levantaron la mano para congraciarse con su jefes políticos y seguir gozando de las prebendas del poder. Sólo dos diputados, Abelina López del PRD y Emiliano Díaz de Nueva Alianza votaron en contra, el perredista Daniel Esteban dignificó su voto con una abstención.
Esta fecha marcó el inicio de un conflicto magisterial que se ha prolongado por más de tres meses y que ha alcanzado un alto nivel de explosividad social. La decisión que los diputados del PRI, PRD y del PAN, que tomaron de manera trivial la aprobación de esta ley, ha sido la causa de la polarización social y política que vivimos en el estado. Estos acuerdos cupulares y decisiones verticales son impuestas en forma de leyes a todos los ciudadanos y ciudadanas, son los que están atizando el encono social, porque no se han tomado las medidas necesarias para trasladar adecuadamente estas iniciativas que no surgieron de las bases sociales y que más bien responden a un paquete de reformas estructurales que son compatibles al modelo económico globalizador. La apuesta de querer planchar desde arriba estos acuerdos sin dar cabida a la opinión de la ciudadanía, está evidenciando las flaquezas de una estrategia política que carece de legitimidad por parte de la diversidad de actores sociales quienes, son la razón de ser del quehacer de los políticos a sueldo.
El poco respeto que los gobernantes guardan hacia los gobernados ha creado un ambiente hostil y de mutua desconfianza por su falta de oficio político, pero sobre todo por la falta de compromiso con la sociedad y la ausencia de valores éticos. Se han olvidado que tienen por mandato constitucional salvaguardar los derechos de los conciudadanos. El faccionalismo político y la supeditación acrítica y sumisa por parte de las autoridades estatales a los dictados de la federación, ha denigrado la política y se han dejado arrastrar por interese económicos que son ajenos a las justas aspiraciones de un pueblo vilipendiado por los cacicazgos políticos y por gobernantes que se han caracterizado por expandir la corrupción al interior de las instituciones gubernamentales.
Con estas prácticas antidemocráticas y métodos opacos para decidir el destino del magisterio de Guerrero, la misma clase política ha puesto en riesgo la gobernabilidad en nuestra entidad. Una gran parte de la sociedad le apostó a un gobierno que pudiera garantizar una relación armoniosa entre los principales actores sociales que tuvieran la oportunidad de incidir en el diseño de políticas públicas y de ser un factor de equilibrio para la toma de decisiones impulsadas desde los centros del poder federal. Todo fue en vano, la conducción política asumida por el gobernador se desdibujó y sobre todo perdió el rumbo político trazado por el electorado guerrerense. En la medida en que el ejecutivo estatal tomaba el control de las instituciones y del partido político que lo llevó al poder se atrincheró para imponer su estilo peculiar de gobernar y manejar los hilos del control político de manera facciosa y clientelar. Atrajo hacia su persona a las figuras que contaban con cierto peso político, para tejer su propia red de lealtades e imponer una nueva hegemonía frente a los grupos políticos que le disputan palmo a palmo el control del estado. Su alejamiento de la población y sobre todo el doble discurso que ha mantenido ante las diferentes movimientos sociales que han emergido con fuerza en nuestro estado, han diezmado su legitimidad en la conducción política de nuestro estado. Desde el conflicto que enfrentan los campesinos opositores a la presa hidroeléctrica la Parota, donde el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a ésta, el CECOP, emplazó al gobernador para firmar los acuerdos de Cacahuatepec, (como una muestra de su compromiso en favor de los derechos colectivos de los pueblos), hasta el actual conflicto magisterial, que ha alcanzado proporciones inimaginables por el acuerpamiento que ha tenido con las diferentes organizaciones sociales y sindicales en torno a la lucha contra la reforma educativa, el ejecutivo estatal, ha mantenido una postura zigzagueante y evasiva, como la manera más eficaz para incumplir su compromiso con los sectores marginales y más combativos de nuestro estado.
Estos conflictos incluyendo los de la Policía Comunitaria y el de la Normal de Ayotzinapa, han alcanzado una escala crítica por las consecuencias que ha desatado ante la desatención y el mal tratamiento que le ha dado a este tipo de problemas transversales que trastocan la convivencia pacífica entre los guerrerenses. Esta conflictividad social ha devenido en amedrentamientos, amenazas, represión, encarcelamientos y hasta asesinatos. Todos han tenido que padecer el linchamiento mediático y aparecer en los medios como los actores malos e irascibles que no razonan y tampoco valoran las acciones de un gobierno bondadoso. Todos los actores de estos conflictos han sido defraudados por el Ejecutivo y tuvieron la amarga experiencia de no ser atendidos, sino más bien, de ser perseguidos y estigmatizados.
Los movimientos protagonizados por el CECOP, la Policía Comunitaria, los estudiantes de Ayotzinapa y el magisterio disidente han ejercido el derecho que les asiste para oponerse y resistir a las políticas y leyes que atentan contra sus derechos fundamentales. Son movimientos que apelan a la resistencia civil y que surgen como respuesta a las amenazas que emanan del mismo gobierno cuando no sólo dejan de proteger los derechos sino que confiscan las conquistas alcanzadas y atentan contra el buen vivir.
El conflicto magisterial que ha crecido exponencialmente ha entrado a una etapa de empantanamiento por la postura inflexible que ha prevalecido desde un inicio por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. Lo que hoy es motivo de protesta, de indignación y rabia por parte de los maestros y maestras, tienen su causa en la insensibilidad, desinterés, y cerrazón de los diputados y del mismo ejecutivo, por no dar cabida y por no querer armonizar en una ley estatal las propuestas legítimas del magisterio de Guerrero. La maniobra diseñada desde el poder central fue desechar las iniciativas de los maestros y maestras y se apeló a los principios de la democracia representativa, para que con el mínimo de votos de los diputados y diputadas se truncara todo el esfuerzo condensado en el gran movimiento de resistencia magisterial. Ahora en el estado, el gobierno se encuentra atrincherado. El gobernador para realizar su segundo informe tuvo que anteponer una muralla de policías dispuestos a repeler cualquier acción de la población que se ha sentido traicionada.
Para socavar la fuerza y la base del poder del magisterio, el Ejecutivo ha tenido que cooptar a los medios masivos de comunicación para alentar la animadversión y el encono contra el magisterio y al mismo tiempo, promover una imagen impecable de quien gobierna. Como en los viejos tiempos del PRI, se promueven actos para alentar el culto a la personalidad y promover el corporativismo político. El empresariado, que ha crecido bajo la sombra del poder, tiene que mostrarse agradecido con inserciones pagadas en los periódicos para congraciarse con el Ejecutivo en turno.
Ante este endurecimiento de las autoridades la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) ha tenido que cobijarse con las organizaciones sociales, la Policía Comunitaria, los organismo civiles de derechos humanos, los sindicatos independientes, los padres y madres de familia y las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas para poder enfrentar el poder omnímodo, que con el uso de la fuerza ha llevado al magisterio a un callejón sin salida. Está claro que en el ámbito estatal quedaron canceladas las opciones para una reforma educativa basada en realidad lacerante y discriminatoria que históricamente enfrentan los pueblos indígenas y el mismo magisterio guerrerense. La ausencia del estado de derecho, pero sobre todo la ausencia del estado de bienestar han llevado a la sociedad guerrerense a una convulsión social que expresa la ira, la rabia y la frustración de una población que a todas luces fue traicionada, y que en sus diálogos con los gobernantes, al final de los acuerdos quedó como huella indeleble, la burla y el engaño soez.
En estas tres últimas semanas la escalada de la confrontación ha colocado a los guerrerenses en las trincheras de la autodefensa. Para menguar la fuerza del adversario, para colocarlo fuera de la legalidad y para hacerlo caer en la trampa de la acción desesperada, el gobierno ha atizado el uso de la fuerza como un recurso límite para la protesta social ante la sordidez gubernamental.
Esta batalla en defensa de la educación tiene que articularse al movimiento nacional y buscar los espacios de interlocución para seguir impulsando las propuestas emanadas de la base magisterial democrática. El reto es retornar a la mesa de diálogo pero en el plano federal y canalizar todas las energías para que se plasmen los planteamientos válidos del magisterio en la ley general de educación. La razón le asiste al magisterio, por eso debe de superar la tentación de ser rehenes de los que imponen la ley del más fuerte. Las detenciones de los cuatro maestros que fueron recluidos en los centros federales de readaptación social de Veracruz y Nayarit, marca la otra etapa de la confrontación, que los coloca fuera de la legalidad y busca diluir su fuerza provocando al mismo tiempo reacciones irascibles. Es impostergable parar esta escalada de la confrontación social y reencausar toda esta fuerza social al plano federal.