Tlachinollan

¿Quién tiene una educación y un trabajo seguros?

La inseguridad que impera en Guerrero no sólo se debe a la violencia causada por la delincuencia organizada, ni la que alientan las mismas autoridades con sus malas actuaciones y sus negocios turbios, sino a la falta de trabajo asalariado seguro, que es como la muerte paulatina, la que nos mata las esperanzas de vida y corroe nuestra fuerza física y espiritual para seguir luchando.
La entrada de este 2013 estuvo acompañada de una experiencia atroz; vivir al día. No hay trabajo y tampoco hay ventas. Hemos tocado fondo; los que tienen aún el privilegio de recibir un raquítico salario, saben que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Por su parte, las mayorías empobrecidas que deambulan por las ciudades, son presa de la desesperación porque no encuentran la forma de obtener un ingreso mínimo. Se autoemplean; se incorporan al amplio contingente de vendedores ambulantes y un gran número se inserta al prolífico mundo de la delincuencia organizada, que ofrece dinero constante y sonante, pero sellado con un pacto de sangre.
La población infantil está incursionando cada día más en el trabajo informal y al mismo tiempo, se ve obligada a abandonar la escuela para dedicarse a buscar un trabajo que por lo menos le asegure la estancia. Los niños y niñas de la Montaña desde los nueve años se enrolan como jornaleros agrícolas en los campos de Sinaloa. Los que han podido regresar con sus padres a la región, y que lograron comprar con sus ahorros un terreno en los cerros o barrancas de la periferia de Tlapa, trabajan como boleros y vendedores de chicles. Muchos forman parte de la servidumbre de los comerciantes establecidos, con la ilusión de tener un lugar dónde comer y dónde dormir. Los que asisten a la escuela no almuerzan. Tienen que acostumbrarse a vivir con el estómago vacío y a probar alguna tortilla fría por la tarde, una vez que han realizado alguna actividad donde viven y trabajan.
En las comunidades el único dinero en efectivo que circula es el que llega del programa oportunidades, y que las mamás simplemente lo transfieren a sus deudores o se lo gastan en los puestos que se instalan en el lugar donde cobran. Ese mismo día regresan a su casa llevando productos chatarra para seguir reproduciendo el círculo de la miseria. En lugar de generar empleos dignos a la población femenina económicamente activa, se le denigra proporcionándole apoyos caritativos de manera individual, para romper con los fuertes lazos de la organización comunitaria.
El dinero que todavía llega de los jóvenes que trabajan en Estados Unidos, es más esporádico y la cantidad es menor. Lo utilizan para comprar fertilizante, medicina, ropa, huaraches, maíz y alguna televisión o refrigerador. También es el pequeño fondo que se ocupa para cooperar con el pueblo en los momentos festivos. Entre las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, no hay fuentes de empleo. Los que tienen la fortuna de trabajar, son contratados como peones, ya sea por una semana o un mes, para realizar actividades agrícolas o para construir alguna vivienda. Esta precariedad es un terreno fértil  para asegurar clientelas, por parte de los grupos políticos y sus secuaces.  Las mismas instituciones gubernamentales y los ayuntamientos han aprendido a funcionar como agencias de desarrollo para hacer jugosos negocios con los recursos públicos. Los que hoy cuentan con empresas constructoras y trabajan con el gobierno, son familiares o grandes amigos del pequeño círculo de políticos pelafustanes que se adjudican obras millonarias para hacer su propio emporio financiero. Gran parte del dinero público que se maneja en el estado es controlado por un pequeño grupo de empresarios que se han enquistado dentro de las instituciones y son a quienes les asignan los proyectos más redituables del sexenio. Estos bandoleros del sistema que han corrompido a las instituciones y han saqueado y empobrecido al estado, son los que ahora aparecen como los paladines de la democracia y la legalidad y  exigen que se encarcele a los maestros de la CETEG, que al igual que el gobernador, los catalogan como vándalos.
La juventud guerrerense es la que más ha sentido el golpeteo frontal tanto de los gobernantes como de la delincuencia. A la mayoría de la población que aspira  entrar a las instituciones educativas de nivel medio superior y superior se les rechaza y no se les da otra opción apropiada para seguir estudiando. El alto número de jóvenes que aspiran a estudiar el bachillerato o el nivel profesional no tiene parangón con el exiguo número de espacios educativos, que además carecen de infraestructura equipamiento y personal. Esta precariedad sistémica la tienen que subsanar los padres de familia o los mismos estudiantes, con todo tipo de apoyos y cuotas, con la promesa sempiterna de que sólo así les va ayudar el gobierno. En las comunidades más necesitadas de estos servicios es donde más se ha generalizado esta costumbre de subsidiar a la escuela pública. Los padres y madres de familia tienen que construir los baños, las bardas, la protección perimetral. Se organizan para pintar la escuela, para pagar un velador, la luz. Compran pizarrones, mandan hacer sus pupitres, le ponen cemento al piso de tierra de las aulas y en varias comunidades se organizan para construir aulas. Este es el costo de un derecho que siempre ha sido denegado por el gobierno que nunca ha cumplido con el mandato constitucional de proporcionar a todos los ciudadanos y ciudadanas educación gratuita.
Las y los jóvenes están siendo violentados en este derecho básico. A quienes se organizan y protestan los reprimen y asesinan. No hay cabida para ellos en una sociedad marcada por la exclusión, la discriminación étnica y clasista y por la estigmatización social. Ante este desprecio gubernamental, han encontrado espacio en el submundo de la delincuencia organizada, en este lugar están encontrando la escuela del crimen. Se preparan y se forman en la cultura de la muerte. Ahora son las nuevas generaciones de jóvenes los que están incorporándose al mercado de la violencia, a formar parte de los nuevos contingentes del sicariato, que aprenden a  empuñar los cuernos de chivo para ganarse la vida, quitándoselas a otros. El negocio de la muerte es lo que más está redituando ganancias en un estado pobre donde la mayoría de su población es menor de veinticinco años. La actividad delincuencial es un boom en la juventud guerrerense ante la insolencia de las autoridades que no tienen una estrategia clara de cómo incluir a los jóvenes dentro de proyectos educativos, culturales, tecnológicos, artísticos y científicos. Tanto los jóvenes del puerto de Acapulco, de las ciudades de Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo, Iguala, como los de la costa chica, los afromestizos, al igual que los campesinos de la sierra, costa grande, tierra caliente o zona norte y los indígenas de la montaña alta y baja, son ahora los nuevos discípulos de los que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero y el empleo más remunerado y seguro, a cambio de entregar la vida por un proyecto de muerte.
La clase política de Guerrero acostumbrada a la práctica de la corrupción, entendida como una forma de gobierno, y al ejercicio del poder con el uso de la fuerza y el amedrentamiento, para imponer sus leyes y sus propios estilos de gobierno, ha desquiciado la convivencia pacífica y ha derruido las aspiraciones legítimas de una población que lucha contra la pobreza y que en todo momento busca afanosamente alcanzar un lugar para estudiar y un espacio en el mercado laboral para trabajar dignamente. Esto es imposible para la mayoría de guerrerenses: los niños y niñas pobres seguirán vendiendo chicles o desempeñándose como semiesclavos en los campos agrícolas y en las casas de la clase acomodada. Las y los jóvenes se toparán con el rechazo sistemático para poder acceder a una institución educativa y no tendrán la oportunidad de ser un afortunado para tener una beca. Será fácilmente cooptado por los empresarios de la economía criminal y se verán obligados a cometer delitos o a realizar trabajos ilícitos para poder subsistir. Al sector que aún posee un empleo, como el magisterio, tendrá que continuar en la lucha para defender su trabajo y para garantizar la gratuidad de la educación. Las reformas laboral y educativa están pensadas en arrancarles sus conquistas como trabajadores y ubicarlos ahora como trabajadores eventuales a quienes se les puede despedir sin que tenga la posibilidad de pedir la protección de las leyes.
Las luchas emblemáticas de los normalistas de Ayotzinapa y de los maestros y maestras de la CETEG son expresiones de las nuevas batallas que están por llegar y que se van a multiplicar en el estado y en el país, ante la embestida gubernamental, que siente que es el momento propicio para imponer las reformas estructurales que demanda el capital trasnacional. Lo siguen cocinando a nivel federal y desde las cimas del poder sienten que tienen el control de los gobernadores, de los congresos, del Ejército  y de la misma sociedad para poder cumplir con los acuerdos y compromisos del llamado Pacto por México, y de esta forma poder servirse con la cuchara grande en las próximas elecciones.
Se trata de ir  creando las condiciones políticas, jurídicas y sociales para lograr la restauración del PRI con el nuevo paradigma de la globalización.  Los líderes de los partidos políticos están hechos a la medida de lo que requiere el presidente de la Repú-blica, han actuado como sus peones y como su fans, con el penoso interés de continuar dentro del presupuesto y con la ilusión de dar la pelea en las próximas elecciones para arañar alguna gubernatura o algunas diputaciones.