Exigen la intervención del gobierno en un conflicto agrario en La Unión o harán justicia por su propia mano, advierten

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Campesinos del núcleo agrario La Palma, en La Unión, advirtieron que de no intervenir el gobierno estatal y federal en el conflicto de tierras que desde hace más de 40 años mantienen con ejidatarios del ejido de Benítez, “nos vamos a ver en la necesidad de hacernos justicia por nuestra propia mano”.

El presidente del Comisariado Ejidal de La Palma, Silvestre Velázquez Chávez, el secretario, Pablo Martínez López, y el tesorero, Marcolino Rosas López, así como el ex presidente en tres ocasiones de ese núcleo agrario, Jesús Rosas López, ofrecieron una conferencia de prensa en un restaurante del centro de Zihuatanejo, para denunciar que están cansados de esperar por más de 40 años a que el gobierno federal cumpla el decreto presidencial que les adjudicó sus tierras.

Los campesinos estuvieron acompañados por su abogado, Sigifredo Rosas González, quien explicó que este conflicto data desde 1968, cuando por decreto presidencial, a los 28 campesinos del ejido La Palma, se les dotaron 6 mil 825 hectáreas, aprobándose en 1970 el acta de ejecución y deslinde así como el plano definitivo correspondiente.

Dijo que en enero de 1970 el ejido de Benítez, que agrupa a 70 ejidatarios, por resolución presidencial fue beneficiado con una ampliación de cuatro mil 601 hectáreas, de las cuales, 486 corresponden al ejido La Palma.

Indicó que por ello, en 1994, se llevaron a cabo pláticas entre los campesinos de ambos ejidos para resolver el problema pero no llegaron a ningún acuerdo porque los ejidatarios de Benítez se negaron a desocupar las 486 hectáreas argumentando que les correspondía por ampliación.

De ahí que, añadió, en 1996 interpusieron una demanda contra el ejido de Benítez en el Tribunal Unitario Agrario número 41 para reclamar sus tierras. Dos años después, el 16 de junio de 1998, esa corte emitió una sentencia favorable para los campesinos de La Palma pues condenó al ejido demandado que se les restituyeran las 486 hectáreas.

Reprochó en ese año que cuando notificaron al TUA que no se había hecho efectiva la sentencia, un actuario de ese tribunal acudió a la casa ejidal de La Palma, en donde desde el escritorio en donde se sentó, redactó un acta en la que supuestamente se había llevado a cabo la diligencia en la que restituyó esas tierras, “pero lo cierto es que jamás se paró por el lugar en donde están las 486 hectáreas, nomás hizo una entrega simbólica y que ellos se arreglaran como pudieran”.

Indicó que no obstante la sentencia en aquél entonces a favor de sus representados, los campesinos del ejido de Benítez se han negado a desalojar las tierras argumentando que ellos las han trabajado, que ya se encuentran aparceladas y repartidas entre los integrantes de ese núcleo agrario.

Apuntó que por ese motivo y ante la falta de interés por parte de las autoridades correspondientes de hacerles verdaderamente justicia, en diversas ocasiones, durante todos estos años, los campesinos de ambos ejidos han protagonizado conatos de enfrentamientos y hasta han llegado a los golpes físicos pues los ejidatarios de La Palma han pretendido recuperar sus tierras por la fuerza, “los del ejido de Benítez dicen que por sus pantalones, no se van a salir”.

El ex comisariado ejidal de La Palma, Jesús Rosas López, hizo uso de la palabra para manifestar que “el verdadero problema ha sido y seguirá siendo la Reforma Agraria”, porque con la implementación del programa de Procede los pasaron a afectar al despojarlos de sus tierras. Dijo que fue el gobierno federal les otorgó sus tierras pero también fue el propio gobierno federal quien le concedió al otro ejido una ampliación dentro de las tierras correspondientes al ejido La Palma.

“La restitución no se va a dar sin que antes tomemos nosotros cartas serias en el asunto, no estamos dispuestos a seguir soportando esto porque tenemos hijos ya mayores de edad, casados, y necesitan esas tierras, no lo estamos haciendo por gusto y si esto no se da, vamos a tomar medidas peores pero no queda de otra porque si el gobierno no nos ha hecho caso, qué vamos a hacer, pues retomar la iniciativa de la gente, que ahora se autodefienden por sí mismos, sabemos que es lo peor, pero no queda otra salida”.

Comentó que por ello “invitamos al gobierno federal a que tome cartas en el asunto porque son ellos los únicos que pueden y los responsables de que las cosas funcionen como se debe, sabemos que a nadie le conviene pelear, pero si no queda de otra, lo vamos a hacer. Hacemos responsable al gobierno federal porque es el que debió de evitar a que llegáramos a esto, si él repartió las tierras, cómo es posible que al ejido de La Palma, con una resolución de 1968, le dan la sobredotación al ejido de Benítez”.

El campesino aseveró que están inconformes “y el gobierno sabe qué puede pasar y no queremos porque tenemos hijos pero también si no peleamos por ellas, qué les vamos a dejar, es una necesidad, nuestros hijos necesitan dónde trabajar. El gobierno federal dispone de todos los recursos y medios necesarios para resolver este problema rápido, no creo que necesiten más de seis meses para que resuelvan el problema”.

“Ya son 40 años de lucha, ya nos estamos muriendo de viejos y todavía vamos a heredarle a nuestros hijos el problema, en lugar de la parcela, creemos que es totalmente justo que el gobierno resuelva el problema, nosotros no podemos pagarle a los campesinos de Benítez lo que ya tienen ahí, sus pastizales, porque son campesinos iguales a nosotros ni ellos nos pueden pagar a nosotros la tierra, porque no tenemos los recursos, el gobierno hizo este conflicto y a él le estamos demandando que lo resuelva porque nadie más tiene la facultad y recursos para hacerlo más que el gobierno”.

Insistió en que tienen “sobrada razón para estar inconformes y demandar que nos regresen nuestras tierras o hablando en otros términos, pues nos va a llevar la chingada, no nos va a quedar de otra y no hay nadie más responsable que el gobierno”.

Por su parte, el delegado estatal de la organización civil Fuerza Indígena y Campesina, Julio César Figueroa León, dijo que la mejor solución para ambas partes de este conflicto es que se incluya en el programa Conflictos Sociales en el Medio Rural del gobierno federal en donde hay una bolsa de recursos económicos para atender este tipo de problemas.

Asimismo, apeló al gobierno del estado para que sea gestor, “necesitamos la ayuda del gobierno del estado para que sea el enlace entre los campesinos de ambos ejidos y el gobierno federal”.