Vigilar la correcta entrega del fertilizante en los 81 municipios, pide el Congreso al gobierno

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Por el inicio del ciclo agrícola, en el Congreso se aprobó ayer sin discusión y por unanimidad exhortar a los 81 municipios, al gobierno del estado y a la Auditoría General del Estado (AGE), que en la operación del Programa de Fertilizante y Transparencia de Tecnología, vigile y cumpla “estrictamente” con la mecánica operativa diseñada a través de la Secretaría de Desarrollo Rural para la entrega puntual del fertilizante a los campesinos guerrerenses.

El diputado que presentó los exhortos fue el perredista Jesús Marcial Liborio, quien argumentó que de acuerdo con la  mecánica operativa del Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología Ciclo Primavera-Verano 2013, los ayuntamientos distribuirán los paquetes tecnológicos de manera oportuna, fijándose como fecha límite de entrega el día 30 de mayo del presente año, con un alto criterio de equidad, imparcialidad y plena  transparencia.

Pero criticó que contrario a la mecánica operativa, en la vida práctica, en algunos casos y en algunos ayuntamientos, “los verdaderos  campesinos productores de granos básicos, lejos de verse beneficiados con dicho programa se han visto afectados por intereses mezquinos de algunos  gobiernos municipales”.

Explicó que esos ayuntamientos, “en contubernio con los comités locales del Programa de Fertilizante y Transparencia de Tecnología, sin razón alguna y de manera indebida, actualizan y depuran el  padrón de beneficiarios”.

Indicó que “se deja fuera a los verdaderos campesinos productores de granos básicos y dando de alta a personas que ni son campesinos,  mucho menos productores, que no reúnen además los requisitos que exige la normatividad para ser incluidos en el padrón y que por motivo de parentesco, amistad y compromiso político, se ven beneficiadas, personas que sólo se dedican a comercializar el fertilizante que obtienen o lejos de destinarlo a la producción de granos básicos lo utilizan para abonar la pastura, situación que no contribuye en nada a la producción”.

Detalló que es el caso de las comunidades de San Isidro El Puente, Quetzalapa y Huehuetan, pertenecientes al municipio de Azoyú, “donde existe un gran número de campesinos productores de granos básicos, inconformes ya que  de manera indebida, sin respetar el procedimiento que señala la normatividad, fueron dados de baja  del padrón de beneficiarios”.

Explicó que “de igual forma la mecánica operativa del  Programa de de Fertilizante señala que con la finalidad de llevar un control real sobre los avances del programa, así como de corregir posibles retrasos o desvíos en la operación, la Secretaría, la Contraloría y la Auditoría estarán facultadas para realizar visitas periódicas a los ayuntamientos para revisar volúmenes recepcionados y entregados a los comités locales, revisar las actas de dichos comités y padrón de beneficiarios”.

Además de revisar “avances en integración de la documentación comprobatoria, la calidad del fertilizante, que contenga los nutrientes esenciales para una buena producción y  que la entrega de dichos insumos sea a  más tardar el día 30 de mayo del año en curso, a los verdaderos campesinos productores de granos básicos, entre otras atribuciones mas”.

Por lo anterior, el perredista consideró “muy importante que la Secretaría de Desarrollo Rural, la Contraloría General y la AGE, realicen visitas periódicas a los ayuntamientos, para cerciorarse si se está cumpliendo con la mecánica operativa del Programa de Fertilizante y Transparencia de Tecnología ciclo primavera-verano  2013, y en caso de no ser así, se apliquen las sanciones correspondientes”.

También señaló que “es bien sabido por todos que el  programa de fertilizante es de carácter público, y que sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos  los  contribuyentes, además de que está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en la normatividad,  y quien haga uso indebido de los recursos de este programa será sancionado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por  lo que toda irresponsabilidad según la mecánica operativa queda bajo la más estricta responsabilidad de los ayuntamientos”.