Muere solo en su celda el ex dictador argentino Videla, ideólogo de la represión

DPA

Buenos Aires

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla murió ayer a los 87 años en el penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, donde cumplía cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el sangriento régimen de facto que ideó y lideró entre 1976 y 1981.

Falleció esta mañana a las 8:25 horas (11:25 GMT) de muerte natural, confirmó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. La Justicia dispuso que se realice una autopsia para confirmar las causas del deceso, a la vez que se confirmó que no recibirá honores militares en sus funerales.

Videla encabezó la junta militar, integrada por los ya fallecidos Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, que comandó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó el gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón y sumió a la Argentina en el terrorismo de Estado hasta diciembre de 1983.

Su muerte generó múltiples reacciones de dirigentes de organizaciones de derechos humanos, políticos y víctimas y familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar. Coincidieron en que fue el responsable de los crímenes de lesa humanidad, pero destacaron que murió habiendo sido juzgado y estando en una prisión común.

“Un ser despreciable ha dejado este mundo”, expresó la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La integrante de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas pidió en tanto que “se abran los archivos, que salga a la luz, que no se mueran llevándose el secreto”. Cortiñas destacó no obstante que “se murió en una cárcel común, lo que muestra que se va terminando la impunidad”.

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, destacó por su parte que “el Estado argentino no celebra la muerte de nadie, sino que consagra la posibilidad de haber logrado justicia antes que los seres humanos se vayan”.

Videla fue el gestor y cerebro de una sangrienta dictadura que entre 1976 y 1983 dejó 30 mil desaparecidos, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.

Murió sin arrepentirse de las atrocidades cometidas durante su régimen de facto. El ex dictador reivindicó hasta el final las acciones de su gobierno militar en el marco de “una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones del Estado argentino”, con “profundas raíces ideológicas y alentada desde el exterior”.

Ocupó la presidencia hasta 1981, período en el cual las fuerzas de seguridad perpetraron feroces violaciones de los derechos humanos con secuestros, torturas, fusilamientos y los tristemente conocidos “vuelos de la muerte”, en los que se arrojó a detenidos desaparecidos vivos desde aviones al Río de la Plata. También se cometieron delitos atroces como la apropiación ilegal de bebés nacidos en cautiverio.

La dictadura militar aplicó una política económica que endeudó a la nación, generó una marcada desindustrialización y elevó la desocupación y la pobreza.

Durante el gobierno de facto de Videla, Argentina estuvo cerca de entrar en guerra con Chile por la soberanía de tres islas en el austral Canal del Beagle. Impulsó además la organización del Mundial de fútbol de Argentina ‘78, ganado por los locales, en lo que se consideró como una fabulosa propaganda política para ocultar las violaciones de los derechos humanos detrás de la pasión popular por el deporte favorito de los argentinos.

Una disputa de poder en el seno de la cúpula militar lo apartó de la presidencia en 1981 y fue sucedido por Roberto Viola.

El histórico Juicio a las Juntas Militares que se realizó en 1985, tras el regreso de la democracia, lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. Pero Videla recuperó su libertad en 1990, beneficiado por los indultos que decretó el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

En 1998 volvió a quedar detenido acusado de implementar un sistema ilegal de apropiación de menores durante la dictadura, un delito considerado imprescriptible. Primero estuvo varios años bajo prisión domiciliaria, pero en 2008 fue enviado a una cárcel del cuartel militar de la localidad bonaerense de Campo de Mayo.

La inconstitucionalidad de los indultos dictada por la Corte Suprema de Justicia y la nulidad de las leyes de perdón permitieron abrir una serie de causas en su contra con el fin de cerrar las heridas abiertas por el terrorismo de Estado.

En 2010 recibió la condena de cadena perpetua por múltiples delitos de lesa humanidad y el año pasado fue enviado a un penal común, el de Marcos Paz. En 2012 también fue condenado a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, uno de los crímenes más aberrantes del último régimen militar.

El pasado martes, se presentó ante el Tribunal Oral Federal Nro. 1 que lo juzgaba por su responsabilidad en el Plan Cóndor articulado por las dictaduras del Cono Sur para la represión de militantes políticos.

Pero se negó a declarar y se consideró un “preso político”. Se llevó a la tumba información clave de la dictadura, entre ella el destino de los desaparecidos y los bebés apropiados ilegalmente.